Estas líneas no pretenden ser un análisis sobre las implicaciones en el mercado o acerca de la transición a energías limpias (lo que sea que eso signifique) en torno a la reforma eléctrica. Más bien, pretendo esbozar los argumentos —e implicaciones políticas— de las dos grandes narrativas en torno a la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca —entre otros asuntos— fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar precios justos a los consumidores finales.
Rocío Nahle, Secretaria de Energía, ha explicado en varias ocasiones cuáles son los principales objetivos de la reforma. En términos generales, el primero es garantizar mejores precios; el segundo, atender los vacíos regulatorios que permitieron la creación de un mercado energético paralelo; el tercero, asumir —desde el Estado— la transición a energías sustentables, y el cuarto es garantizar que algunos recursos estratégicos (como el litio y minerales radioactivos) no sean concesionados a empresas extranjeras.
La oposición y algunos intereses externos (entre estos, las calificadoras internacionales y algunos congresistas estadunidenses) argumentan que esta reforma se trata de una expropiación indirecta, lo cual chocaría con los acuerdos del T-MEC. Algunos opinadores —ahora expertos en materia energética— enfatizan que el Presidente exagera los precios que pagan las familias mexicanas frente a la modiquísima cantidad que costean algunas empresas como Oxxo por el abasto energético. Otros tantos (como el dirigente panista, Marko Cortés) dizque están preocupados porque esto afecta la posibilidad de transicionar a energías limpias.
La narrativa impulsada desde la Cuarta Transformación es clara: el primer paso es detener el abuso que los consorcios llevaron a cabo gracias al vacío legal en la reforma de Peña Nieto. Esto es importante porque implica que por primera vez en mucho tiempo los intereses de las grandes empresas no son preponderantes en el actuar gubernamental. También es indispensable porque cuestiona y saca a flote la simulación que implicó la compra de certificados de energías limpias, pues una agenda pendiente y prioritaria se convirtió en un pretexto que endeudó a la CFE (con 100,000 millones de pesos) y que además no contribuyó en lo más mínimo a tener energías sustentables.
La narrativa extranjera está preocupada porque el Estado aplique reglas supuestamente injustas al mercado. En ese sentido, el Secretario de Hacienda explicó ante integrantes del Atlantic Council que el sector privado continuará participando —en términos más justos— en el sector energético y que la entidad está pendiente de equilibrar las reglas del mercado. El discurso de la oposición panista es —por decir lo menos— miserable, porque demuestran una vez más que ni les importa el bienestar de las familias mexicanas y solo se suman a agendas ambientalistas a conveniencia, pues no pronuncian una sola palabra sobre el hecho de que la reforma anterior otorgaba certificados de energías limpias a empresas que tan sólo produjeran un megawatt a través de fuentes eólicas o solares (ya lo han hecho también con la feminista).
No hay que rascarle mucho: el abuso de las empresas es indiscutible, al igual que la simulación de generación de energías limpias. El voto de la oposición en torno a la reforma eléctrica será juzgado por la historia.
