Pluma Patriótica

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El decreto presidencial: las obras de la 4T como interés público y seguridad nacional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre un decreto en el que se declara a las obras de la administración federal como de interés público y seguridad nacional. Esto implica que todas las instancias de Gobierno otorgarán autorizaciones provisionales para el inicio de las obras consideradas estratégicas.

El decreto es una facultad del Poder Ejecutivo y es una resolución escrita de carácter normativo. Es una competencia que los presidentes han ocupado en múltiples ocasiones y Andrés Manuel plantea uno que robustece al Estado, al cambiar el esquema administrativo que antes había retardado la capacidad de respuesta ante las necesidades del país. Hoy, nuevamente la derecha se lanza a la ofensiva contra el decreto presidencial porque significa romperles el esquema de moches con el que operaron por décadas para lucrar con la obra pública.

Los neoliberales pervirtieron las leyes y las instituciones para legalizar la barbarie, institucionalizar la y justificar el despojo de los Pueblos. Desde ahí finca la derecha finca todos sus esfuerzos en amparos que buscan frenar el avance la transformación. En consecuencia, y por la responsabilidad histórica, el decreto busca acelerar toda la infraestructura que el país y los Pueblos requieran; es un impulso de dinamismo ante los 3 años que nos restan del primer gobierno revolucionario de la Cuarta Transformación. Al igual, se trata de cumplir con la obligación que tiene el Estado de garantizar y asegurar la protección de los bienes públicos.

Esto en consecuencia con el articulo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que “el Estado mexicano organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la Nación”. Por esta razón, garantizar la ejecución de obras, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas, son prioritarias por ser palancas del desarrollo nacional.

Por tanto, “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”. La finalidad de este decreto es garantizar una ejecución acelerada, el beneficio social proyectado y la autorización del presupuesto requerido.

Incluso la decisión del Presidente es para darle certeza a las inversiones porque las obras del país estarán alineadas a los enteres del Estado, de los empresarios y de la sociedad. Ahora el planteamiento con Sedena es la seguridad de que el Estado tenga en cualquiera de los escenarios posibles la capacidad de crear la infraestructura necesaria y en el tiempo requerido.

El Tren Maya es por excelencia el ejemplo del esquema que propone el Presidente, donde se articulan muy bien la iniciativa privada y la capacidad del Estado por buscar un beneficio social, ambiental, cultural y económico. Todo se hace en torno al interés de los pueblos y colocando por delante el desarrollo nacional.

El decreto presidencial significa un beneficio colectivo para todo el país, al acelerar la ruta de la Cuarta Transformación y crear la infraestructura necesaria en el menor tiempo posible. Es garantizar en menos de tres años la obra pública que durante los últimos 40 años se les negaron a los Pueblos. Es cambiar el paradigma de la seguridad más allá de la defensa del Estado-nación, sino la seguridad humana, centrada en las personas y el estado asuma la responsabilidad de erradicar sus estados de pobreza, violencia y esto reafirme la dignidad humana. Es no depender de las asociaciones público-privadas que durante mucho tiempo elevaron 10 veces los costos de las obras por la corrupción. Es responder de manera oportuna a los territorios históricamente olvidados y que el elefante reumático heredado por los neoliberales no sea impedimento para la democratización del bienestar y el desarrollo nacional.

Nuestro amparo será el fallo de la historia porque en la Cuarta Transformación es tiempo de los pueblos.

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