Cada vez que en México se habla de reforma electoral, la derecha reacciona como si hubieran apagado la luz del estadio en plena final. Sin que exista siquiera una iniciativa formal, ya gritan “dictadura” y “censura”. No es una reacción espontánea, es una operación política preventiva. Antes de que empiece el partido, ya quieren convencer a la afición de que el árbitro está comprado, el marcador arreglado y el resultado decidido.
Porque el debate real nunca fue cómo organizar mejor las elecciones. Esa es la superficie, lo que está en juego es: quién pone las reglas del juego y quién decide cuándo se aplican.
Durante décadas, se construyó un sistema electoral desde una idea central: desconfiar del poder político, pero no necesariamente de los poderes reales. De ahí nació un árbitro en teoría autónomo, blindado, caro y cada vez más alejado del pueblo. No fue un diseño ingenuo, fue la manera de legitimar una ‘transición’, donde se aceptaba el cambio siempre que no se alterara del todo el equilibrio entre élites.
El árbitro electoral es una figura extraña: imparcial por decreto y sospechoso por naturaleza. Se le invoca como garantía cuando conviene: es el sacerdote laico de la democracia mexicana: no compite, no vota, no milita —eso dice—, pero decide quién juega y quién se queda mirando desde la grada.
No anota goles, pero los valida; no levanta la copa, pero entrega la constancia; no levanta tarjetas, pero impone sanciones que pesan más que una expulsión. Lleva la Constitución como libro sagrado, siempre dispuesto a encontrar un artículo que explique por qué lo inevitable también fue legal. Y cuando la interpretación corre más rápido que la duda, no hay VAR que alcance.
El problema empezó cuando algunos árbitros confundieron el silbato con el micrófono. Pasaron de ejecutor del reglamento a comentarista, de garantizar procesos a opinar sobre mayorías, de custodiar la cancha a sugerir alineaciones. El caso de Lorenzo Córdova es ilustrativo: quien durante años exigió silencio a los actores políticos hoy ocupa foros, tribunas y espacios mediáticos para intervenir en la disputa pública, cuestionar gobiernos y disputar el sentido de las mayorías. El árbitro saltó a la cancha y empezó a jugar el partido.
Exconsejeros electorales que juraban imparcialidad, hoy buscan crear partidos y plataformas políticas “ciudadanas”. Pero cuando el árbitro termina armando el equipo, queda claro que la neutralidad no era virtud, sino postura política camuflada. Que el reglamento no solo era norma, sino herramienta. Y que la autonomía que defienden no es para proteger al pueblo, sino para protegerse del pueblo.
La Cuarta Transformación puso el dedo en la llaga al plantear algo elemental: la autonomía técnica no puede sustituir indefinidamente a la legitimidad popular. Ningún órgano que decide sobre la voluntad del pueblo puede colocarse por encima de ella. Reformar el sistema electoral no es desaparecer al árbitro ni jugar sin reglas; es recordarle su función: servir al juego democrático, no dirigirlo desde fuera.
Nada es casual, responde a una lógica que se repite desde el entorno de Claudio X González, que piensa desde el miedo a la mayoría: una visión donde el partido debe jugarse sin goleadas, donde ninguna mayoría puede tomar ventaja real y donde el árbitro permanece blindado. Sus propuestas avanzan siempre en la misma dirección: amarrar al árbitro para que nadie lo cuestione, repartir dinero como si todos representaran lo mismo, mantener estructuras locales capturadas y silenciar al gobierno bajo la etiqueta de propaganda.
Todo suena técnico, prudente y moderado, hasta que se ve el patrón: que nadie tenga capacidad de transformar, que todo pase por acuerdos de élite, que la voluntad popular siempre necesite permiso: hacer que la democracia funcione mejor cuando el pueblo participa poco y decide menos.
Sin árbitro no hay juego; pero sin pueblo no hay democracia para arbitrar.
