El desplazamiento interno forzado es un fenómeno con múltiples variantes que resulta en una violación estructural y sistemática de los derechos humanos de miles de nacionales que ponen en riesgo su vida, su integridad y su seguridad al verse obligados a abandonar sus comunidades de origen por problemas políticos, religiosos, sociales, culturales y económicos, entre muchos otros.
Las víctimas de desplazamiento interno forzado dejan atrás toda una vida: sus posesiones, sus seres queridos, sus empleos, y huyen por temor a perder el bien mayor —la integridad— y la vida de ellos y de los integrantes de su familia.
En nuestro país este fenómeno se ha intensificado gradualmente, particularmente a raíz de la mal llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en el 2006 y que desató una ola de violencia generalizada en gran parte del territorio nacional. Esta situación obligó a miles de ciudadanos a cambiar de lugar de residencia sin cruzar la frontera del país.
Actualmente no existen cifras ni registros oficiales sobre el número de desplazados que año con año deciden abandonar sus lugares de origen. Por mencionar un ejemplo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización civil que durante años ha documentado el fenómeno, en su estudio Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México, estima que al menos 346,945 personas han sido desplazadas internamente por la violencia en México de 2009 a diciembre de 2019.
En lo que respecta al estado de Chiapas, particularmente desde el levantamiento armado zapatista de 1994, esta problemática se fue agravando sin que el Estado mexicano haya sido capaz de brindar una solución de fondo; por el contrario, se ha invisibilizado y minimizado las violaciones sistemáticas que durante décadas han afectado a miles de mexicanos que, en su gran mayoría, son poblaciones indígenas.
El llamado caso chiapaneco obtuvo gran atención internacional y fue un parteaguas que permitió identificar el problema en nuestro país, ya que pudo ser enormemente documentado por organismos internacionales especializados en derechos humanos.
A pesar de ello, y a más de 25 años del movimiento zapatista, este tipo de conflictos sociales y políticos siguen siendo recurrentes en las comunidades chiapanecas. Tal es el caso del municipio tzotzil de Aldama, que en abril y mayo fue víctima de 32 ataques armados atribuidos a grupos delincuenciales provenientes del municipio de Chenalhó.; lo que obligó con ello a decenas de familias a abandonar sus comunidades.
Muchas veces, se trata de conflictos históricos que han trascendido generaciones y que continúan latentes como una bomba de tiempo a punto de ser detonada. Esto ha sido agravado por la pobreza histórica que aún persiste en la entidad y que vulnera aún más las condiciones de las víctimas de desplazamiento forzado.
Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la atención de organismos internacionales por conflictos históricos son ya recurrentes en Chiapas y coinciden con diversos problemas internos, como los rezagos económicos, sociales y políticos que no han sido atendidos de manera integral.
Ante esta situación, el Estado mexicano no ha logrado cumplir a cabalidad su obligación de proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de la población desplazada, al no contar con un marco jurídico que atienda o prevenga las causas que originan esta situación. Se ha minimizado el problema lo que ha permitido acrecentar esta crisis humanitaria.
Sin embargo, es de reconocerse que, en abril de 2019, ya bajo el gobierno del Presidente López Obrador, se otorgó el esperado reconocimiento de la problemática por parte de la Secretaría de Gobernación y del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dichas instituciones, junto con la Unidad de Política Migratoria y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se comprometieron a atender este fenómeno de manera integral.
De igual manera, resulta un avance importante que el pasado 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados haya aprobado la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, que busca el reconocimiento de los derechos humanos de las víctimas y su atención desde una visión integral como Estado mexicano, con la distribución de obligaciones entre la federación, las entidades federativas, municipios y organismos autónomos involucrados. Actualmente, está pendiente su dictaminación por parte del Senado mexicano, para convertirse en Ley.
Resulta, entonces, fundamental e impostergable la atención integral y reconocimiento por parte del Estado mexicano a las víctimas de desplazamiento interno forzado, adecuando un marco jurídico sólido y especializado que permita desde los tres órdenes de gobierno diseñar e implementar acciones coordinadas que brinden la protección y garantía de los derechos humanos a las personas en esta situación y, de esta manera, resolver esta grave crisis.
