Y mejor aún que un conteo regresivo en el Times Square de Nueva York, en vísperas de año nuevo, para las personas que nos dedicamos a la impartición de justicia –especialmente- y sociedad en general, esperamos con curiosidad y ansias, la toma de protesta de las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos jurisdiccionales, administrativos y de disciplina.
Pero acoto, el porqué de tanto interés en el tema, resulta que, desde ese máximo tribunal, se dictan los criterios que guían las decisiones tomadas por jueces y juezas federales y locales de todo el país; es decir, una jueza de Tijuana deberá emitir resoluciones con consideraciones muy parecidas, a otra persona juzgadora de Guadalajara o Tuxtla Gutiérrez.
Así que, gran tarea la que asumirá el próximo presidente de la SCJN, el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, a partir de este 1 de septiembre, pues me parece que, por una parte, tendrá el reto de conciliar en lo político a esa institución, de la mano de las demás ministras y ministros, pues no olvidemos que se trata del máximo órgano de un poder público de México, cuyas determinaciones afectarán directamente la gobernabilidad. Sin que este comentario se tome a mal, ya que no hay manera que una persona jefa de Estado conduzca este país, sin que haya justicia como lo dicta la Constitución, pronta, efectiva, y apegada a derecho.
La siguiente labor, es avocarse a combatir el rezago existente, lo cual no es ninguna novedad. Es lamentable para las partes contendientes en un asunto que, a la fecha, un caso que se eleva hasta esa jurisdicción, necesite recorrer un camino de alrededor de 6 a 8 años. Por supuesto nos cuestionamos, cuáles fueron y siguen siendo las deficiencias –para erradicarlas- que llevaron a que la resolución de asuntos en esa última instancia, ocurra tan lento. Por ahí escuché que el aún ministro Javier Laynez hacía una dura crítica a la reforma judicial, en lo particular sobre la extinción de Salas, dado que, a partir de la nueva integración, todo habrá de dirimirse en Pleno; él señalaba que es imposible que sin este mecanismo pueda abatirse el rezago. En derecho de réplica –que nadie me concedió- considero que el tiempo que se invertía en proyectar y sesionar en Salas, ahora deberá trabajarse como si fuera en Pleno, así sea necesario incrementar los días de deliberación. Con la invitación también, a disminuir tantas solemnidades, a la hora de reunirse a discutir los asuntos. Si bien integrar la Corte debe ser el más alto honor para una persona abogada mexicana, más orgullo deber generar, resolver con justicia social y de manera expedita.
Finalmente, la tercera encomienda, desde mi visión, la más técnica y minuciosa, pero igual de relevante, es la búsqueda, identificación y replanteamiento de criterios jurisprudenciales, que no están abonando en nada al sueño de la justicia apegada a los principios que ya anoté líneas arriba.
Sabemos que el semanario judicial aguarda tras sus muros, la colección más amplia de criterios judiciales, que han servido de guía en todo órgano jurisdiccional del país; pero el derecho como la sociedad han cambiado. El trabajo en Salas, requirió especialización por materias, implicando lógicamente, mantenerse al margen de otras, generando que ministras y ministros no puedan estar absolutamente involucrados con cada criterio, lo cual, sería humanamente imposible.
Quienes impartimos justicia, notamos con preocupación y más frecuencia, contradicción en algunas tesis sostenidas por Tribunales de Circuito (esos que tienen su sede en cada estado de la República), y a veces contrarias a lo que dicta la Corte. En el mismo sentido, ocurre, que las Salas del máximo tribunal, emiten jurisprudencia –reitero, absolutamente obligatoria- cuyo contenido derivó de un asunto concreto, que no necesariamente resuelve la situación de hecho o de derecho que afronta otro caso “similar” del país, pero distinto por obvias razones, pues ninguna porción de la sociedad es igual a otra, por más que compartamos formas de vida; obviamente, el derecho no puede superar la realidad social. Las y los juzgadores no podemos justificar aplicar razonamientos por “orden superior”, que no resuelven de fondo el conflicto. Como advertí en mi columna anterior, un “precedente” impacta más que ser solo líneas en la sentencia.
Quiero concluir, que estamos tan ávid@s de evaluar cómo transita la nueva SCJN, afrontando retos políticos, dogmáticos y operativos, propios de ese ente, poder autónomo. Queremos saber si ese vigor en campaña, se mostrará en cada sesión y trabajo abatido; ahora que usen esa simbólica toga.
