La construcción de la presa El Zapotillo fue anunciada en el 2005. El proyecto original estipuló la construcción de una cortina de 80 metros de altura. Con ello, la afectación a los poblados aledaños sería importante, pero habría mecanismos de soporte y las comunidades no serían inundadas. Sin embargo, en 2007 el gobierno estatal modificó el plan original y subió la altura de la cortina a 105 metros. Con esta modificación se condenaba a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a ser inundadas. A partir de ese momento se inició un movimiento de resistencia que se mantuvo hasta el día 10 de noviembre recién pasado.
En 2013, la Suprema Corte de Justicia suspendió la construcción del proyecto por la modificación y permitió la construcción de la presa con la cortina inicial de 80 metros; sin embargo, nunca se cumplieron los requisitos de ley, como el estudio de impacto ambiental ni la consulta a las comunidades afectadas. En términos del costo financiero, la obra excedió con creces lo proyectado inicialmente: se presupuestó la obra con un costo de 8 mil millones de pesos; no obstante, a octubre de 2017 se habían invertido 27 mil millones de pesos, elemento que puso en duda la factibilidad financiera.
Quienes viven en Temacapulín, Acasico y Palmerejo, ubicados en los altos de Jalisco, vieron amenazada su vida durante 16 años, lo que afectó su estabilidad emocional, física y social por la construcción de la Presa El Zapotillo. Cuatro gobiernos estatales –dos panistas, un priista y el actual emecista–no respetaban la decisión de no inundar sus comunidades; era entonces un proyecto fallido, en el cual se invirtió una cantidad muy significativa de dinero con altos niveles de corrupción.
Las y los pobladores siempre buscaron el diálogo con los gobernadores y nunca fueron atendidos. Marcharon, tomaron la presa, gritaron y desafortunadamente algunos murieron antes de ver culminado su triunfo. Este 10 de noviembre reivindicaron la dignidad, sí, esa tan malquerida y mal vista, porque lo que quieren es vivir en paz. Ellas y ellos lograron internacionalizar su lucha, involucrar a muchos actores defensores de derechos humanos y por supuesto, lograron que como candidato y líder social Andrés Manuel López Obrador estuviera en tres ocasiones ahí. Los escuchó y supo de la violación de sus derechos, mostrando siempre empatía. Ya como Presidente se comprometió a que junto con ellas y ellos se tomaría la mejor decisión: suspender la construcción o continuar de manera condicionada para que no se inundaran. Trabajaron durante meses en una propuesta viable y este 10 de noviembre regresó con todo su gabinete a cumplir su palabra y compromiso para dar seguimiento a las condiciones en las que se aceptó terminar la construcción de la presa y atender las necesidades de quienes habían perdido sus casas, pero nunca la esperanza. El ofrecimiento del Presidente es desarrollar una política social que atienda sus demandas.
El Presidente cumple su palabra. La presa no inunda los pueblos, y se genera un proyecto de alta responsabilidad social para continuar con su vida comunitaria y rural que contrasta con la experiencia de desmantelar los poblados y desalojarlos. Aunque algunos vendieron sus propiedades a la Comisión Estatal y Nacional del Agua y migraron, muchos más permanecen ahí, con sus años, con sus anhelos, con sus vidas, con sus aspiraciones de que volviera la tranquilidad a sus hogares. Les asiste la razón, porque el proyecto de la presa tal como estaba diseñado, significaba corrupción y muerte. Nunca se dieron por vencid@s, siempre buscaron que se respetara el Río Verde y su no depredación, las Basílicas de los Remedios y Flamacordis, sus vidas, sus familias, su terruño, sus muertos.
Este día 10 de noviembre de 2021 será memorable, inicia una nueva etapa, que reivindica sus vidas y sus derechos, y en palabras de Mari Chuy, el Presidente los salvó de la hidromafia.
