El lunes 1º de abril iniciaron prácticamente en todo el país las campañas electorales locales, es decir, de quienes contienden por presidencias municipales, diputaciones y alcaldías. Lamentablemente, no llevábamos ni veinticuatro horas del arranque de las campañas locales, cuando se dio a conocer una mala noticia: el cobarde asesinato de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, tras recibir diversos impactos de arma de fuego.
Gisela Gaytán no perdió la vida, le arrancaron la vida dos factores importantes:
Primero, el complejo proceso burocrático por el que tienen que pasar los candidatos locales al solicitar un mecanismo de protección durante este proceso electoral rumbo al 2024; pues informes de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dieron a conocer que la candidata Bertha Gisela, además de otros contendientes, ya había solicitado la protección ante el Instituto Nacional Electoral, que debe enviar dicha solicitud al órgano público local (OPLE) —por razones de competencia— quien tendría la obligación de garantizar la protección de los candidatos locales en coordinación con las autoridades del estado, en este caso, Guanajuato.
Por mero papeleo, legalismos, burocracia y falta de voluntad institucional entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el gobierno del estado, quien en su momento le negó la protección —argumentando que el proceso electoral aún no iniciaba—, hoy, una mujer de 37 años fue asesinada mientras recorría la comunidad de San Miguel Octopan, en ejercicio de sus derechos y como parte de su rutina para obtener el voto en el municipio de Celaya.
El segundo factor es más complejo, pues el estado de Guanajuato atraviesa por una crisis inseguridad —desde hace ya muchos años— que ha evidenciado la incapacidad para gobernar del mandatorio panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Actualmente, este estado encabeza la lista por mayor número de homicidios dolosos, de los 334 homicidios ocurridos en el país durante el mes de marzo, el 12% pertenecen a Guanajuato.
Recordemos que hace no mucho tiempo, ocurrió el magnicidio de jóvenes en una posada en el municipio de Salvatierra, donde más de una decena de personas fueron asesinadas a manos de comandos presuntamente pertenecientes a delincuencia organizada.
Igualmente, el gremio de los transportistas se ha organizado y manifestado, exigiendo mayor seguridad y despliegue de la Guardia Nacional en las carreteras guanajuatenses, pues en varias ocasiones han sido víctimas de asalto con violencia por parte de grupos criminales.
Por otro lado, en Guanajuato se ha fortalecido el Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por el “Marro”; este grupo se dedica principalmente al robo de combustible. En diversas ocasiones, dicho cártel ha tenido diversos enfrentamientos armados con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla más del 80% de la entidad y está liderado por el originario de Aguililla, Michoacán, conocido como “El Mencho”.
La población de Guanajuato actualmente es víctima de extorsión, secuestro, trata de personas, venta y distribución de estupefacientes, aunados al constante peligro de su población de arriesgar su vida por las constantes confrontaciones entre los cárteles antes mencionados.
A toda la violencia del estado, generada por la presencia de los cárteles de la droga, se suman los altos índices de corrupción entre funcionarios del estado —policías estatales y municipales— y los grupos delincuenciales. Los guanajuatenses son víctimas de un Estado impune, encabezado por el actual fiscal de la entidad Carlos Zamarripa, mejor conocido como el “fiscal eterno”, por llevar ser desde el 2009 como titular. Logró su ratificación en 2019 por un periodo que concluye en 2028, cuando cumpla 19 años al frente de la institución.
Regresando a la tragedia inicial, a la candidata de Morena no solo la asesinó el grupo delincuencial que le arrebataría la vida o el proceso complejo burocrático por el que atraviesan los candidatos para tener protección por parte de las autoridades; a Gisela Gaytán la mató una serie de incompetencias antañas del fiscal del estado que garantiza impunidad y cobijo a los grupos delincuenciales y el gobernador Diego Sinhué, que ha evidenciado su incapacidad para gobernar y garantizar los derechos humanos básicos que requiere la gente de Guanajuato para vivir en paz.
Como bien lo comentó el Presidente López Obrador, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhué gobierna, pero no manda. La pregunta aquí es, si no manda él, ¿quién será? ¿Acaso tendremos otro Genaro García Luna, pero ahora de gobernador en Guanajuato? ¿Tendremos otro Cárdenas Palomino de fiscal estatal?
