Por: Liber Iván León Ortega
El sexenio 2024-2030 puede ser un periodo en el que se construyan las instituciones que sirvan de base para que avance el desarrollo económico del país; o bien, puede ser un periodo accidentado de constantes jaloneos y parálisis políticas y económicas. En el marco del denominado Plan C —que consiste en reformas planteadas inicialmente por el Presidente López Obrador y secundadas ahora por la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum-, destaca en estos días en la discusión pública la reforma al Poder Judicial.
Desde la perspectiva de la economía institucional, el Poder Judicial es clave en la definición de los incentivos que influyen a las empresas, determina poderosamente su comportamiento económico y las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico. La clave son las instituciones o las reglas del juego a través de las cuales se resuelven los conflictos de la sociedad y se crean los incentivos y límites que moldean el comportamiento económico.
Las reglas y los árbitros determinan el desempeño de la economía. Por ejemplo, en un curso universitario un profesor explica las reglas para obtener las mejores calificaciones, el maestro puede privilegiar la asistencia, el examen, la disciplina, las participaciones, etcétera. Los alumnos calculan la capacidad que tiene el profesor de hacer cumplir las reglas, el esfuerzo necesario para acreditar la materia y definen su comportamiento. Distintas reglas obtienen distintos comportamientos de los mismos alumnos. Es evidente que reglas poco claras, discrecionales o la posibilidad de corrupción, alteran la calidad del curso y el esfuerzo de los participantes.
Existen países que cuentan con matrices institucionales inclusivas: aquellas que fomentan en los ciudadanos y empresas, el esfuerzo productivo, incentivan la innovación y promueven el ascenso y crecimiento de aquellos que su comportamiento productivo tiene un impacto positivo en la sociedad y la economía. Existen también sistemas caracterizados por instituciones políticas y económicas extractivas que buscan la concentración del poder político y reglas que favorecen la concentración y exclusión en la actividad económica: reglas —o su ausencia— y prácticas que favorecen monopolios, discrecionalidad y privilegios. En las primeras se favorece el crecimiento y la innovación; en las segundas puede haber crecimiento económico momentáneo, pero no desarrollo económico ya que los beneficios no se comparten y no se promueve la formación de capacidades de trabajo e innovación.
¿Qué tipos de comportamientos incentiva el Poder Judicial para las grandes empresas?
Conviene aclarar un particular contexto que se desarrolló en México. En este país a diferencia de todas las economías de la OCDE, el poder judicial puede, a partir de una interpretación bastante peculiar del artículo 31 de la Constitución, discutir la constitucionalidad de las leyes tributarias a través del amparo. En este contexto legal y una alta concentración de la actividad económica en grandes empresas, se ha desarrollado una próspera “industria del amparo fiscal”.
En 2023 había 12,857 empresas —0.02% de las empresas registradas en México— con ingresos superiores a 1,500 mdp y que contribuyen con cerca de la mitad de los impuestos recaudados por el SAT. Es en estos casos donde el poder judicial distorsiona los incentivos para el pago de impuestos a los grandes contribuyentes. A las grandes empresas les queda claro que puede ser rentable en muchos casos recurrir al amparo fiscal para pagar menos impuestos, les deja claro que es rentable invertir en despachos y litigios que les permita reducir sus contribuciones fiscales. Además, tiene el efecto de restar legitimidad al cobro de impuestos y crean enclaves de privilegios: quien tiene los recursos y contactos para ampararse logra pagar menos impuestos respecto a los excluidos de la protección de la justicia. Resulta que el Poder Judicial tiene una amplia actividad al respecto: de las 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, muy pocas corresponden a los derechos de salud (195) educación (70), vivienda (30), agua (13); en cambio, 12,845 versan sobre impuestos y proporcionalidad tributaria (Mensaje ministra, Lenia Batres; 30 de junio).
Si bien dicha “industria del amparo fiscal” no explica en su totalidad nuestro pobre sistema tributario, lo cierto es que sí es parte del problema de nuestra pobre cultura tributaria y de nuestro bajo nivel de recaudación a nivel de la OCDE e incluso respecto a América Latina y el Caribe. Como se muestra en la gráfica, Brasil recauda más de lo doble que México; así, nuestro gobierno solo logra un porcentaje mayor de tributación que economías como Guyana, Panamá o Guatemala.
Este contexto de polarización y baja recaudación explica también una parte de nuestro constante déficit público, nuestros siempre latentes niveles de deuda y nuestra pobre oferta de servicios públicos.
El diálogo debe ayudarnos a construir un poder judicial que incentive comportamientos productivos en los actores económicos, que amplíe su base de participación y no en una ventanilla en la que se ofrezca justicia y privilegios a quien pueda pagarlos. Lo que se está discutiendo desde el punto de vista económico es también qué tipo de economía queremos. La apuesta debe ser por una economía incluyente en la que todos contribuyamos equitativamente en materia fiscal, recibamos servicios de calidad y el gobierno rinda cuentas y sea evaluado por sus resultados.
@catemacotrader
Maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Le interesan temas de desarrollo económico, macroeconomía, mercados financieros, pobreza y desigualdad.
