El transporte público es el medio que miles de trabajadores, estudiantes y familias utilizan todos los días para ir a estudiar, trabajar, cuidar a sus seres queridos o simplemente desplazarse por su comunidad. Por eso, cada vez que se anuncia un aumento de tarifa, no se trata de un asunto técnico o administrativo, es un tema social, un golpe directo al bolsillo y el bienestar de las personas.
En los últimos días, el Comité Técnico Tarifario de Jalisco aprobó una actualización en la llamada tarifa técnica del transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara, fijándo la tarifa en $14 pesos por viaje para 2026, en sustitución de los actuales $9.50 pesos que pagamos las y los usuarios. Esta decisión, tomada lejos de la sensibilidad social, representa un incremento de casi el 47% que afectará a las personas que más dependen del servicio para su movilidad diaria.
El gobernador Pablo Lemus, ante el evidente descontento generado por la medida, anunció un subsidio directo para que el costo al usuario final quede en $11 pesos por viaje, subsidiando $3 pesos por pasaje mediante una ‘‘Tarjeta Única’’ financiada con una bolsa de 1,200 millones de pesos para 2026. Según el gobernador, “el apoyo irá directo al usuario” y será el único aumento en todo su sexenio.
El gobernador, está realizando un intento burdo de maquillaje político. Porque el problema de fondo no es si el usuario pagará $14 o $11 pesos, sino por qué hay un intento de trasladar costos operativos y de explotación del servicio a la población sin antes mejorar de manera sustancial la calidad, eficiencia y cobertura del transporte público, algo que lamentablemente no se ha garantizado.
El servicio continúa siendo insuficiente, rutas incompletas, unidades saturadas, frecuencias de espera largas y condiciones que no responden a un sistema que se declara “moderno” o “estructurado”.
La experiencia histórica demuestra que un aumento de tarifa, sin mejoras estructurales reales, tiende a impactar de manera regresiva a quienes menos tienen. Las y los estudiantes, trabajadores informales, personas con discapacidad o familias con ingresos limitados no tienen otra opción más que depender del transporte público. Subir el costo sin garantizar un servicio realmente digno y eficiente es, en los hechos, una carga adicional al bolsillo popular.
Es importante subrayar que en otros estados, incluidos los grandes centros urbanos del país, el debate sobre el costo del transporte público siempre ha ido acompañado de proyectos integrales que consideran calidad, modernización y accesibilidad. En el estado de Jalisco, sin embargo, el anuncio se dio sin una consulta ciudadana, sin un acuerdo con colectivos de transporte ni con organizaciones que representan a las comunidades más vulnerables.
La tarifa de $9.50 pesos se mantuvo durante años mediante acuerdos tarifarios previos, incluso con subsidios que equilibraban el costo real del servicio con la capacidad de pago de las familias. Hoy, el pretexto de “ajustar al costo real” obvia que muchos costos estructurales de operación no son responsabilidad del usuario sino del propio modelo económico del transporte concesionado.
El transporte público no puede entenderse como un negocio privado a expensas del Pueblo. Tiene que ser un derecho garantizado por el Estado, con calidad, seguridad, frecuencia suficiente, accesibilidad universal y condiciones que dignifiquen la vida urbana. Las y los ciudadanos no pueden ser rehenes de decisiones que presionan su economía sin ofrecer posibilidades de mejora y desarrollo.
Las personas deben de ser escuchadas y las autoridades deben plantear estrategias que no castiguen más al bolsillo popular. No se trata solo de tarifas o subsidios coyunturales. Se trata de construir sistemas de transporte que integren planificación urbana con justicia social, financiamiento público y una lógica de derechos humanos que ponga a las personas al frente.
El transporte público no es un artículo de lujo, sino una herramienta esencial para la movilidad y desarrollo de millones de mexicanas y mexicanos. Incrementar su costo sin resolver sus carencias estructurales es una medida que, bajo cualquier fachada, termina perjudicando a quienes ya cargan con las mayores dificultades sociales.
El Pueblo merece un transporte de calidad, no un tarifazo disimulado con promesas; merece un servicio digno y eficiente, no soluciones discursivas. El Pueblo merece políticas públicas que construyan justicia social, no simulaciones que repartan el costo a quienes menos tienen.
