La propuesta de reforma electoral que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación responde a una exigencia ética de este momento histórico y a la necesidad de reordenar la vida democrática de nuestro país.
Además, surge del mandato popular claro y democrático. Treinta y seis millones de votos respaldaron el proyecto encabezado por la hoy Presidenta de la república, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en 2024, no solo para gobernar, sino para transformar las reglas del poder que durante décadas protegieron a una minoría política desvinculada de las necesidades del Pueblo.
Durante años, la democracia mexicana fue secuestrada por una lógica de simulación. Elecciones muy costosas, partidos políticos sobrefinanciados y figuras que, sin competir ni representar a nadie en concreto, se mantenían en cargos públicos gracias a acuerdos cupulares. La reforma electoral pone en el centro una pregunta incómoda pero necesaria: ¿a quién ha servido realmente el sistema electoral como lo conocemos ahora?
Un ejemplo es el debate sobre las diputaciones plurinominales, que es ilustrativo. En su origen, fueron concebidas como un mecanismo para garantizar pluralidad y representación de fuerzas políticas minoritarias. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta figura se tergiversó. Hoy, en lugar de ser una vía de acceso para voces excluidas, se ha convertido en un refugio de las élites partidistas, una puerta trasera para evadir no solo la justicia, sino el escrutinio público, pues a la autoridad se le respeta.
Los nombres son conocidos. Ricardo Anaya, Alejandro Moreno, Marko Cortés, Lily Téllez, representan con claridad el vaciamiento democrático de los plurinominales. No hacen campaña, no rinden cuentas en territorio, no se someten al voto directo. En cambio, utilizan esas posiciones como escudos políticos, protegidos por el fuero y la impunidad, mientras eluden responsabilidades legales y políticas.
Esto es claramente el privilegio de una política electoral que está a punto de perder vigencia. No es representación, es blindaje. Defender ese modelo en nombre de la democracia es una contradicción insostenible. Sin embargo, es necesario señalar que la reforma electoral no elimina la diversidad política: elimina la simulación. Obliga a que quien aspire a representar al digno Pueblo de México, lo haga enfrentando al Pueblo, no escondiéndose en listas diseñadas para la impunidad ni la desvergüenza de no haber sido elegidos ni votados.
Otro eje fundamental de la reforma es el costo de nuestra democracia. México construyó uno de los sistemas electorales más caros del mundo, sin que eso se tradujera en mayor confianza ciudadana. Por ejemplo, durante la elección federal de 2024, el Instituto Nacional Electoral destinó cerca de 8 mil 802 millones de pesos únicamente para operar el proceso electoral, aun después de los ajustes al gasto originalmente aprobado. Al sumar el financiamiento público a partidos y candidaturas, junto con otros rubros asociados, el costo total alcanzó alrededor de 12 mil 428 millones de pesos, una cifra difícil de justificar en un país con profundas desigualdades y que evidencia un modelo electoral inflado, desconectado de la realidad social y funcional a los privilegios de la clase política. Reducir esos gastos no es debilitar la democracia, es dignificarla. La autonomía del árbitro electoral no debería depende de presupuestos inflados, sino de reglas claras, profesionalismo y legitimidad social. En este sentido, es claro que la reforma deberá plantear elecciones menos costosas y más eficientes, alineadas con una visión donde el dinero público se cuida porque es del Pueblo.
La reacción de la oposición ha sido predecible: alarmismo, desinformación y las mismas consignas de siempre. Quienes gobernaron durante décadas con fraudes, compra de votos y uso patrimonial del Estado, hoy se presentan como guardianes de la democracia. No defienden principios sino intereses. Les preocupa perder la impunidad que el sistema les garantizó, no el fortalecimiento de la vida democrática.
Para el actual gobierno el poder público no es un seguro de impunidad. La democracia no puede seguir siendo un negocio de partidos que además ya ni siquiera representan a la mayoría. Por eso, esta reforma electoral es una depuración necesaria del sistema político mexicano.
Respaldar la reforma electoral es respaldar el mandato popular expresado en las urnas. Es afirmar que en México nadie debe estar por encima de la ley y que la representación se gana con votos, no con acuerdos en lo oscuro. La disyuntiva es tener una democracia con privilegios, o democracia con ética pública. El Pueblo en 2024 eligió con un gran margen de votos que la reforma electoral sea una realidad en nuestro país.
