En el México que hoy se digitaliza con prisa. El verdadero desafío no es determinar dónde caerá un centro de datos, sino cuál será el papel del Estado para ordenar esa digitalización con criterio energético. Se trata de preguntarnos: ¿dónde están las prioridades nacionales? Porque si dejamos esa decisión en manos de incentivos regionales u oferta privada, terminaremos con redes saturadas, respuestas locales débiles y una arquitectura digital desigual. Lo mismo que ha sucedido con nuestro sistema eléctrico por la reforma privatizadora de 2013.
Estamos en problema eléctrico gracias a “outsourcear” la planeación eléctrica nacional a privados, y hacer públicos los costos de conectar los negocios privados.
El Estado debe dejar claro que antes que la ubicación antepone la seguridad, estabilidad y soberanía energética. Eso implica que la Secretaría de Energía, bajo Luz Elena González, podría establecer con claridad que cualquier proyecto digital relevante venga aparejado de su estrategia de producción eléctrica, antes de autorizar infraestructura a cualquier nivel de gobierno. Que no importe solo la voluntad local, sino que se examine la capacidad de producción del proyecto y sus socios energéticos, y que la CFE participe como socio estratégico, no como proveedor lejano, sino como garante del alineamiento nacional.
Por su parte, José Antonio Peña Merino, desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, puede promover que los permisos digitales, la regulación del tráfico de datos e incluso el esquema de interconectividad dependan del cumplimiento de estándares energéticos. Haciendo suya, de ALTAN, la capacidad de meter troncales nacionales de fibra. Es decir, si un proyecto de cómputo intenso no demuestra que su carga eléctrica está planificada conforme al sistema nacional, no debe avanzar.
Se trata de un cambio paradigmático: el Estado no puede seguir siendo espectador y facilitador de privados. La digitalización crece, los centros de datos demandan energía masiva, y quienes tienen el capital para construir deben asumir el impacto. No es aceptable que incentivos estatales locales decidan dónde se concentra la carga eléctrica nacional. Si esas decisiones no obedecen a criterios de estabilidad del sistema, la factura la pagará todo el país: la red colapsada, apagones, aumentos tarifarios, rezagos en infraestructura eléctrica.
El momento exige que el Estado establezca prioridades claras: la responsabilidad eléctrica de los centros de datos, protegiendo el funcionamiento confiable del sistema eléctrico nacional; luego, el despliegue digital responsable utilizando las oportunidades para tender nuevas redes de fibra en el país con ALTAN. Y esas prioridades deben reflejarse en leyes, en reglamentos, en condiciones de permisos. México ante este nuevo reto, puede generar política de Estado clara y replicable globalmente, que trace el mapa de zonas aptas para infraestructura digital con sustentabilidad energética, beneficie a CFE y nos haga competitivos en términos de procesamiento. Si el Estado actúa ahora, estos proyectos no serán disputas regionales, sino elementos integrados al desarrollo nacional. Cuando el Estado manda, no el cable.
