Por: Diego Alanís
Como bien sabemos el debate de la marihuana fue congelado en el Senado de la República luego de que no hubiera consenso para aprobar la Ley Federal para la regulación del cannabis y las reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal, incluso, después de una vasta discusión en la Cámara de Diputados donde terminaron por aprobar estas modificaciones con 319 votos a favor, 129 en contra t 23 abstenciones.
No es menor decir que este proceso de discusión surgió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandatara a través de sus ocho tesis de jurisprudencia al Congreso de la Unión para regular el uso, consumo, siembra y cosecha del cannabis psicoactivo, no psicoactivo y sus derivados. Lo anterior, por considerar que prohibir el uso personal es anticonstitucional porque se atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, de conciencia y expresión; encaminados a salvaguardar el orden público de salud.
Ahora que hay una nueva configuración de las fuerzas políticas y que el bloque de la cuarta transformación tiene la mayoría absoluta en ambas cámaras, es momento de tener una discusión seria y científica sobre la regulación para el cultivo, la producción, el uso y consumo personal del cannabis mirando principalmente las condiciones de desigualdad para las personas campesinas, los usuarios pobres y las personas con uso problemático de las sustancias de los grupos de atención prioritaria.
En consecuencia, se debe abrir nuevamente el debate con los elementos de las 11 iniciativas que fueron presentadas en el poder legislativo para integrar un dictamen que vea primero por los derechos de las personas usuarias y consumidores y después por el mercado y los procesos de producción. Anteponiendo las condiciones de seguridad y de salud de los usuarios a las medidas de penas y sanciones que en su momento se plantearon para la posesión.
El dictamen que estaba por aprobarse en el Senado aún acentuaba la criminalización del cannabis porque la sobrerregulación de los derivados de marihuana continuaba dejando en una posibilidad de extorsión por parte de elementos policiacos hacía las personas jóvenes, dado que estos deberían de contar con una serie de elementos para poder usar la sustancia, como el gramaje de 28 gramos o la posibilidad de tener hasta 6 plantas en un domicilio particular. Lo cual, dejaba abierta la posibilidad de continuar con un mercado negro no regulado que permitiera tener mayor acceso a la sustancia, con menores costos y sin obstáculos burocráticos.
Entre el tema del cultivo y la producción hay una diferencia abismal entre las personas que cultivan para uso personal los campesinos y las grandes empresas como la Asociación Nacional de la Industria Cannábica y Khiron Life Sciencies. De tal forma que el dictamen sobrerregula los requisitos para el empacado de la sustancia ya que se obliga a que el empaque sea reciclable, biodegradable, compostal, hermético y resellable, por lo que, estos criterios alejarían a los campesinos pobres que no cuentan con bienes de capital de su participación del cultivo y la producción de cannabis y de sus derivados, dejando a modo de que los grandes empresarios y las farmacéuticas saquen mayor valor en el mercado.
De la misma forma, el dictamen contemplaba que personas que cultivan marihuana en sus domicilios particulares deberán registrar sus semillas y plantas ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, lo que genera una sobrerregulación sobre el consumo de sustancias. Incluso, el registro es un dispositivo de poder sobre el cuerpo de las personas lo que se contrapone con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, se contemplaba un permiso para las asociaciones consumidores de cannabis que deseen utilizar el espacio público para su consumo.
Esperemos que en esta legislatura se tenga la oportunidad de abrir el debate para explorar una regulación que termine con los caracteres prohibitivos del uso de la marihuana y sea el parteaguas para poder explorar una regulación sensata de las drogas donde se mire primero en los derechos de los usuarios y no en el mercado.
@DiegoAlanisA
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública con estudios de Políticas Públicas de Juventud y Derecho para la Administración Pública por la UNAM. Militante fundador de Morena, de Más Movimiento y funcionario público en temas de salud y justicia. Especialista en política de drogas, juventudes y desigualdad social.
