En México, hoy más que nunca, los programas sociales son instrumentos esenciales para combatir la pobreza, mejorar el acceso a derechos básicos y promover el desarrollo social. Sin embargo, también han sido objeto de una constante tentación: su utilización con fines políticos. Esta práctica no distingue entre partidos ni ideologías; gobiernos de derecha, izquierda y centro han caído —o han sido acusados de caer— en la instrumentalización de estos apoyos para consolidar bases de apoyo electoral, condicionar el voto o reforzar proyectos de poder.
El diseño y operación de programas sociales implican inevitablemente una relación directa entre el Estado y los ciudadanos beneficiarios. Esta relación, que debería estar basada en derechos, puede ser distorsionada en momentos electorales o de alta disputa política. La posibilidad de presentarse como «benefactor» —y no como garante de derechos— ofrece a los actores políticos una oportunidad de capitalizar electoralmente la entrega de apoyos.
El fenómeno responde a varios factores: la pobreza persistente, una débil cultura de derechos sociales, instituciones de control insuficientes y la casi inexistente sanción efectiva por el uso electoral de recursos públicos. Así, la entrega de apoyos puede distorsionar la competencia democrática, erosionar la confianza ciudadana y perpetuar ciclos de dependencia política.
Esta situación no solo es parte de las viejas prácticas del llamado prianismo, Los reclamos recientes hacia Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, ilustra cómo incluso dentro del mismo partido en el poder pueden surgir tensiones relacionadas con la gestión de los programas sociales.
Recordemos que al menos 90 diputados de Morena expresaron en privado su descontento hacia Montiel, acusándola de «malos tratos, falta de apertura, opacidad y presuntos actos de corrupción» en el manejo de los programas del Bienestar. Legisladores como Irma Juan Carlos y Jessica Ramírez Cisneros señalaron que la secretaria era inaccesible e incluso humillante, dificultando su participación en la supervisión y entrega de apoyos sociales.
La situación escaló al punto que la Presidenta Claudia Sheinbaum salió a respaldar a Ariadna Montiel, calificándola como “una mujer extraordinaria” y recordando que lo tiempos en los que las entregas de apoyos sociales se mostraban como «gestiones personales» de legisladores y funcionarios se acabaron.
Durante años, muchos legisladores en México encontraron en los programas sociales una vía discreta pero poderosa de construir lealtades políticas. Más allá de su función institucional, los apoyos se presentaban ante la ciudadanía no como un derecho garantizado por el Estado, sino como gestiones personales del legislador o legisladora en turno. Era común que un diputado presumiera haber «bajado recursos», «traído programas» o «gestionado apoyos» para comunidades específicas, generando así una relación clientelar basada en el agradecimiento y la deuda política, y no en el reconocimiento de derechos sociales.
Este esquema de apropiación personal de los programas sociales crea redes de influencia local donde los legisladores se vuelven intermediarios indispensables entre el gobierno y las personas beneficiadas. De esta manera, cada apoyo entregado refuerza la percepción de que el diputado es benefactor directo, y no un simple facilitador de un derecho ciudadano. Cuando la Secretaría de Bienestar, hoy bajo la conducción de Ariadna Montiel, centralizó la operación de los programas en 2018 cerró espacios para este tipo de gestiones individuales, muchos legisladores—incluso dentro de Morena— resintieron la pérdida de ese capital político que habían construido sobre la base de administrar favores públicos como si fueran propios.
Mientras la política social para algunas y algunos legisladores y funcionarios –incluso de Morena– siga estando sujeta a la lógica del «te doy porque me apoyas», en lugar de la del «recibes porque es tu derecho», el país seguirá atrapado en un círculo vicioso donde la pobreza y la dependencia son funcionales al poder, y no un problema que se busca erradicar.
Hasta la próxima.
