“La historia del mundo es la historia de la lucha de clases” es uno de los postulados más esclarecedores y, a la vez, más profundos de Karl Marx. Aunque hoy las voces de la ultraderecha —abiertas o encubiertas— intenten descalificar este principio, la realidad confirma, una y otra vez, su vigencia cada vez que analizamos los fenómenos de la vida pública del país.
En esta lógica, quien escribe, el pasado martes 27 de mayo, en nombre del pueblo de Miguel Hidalgo y en defensa de las clases populares de la demarcación, alzó la voz desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México para denunciar las prácticas ilegales del panismo, que no solo violan de forma directa la Constitución capitalina, sino que traicionan el principio más elemental del servicio público: servir al pueblo, no a los negocios.
En Miguel Hidalgo, las y los vecinos saben bien quién es Mauricio Tabe, el mismo que estuvo implicado en la tragedia del Parque Bicentenario; el mismo que carga, además, con el peso del descrédito familiar por el intento de homicidio cometido por su padre, exonerado únicamente por su avanzada edad. Hoy, ese mismo alcalde se ha convertido en un violador abierto de nuestra Constitución local al privatizar, de forma encubierta, el servicio de recolección de residuos sólidos en la alcaldía.
Este servicio, por mandato constitucional —pero también como convicción de un gobierno con orientación popular—, debe ser público y gratuito, a cargo de las autoridades de la ciudad. No obstante, bajo la administración del derechizado y opaco alcalde Tabe, se han firmado contratos millonarios con empresas privadas para realizar esta tarea.
La simulación jurídica que sustenta estos contratos no solo viola la Constitución de la Ciudad de México, sino que perpetúa una lógica mercantilista que degrada derechos y transforma necesidades colectivas en oportunidades de negocio para unos cuantos.
Este modelo ya lo conocemos: es el mismo que siempre ha defendido que la iniciativa privada lo resuelve todo y que el mercado es más eficiente que el Estado. Niega, por principio, el papel de los gobiernos como garantes de derechos, reduciéndolos a simples administradores del presupuesto y, en este caso, a trampolines para hacer negocios.
Las consecuencias de esta política de saqueo están a la vista: abandono de servicios públicos, precarización laboral, deterioro ambiental y corrupción disfrazada de convenios administrativos.
Por eso, desde esta trinchera, exigimos lo obvio: que se respete la Constitución; que no se privatice ninguna actividad gubernamental y, por el contrario, que todo lo público sea cada vez más público; que no se entreguen nuestras calles, la gestión de nuestros residuos, nuestro ambiente y la salud pública a intereses empresariales. Que no se utilice la administración local como una vulgar plataforma de negocios.
Por eso, exigimos —a nombre propio y del pueblo de Miguel Hidalgo— que el corrupto alcalde detenga de inmediato cualquier práctica, abierta o encubierta, que implique la contratación de empresas privadas para el manejo de residuos. Que rinda un informe público y detallado sobre el destino de los recursos asignados al servicio de limpia. Que se respeten los principios de legalidad, equidad ambiental y uso responsable del presupuesto. Y que se abandonen, de una vez por todas, las fórmulas neoliberales que anteponen el negocio privado al bienestar colectivo.
Mientras el PAN persista en su intento de privatizar lo que pertenece al pueblo, aquí nos encontrará: firmes, con la Constitución en la mano y el mandato ciudadano en el corazón. Porque a este, y a todos los personeros de la reacción, su destino seguirá siendo el basurero de la historia.
