Pluma Patriótica

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Derecho a la movilidad

Derecho a la movilidad

En días recientes, una iniciativa para expedir lo que será la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue hecha pública en la Cámara de Diputados para contribuir con ‒tal vez‒ el esfuerzo legislativo más consensuado y relevante, emanado desde la sociedad civil organizada, de la última década.  Como se recuerda, el 18 de diciembre del año pasado, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto que reforma a nuestra Constitución para establecer que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Así, se estableció la fecha límite a los legisladores para expedir la ley reglamentaria, a más tardar el 17 de junio de 2021.
Ahora bien, para poder entender el contexto en el que se desarrolla este proceso, hemos de considerar que el derecho a la movilidad en las condiciones ya señaladas jamás podrá ser ejercido sin corregir la desigualdad ocasionada por un modelo de movilidad que ha priorizado al auto particular durante décadas y décadas. Por ello, todas las propuestas deberían basarse en el reordenamiento de la prioridad en el uso de las calles y del espacio público, así como del financiamiento y recursos públicos que, durante años, han financiado a la infraestructura exclusiva para los vehículos particulares.
 
Por ello, al imaginar un derecho que proteja a los más desprotegidos en la vía pública, hemos de crear una ley que busque dar herramientas a los ciudadanos para la gradual y progresiva garantía de este derecho, en el que, de manera concertada, los gobiernos estatales, municipales y la federación, formen parte de esta revolución cultural que requiere la movilidad sustentable y sostenible. 
 
Requerirá tiempo para que en cada contexto de México se pueda avanzar para lograr este propósito. En consecuencia, será necesario que la ley que se expida sea un mandato eficiente, que logre la igualdad en el espacio público, sin distinción entre usuarios de las calles y bajo un enfoque de equidad con acciones correctivas y compensatorias encaminadas a eliminar la exclusión ocasionada por el modelo basado en el auto particular, financiadas por el mismo uso del auto particular.
 
Será obligado establecer la jerarquía en movilidad que ponga a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público de pasajeros en primer término; y en segundo a los servicios de carga y distribución de mercancías, así como los usuarios de vehículos motorizados. Lo anterior implica que los más privilegiados respondan de manera solidaria y consciente para con los demás. Esta es una iniciativa ambiciosa, que puede ser la base de una propuesta aprobada por unanimidad ‒por consenso‒ en ambas cámaras del Congreso.
 
Sin duda, el futuro de nuestras ciudades y las generaciones venideras que vivirán en ellas, así como la justicia para quienes han sufrido los embates de la violencia vial, reposan en este esfuerzo legislativo. No tenemos derecho a fallar.

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