La Ciudad de México, capital de la transformación, ha dado pasos decisivos para consolidarse como una urbe innovadora y a la vanguardia en materia de derechos. Uno de los avances más significativos ha sido su compromiso constitucional con los seres sintientes. No es un asunto menor, la Constitución local reconoce en su artículo 13, apartado B, a los animales como seres dotados de sensibilidad, lo que obliga a las autoridades a garantizar su bienestar y a replantear la relación histórica entre la sociedad y la fauna.
Este cambio de paradigma se fortaleció el año pasado con la reforma al Código Civil capitalino, mediante la cual los animales dejaron de ser considerados bienes muebles para adquirir la categoría jurídica de seres sintientes. La modificación no fue solo semántica implicó un viraje profundo en la manera en que el Estado y la ciudadanía deben entender la protección animal. Por primera vez, la ley se alineó con una visión ética que reconoce que el dolor, el miedo y la vida de los animales importan.
En consonancia con esta vocación animalista que inspiró la redacción de la Constitución, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha impulsado una serie de acciones concretas para materializar ese mandato. La primera, y quizá la más emblemática, fue la iniciativa enviada al Congreso para prohibir las corridas de toros con violencia. Tras años de disputas judiciales y debates polarizados, el gobierno capitalino dio un paso histórico: plantear que la tauromaquia, si ha de existir, sea sin maltrato. Se trató de un golpe simbólico contra una supuesta tradición cultural sustentada en el sufrimiento animal y una señal clara de que la ciudad no puede normalizar espectáculos basados en la crueldad.
El segundo hecho relevante fue el reordenamiento del Mercado de Sonora, conocido durante décadas por la venta de animales vivos, incluso especies en peligro de extinción. Este espacio se había convertido en un foco de tráfico ilegal y de prácticas que vulneraban cualquier noción de bienestar. El cambio de giro comercial de varios locales y la vigilancia permanente buscan erradicar esas dinámicas. La Jefa de Gobierno ha sido enfática en queno habrá tolerancia para actividades que conviertan a los animales en mercancía desechable.
La tercera acción, de enorme impacto social, fue el rescate derivado de una orden judicial de 936 perros del Refugio Franciscano, en Cuajimalpa. El operativo reveló una realidad desgarradora: 798 animales presentaban lesiones visibles que evidenciaban maltrato, 21 fueron hallados sin vida y 20 tuvieron que ser hospitalizados de urgencia. Detrás del conflicto por la posesión del predio se escondía un infierno de hacinamiento y abandono. La intervención del gobierno no solo salvó vidas, también exhibió la necesidad urgente de regular los refugios privados.
A partir de este caso, la mandataria anunció un paquete de medidas para fortalecer la política pública en la materia: una iniciativa de ley para normar los refugios, la construcción de una UTOPÍA canina como espacio de atención integral y la planeación de 100 clínicas veterinarias distribuidas por toda la ciudad. Se trata de una estrategia que reconoce que el bienestar animal no puede depender de la buena voluntad, sino de instituciones sólidas y presupuesto.
Las acciones del gobierno capitalino han sido claras y consistentes. Sin embargo, no han faltado voces que intentan deslegitimarlas. Algunos aseguran que el rescate en Cuajimalpa obedeció a intereses inmobiliarios de los propietarios del terreno. Frente a ello, Clara Brugada ha sido contundente: no se permitirá ningún desarrollo en ese lugar. La prioridad son los animales y la reparación del daño.
A un año de administración, la Ciudad de México muestra un rumbo definido. La defensa de los seres sintientes dejó de ser una consigna para convertirse en política de Estado. Falta camino por recorrer: combatir el abandono, sancionar el maltrato, educar en la empatía. Pero los cimientos están puestos.
