Una batalla política y judicial que no termina
Cristina Fernández de Kirchner lleva más de una década en el centro del huracán político argentino. Dos veces presidenta, ex vicepresidenta hasta 2023 y figura central del peronismo kirchnerista, su nombre divide aguas en Argentina: para muchos es símbolo de justicia social y liderazgo popular; para otros, la personificación de la corrupción y el autoritarismo. Pero detrás de las pasiones que despierta, hay una verdad que incomoda: Cristina ha sido blanco de un entramado político-judicial que, más que buscar justicia, parece tener como objetivo final su proscripción política.
Desde que dejó la presidencia en 2015, no ha habido un solo año en que no haya enfrentado causas judiciales, denuncias mediáticas y campañas de desprestigio. El caso más emblemático es el de la Causa Vialidad, en el que fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación: supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
Cristina respondió con dureza: “La sentencia ya estaba escrita”, dijo, en un discurso cargado de indignación. Y no estaba sola. Juristas, observadores internacionales y hasta organismos de derechos humanos denunciaron graves irregularidades en el proceso: jueces que habían compartido cenas con opositores, fiscales que vacacionaban con empresarios beneficiados por el macrismo, y una campaña mediática que parecía anticipar los fallos judiciales.
Lejos de esconderse, Cristina transformó la condena en una plataforma política. Reunió a multitudes en las calles, denunció el lawfare —el uso de la justicia para disciplinar adversarios políticos— y puso en evidencia una red de poder donde sectores del Poder Judicial, grandes medios y grupos económicos operan como un bloque político de facto.
La expresidenta también ha enfrentado otras causas, como la de los “Cuadernos de las coimas” y el Memorándum con Irán. Muchas de ellas fueron archivadas o debilitadas por falta de pruebas sólidas, pero no sin antes haber sido utilizadas como herramientas de desgaste público. La lógica es conocida: no importa la sentencia final, el objetivo es instalar la sospecha.
En este contexto, el Poder Judicial argentino se encuentra en el centro de la tormenta. Una parte importante de la sociedad ya no lo percibe como independiente. Las revelaciones sobre chats filtrados entre jueces, fiscales, directivos del Grupo Clarín y funcionarios del macrismo —donde coordinaban estrategias judiciales, mediáticas y hasta viajes privados en aviones de empresas beneficiadas por el Estado— generaron un escándalo que mostró cómo funciona la justicia “para algunos”.
Los medios de comunicación, especialmente los grandes conglomerados como Clarín y La Nación, también han jugado un papel central. Titulares cargados, coberturas unilaterales y editorialistas que actúan casi como fiscales han moldeado la opinión pública. El fenómeno no es exclusivo de Argentina, pero en el caso de Cristina, alcanza niveles sistemáticos.
A pesar de todo, Cristina sigue de pie. Más allá de sus cargos públicos, es una figura política de primer orden. No se presentó como candidata en 2023, pero su influencia fue determinante en la configuración del Frente de Todos y sigue marcando la agenda de la oposición al gobierno actual de Javier Milei.
El intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre le apuntó con un arma a centímetros de la cara, fue un punto de inflexión. No solo evidenció el odio visceral que se ha construido contra su figura, sino también el peligro real que implica fomentar discursos de violencia política. La causa, increíblemente, ha avanzado muy poco.
Para millones de argentinos, Cristina representa algo más que una dirigente: es una mujer que se enfrentó al Fondo Monetario Internacional, que amplió derechos, que desendeudó al país, y que pese a todos los ataques, sigue firme. Para otros, es responsable de la polarización y del deterioro institucional. Pero hay algo que pocos pueden negar: la justicia en su caso está lejos de ser imparcial.
Cristina no es solo una expresidenta con causas judiciales. Es el blanco de un modelo de disciplina hacia quienes cuestionan al poder económico, a los grandes medios y a ciertos sectores del poder judicial. Su historia es también la historia de una democracia que, a veces, parece tambalear frente a intereses que operan desde las sombras.
En definitiva, lo que está en juego no es solo el destino político de Cristina Fernández de Kirchner, sino la capacidad del sistema democrático argentino para garantizar justicia sin persecución. Porque cuando la justicia se convierte en herramienta de castigo político, todos —no solo Cristina— estamos en riesgo.
