De árbitros en México, Argentina y Brasil

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De árbitros en México, Argentina y Brasil

Por Azul Alzaga | lunes, 19 de abril del 2021.

Eriza la piel leer las noticias de las últimas semanas en Brasil y Argentina sobre la exhibición de la forma en la que el Poder Judicial actuó de manera facciosa y delincuencial, de la mano de grupos de poder económicos, políticos y mediáticos antagónicos a los gobiernos de Luis Ignacio Lula Da Silva y Cristina Kirchner, para generar condiciones cuyo resultado fue la persecución judicial, la denostación pública de ambas figuras y el derrocamiento sus gobiernos.  Lo que hoy se ha convertido en verdades legales de la construcción de los casos en contra de ambos presidentes (ex presidente para el momento en el caso de Lula), se había venido documentando en tiempo real, sin que ello tuviera un impacto en los espacios mediáticos más importantes de ambos países, ni del nuestro (en ese tiempo podíamos escuchar a un Leo Zuckerman hablar de Sergio Moro como “un héroe”), así como tampoco efectos que restituyeran el orden legal para Brasil o Argentina, hasta que fue demasiado tarde, en tanto que los alcances de la embestida judicial moldearon las condiciones de llegada de dos de los gobiernos más retrógradas en acción y discurso en la historia contemporánea estos países: los de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. 

Pero más allá de filias y fobias con algún personaje o los proyectos de gobierno que enarbola, esta circunstancia pone al descubierto la crisis de gobernabilidad inherente a la permanencia de andamiajes institucionales que, aún en contexto de relevos legítimos de poder mediante el reconocimiento del voto, continúan respondiendo a una lógica que busca hacer prevalecer a través de la figura judicial y la bandera de la legalidad (una legalidad traicionada), lo que por la vía del voto se perdió. 

Eso es muy claro en el escenario nacional actual, si bien no se ha llegado al punto (todavía) de fabricar montajes que terminen en persecuciones judiciales contra el presidente o su gobierno. Lo más cerca que se ha estado de una situación como aquella fue el fallido desafuero de López Obrador en 2005 para intentar evitar que llegara a la boleta electoral. 

Pero lo que ocurre ahora no es menos grave con las dos instituciones que constituirían un arbitraje de interpretación de las leyes en el ámbito de sus competencias: el Poder Judicial y el INE (que a últimas fechas funge de pequeño Poder Judicial, legislativo, partido político y todo a la vez). Y no parecería ser una casualidad que en los últimos tiempos mucho del debate político termine recayendo en una y otra, como tampoco lo es que sus definiciones se inclinen sistemáticamente en contra del partido en el gobierno y de sus políticas o iniciativas. 

Se trata de dos instituciones que fueron diseñadas por el régimen anterior, donde las mayorías eran otras y las políticas defendidas por esas mayorías también lo eran y muchas de estas favorecieron a quienes conforman este par de instituciones. La desproporción salarial de sus integrantes es un ejemplo de ello. Este diseño para el caso de órganos colegiados, como lo son la Suprema Corte de Justicia y el Consejo General del INE, es un reflejo de la correlación de las fuerzas políticas que existían hasta antes del 2018, aunque se trate de convencer de que su conformación atiende a una lógica pura y técnica. La integración de la Suprema Corte de Justicia de hoy, en su mayoría, es producto de una hegemonía mayoritaria —el prianismo, para decirlo claro— y la conformación del INE también, no olvidemos que la composición final quedó en manos de la propia mayoría del Consejo, ya de por sí cargada hacia el régimen anterior, que se encargó de cuidar a detalle la prevalencia de ciertas mayorías que hoy vemos operar. La disputa por la que, por primera vez en la historia, se está viviendo una escisión, una visión y una acción distinta entre estas dos instituciones y el Ejecutivo en turno, no quiere decir que antes existiera una efectiva división de poderes que ahora se encuentra en peligro. Quiere decir que nos encontramos frente a dos proyectos de nación que continúan coexistiendo, uno jalando desde el Ejecutivo y el Congreso y otro desde la oposición, minoritaria en el Congreso, pero no así en el Poder Judicial, los órganos autónomos donde el INE es el paladín y los medios de comunicación masivos. Un detalle doloroso es que estos últimos no tienen el menor anclaje en la voluntad popular, aunque sí la definan y la afecten de manera cotidiana.  

Es por ello manipuladora y grave la interpretación que deja fuera estos datos para dar un recubrimiento de legalidad a toda decisión de estas instituciones al margen de su contenido y para señalar cualquier cuestionamiento a dichas decisiones como un ataque a la división de poderes y a la propia ley. La tendencia a judicializar la política está dando hoy las primeras señales de una crisis de gobernabilidad en forma de boicot a decisiones legislativas y de gobierno mediante resoluciones que, más que atender a la Constitución, favorecen intereses particulares identificados con el régimen anterior (en un claro contraste con el papel que el mismo Poder Judicial tuvo frente a reformas violatorias de la Carta Magna en gobiernos anteriores, en que se jactaban de la existencia de una división de poderes). De la misma forma, el rol del órgano electoral es uno que lejos de garantizar el ejercicio democrático y la deliberación ciudadana, las acota con definiciones que deciden el resultado electoral aún antes de que se presente la elección (también en contraste con la laxitud con que en elecciones anteriores pasó en blanco operaciones financieras fraudulentas de largo alcance que soportaron fraudes).

Un enorme dilema es cómo dar salida a una circunstancia tan patente como peligrosa en términos de lo que podría configurar en el futuro, con arbitrajes cuestionados, inamovibles, que no rinden cuentas y arropados por una narrativa validada mediáticamente en el sentido de que actúan para hacer valer la ley. No está resuelto y es muy probable que, por ejemplo, la recién aprobada reforma judicial por el Senado no alcance. Un movimiento en falso se dio la semana pasada cuando al aprobarla, el Senado añadió al dictamen de dicha reforma la extensión del mandato del Ministro Arturo Zaldívar al frente de la Corte, una decisión que no tiene asidero constitucional. Sin embargo, y aunque ese no fuera el camino, ello no resta verdad ni importancia al hecho de que, tal y como se encuentra ahora (con una Judicatura que no ha logrado evitar la corrupción entre sus jueces y una Suprema Corte cuya mayoría es de perfil prianista), el Poder Judicial no es un árbitro ni un contrapeso confiable. Tampoco lo es el INE. Si volteamos al sur, esto no es un tema menor. 

Por Azul Alzaga | lunes, 19 de abril del 2021.

Azul Alzaga

Politóloga del CIDE con formación esencial del Instituto Escuela del sur. Periodista y maestra de profesión, actualmente ejerciendo en Capital 21 y Milenio. Creo en la responsabilidad compartida para hacer de este un país más justo.

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