Históricamente, Veracruz ha sido un estado estratégico por diferentes factores, como su peso electoral, su relevancia económica y la posición simbólica, por lo que llevar a cabo su administración es una tarea titánica que tiene algunos efectos secundarios incluso después de dejar el cargo del Ejecutivo. Cualquier intento de desacreditar su gestión debe analizarse como parte de un conflicto de pugnas y tensiones por parte de grupos opositores para recuperar el control de un estado que juega un papel clave.
En este sentido, las recientes acusaciones mediáticas sobre un supuesto daño patrimonial en contra del exgobernador de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García, distan mucho de ser un ejercicio genuino de periodismo o de búsqueda de transparencia. En realidad, forman parte de un intento calculado de desgaste político, cuyo propósito es frenar los procesos de transformación institucional que aún luchan en contra del viejo régimen.
La focalización de esta campaña de desprestigio se ha centrado en algunas obras emblemáticas (como el Estadio Luis “Pirata” Fuente, el Nido del Halcón o el Aquarium), presentadas de mala fe como ejemplos de corrupción. Sin embargo, ninguna observación ha determinado daño patrimonial alguno. No existen denuncias ni resoluciones firmes, lo que evidencia la intención mediática de distorsionar una revisión de carácter técnico para convertirla en un ataque político.
Debemos recordar algo fundamental: en Veracruz, como en todas las entidades federativas, el ejercicio del gasto público es descentralizado y se rige por el marco jurídico municipal. Cada ayuntamiento actúa con autonomía plena, lo que significa que las observaciones que se desarrollan no pueden trasladarse de manera directa a la figura del ejecutivo estatal.
Ahí está el caso de Tantoyuca, uno de los municipios con mayores observaciones, gobernado por el PAN. Sin embargo, los titulares simplistas prefieren dirigir sus señalamientos hacia el exgobernador, ignorando las irregularidades cometidas en los gobiernos municipales, lo que habla de la selectividad en la crítica, exonerando ante el ojo público a las autoridades directamente responsables.
Esa manipulación responde a una lógica política clara: concentrar simbólicamente la “culpa” en la figura de quien encabezó el Ejecutivo estatal, con el objetivo de minar su legitimidad y, en una necedad irremediable, intentar recuperar espacios perdidos en el imaginario público.
La administración del ingeniero que construyó el primer piso de la Cuarta Transformación en Veracruz marcó una ruptura con las viejas élites económicas y partidistas, mismos grupos que buscan que su figura pierda valor simbólico, pues es considerado un referente político dentro del movimiento de la 4T, por lo que el ataque no se dirige solo a su persona, sino también al capital político de legitimidad que representa dentro de la continuidad del Proyecto de Nación.
La Auditoría no ha comprobado daño patrimonial alguno; el Congreso Local ha aprobado la cuenta pública y la Presidenta de la República ha reafirmado la inocencia del ingeniero, ratificando que estos señalamientos no tienen sustento técnico ni jurídico.
Como veracruzana y militante del Proyecto de la Cuarta Transformación, afirmo que esta es la defensa de un gobierno que puso la ética pública, la transparencia y la autonomía institucional por encima de la politiquería y de la manipulación mediática.
