El 12 de diciembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025. De esta forma, se decidió el monto de las asignaciones a los distintos poderes, instituciones y órganos del Estado mexicano para realizar las funciones que establece nuestro marco jurídico. Dado que los recursos del Estado son finitos, su asignación implica un ejercicio de priorización en pesos, no en palabras. Del presupuesto para 2025, proponemos mirar de cerca el caso de dos órganos constitucionalmente autónomos que enfrentan recortes en dos proyectos fundamentales para la nación y para Morena, como partido gobernante.

El primer caso es el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar elecciones, y este año en particular, de llevar a cabo un proceso electoral inédito para integrar al Poder Judicial de la Federación (PJF). El segundo caso es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual es responsable de generar información para conocer la situación del país y elaborar políticas públicas, y quien este año debía de realizar la Encuesta Intercensal.

Para 2025, el INE solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un monto de 35,855 millones de pesos (mdp) y la Cámara de Diputados le asignó un presupuesto de 27,056 mdp, de los cuales de 7,354 mdp son para los partidos políticos. Para dimensionar lo anterior es importante considerar que en 2024 el presupuesto aprobado del INE fue de 32,767 mdp, de los cuales 10,444 mdp fueron para los partidos políticos. El INE no solo enfrenta un recorte presupuestal respecto al presupuesto solicitado, sino también en relación con 2024. Al descontar las prerrogativas de los partidos políticos para 2025, el presupuesto aprobado del INE fue de 19,645 mdp, mientras que en 2024 fue de 22,322 mdp. Esto significa una reducción de 13.6% en términos nominales.

Estas cifras permiten considerar algunas de las limitaciones que tendrán las elecciones del PJF en 2025 y que afectarán la calidad del proceso. En este sentido, el presupuesto asignado al INE para la elección de 2025 debería de ser, al menos, similar al aprobado para la elección federal de 2024, tomando en cuenta que el número de votantes y su distribución geográfica no sufrió cambios significativos y que el número de cargos a elegir es mucho mayor. Mientras que en la elección federal de 2024 se eligieron 629 cargos, en la elección del PJF se elegirán a 881 personas juzgadoras (desde ministros y ministras hasta jueces de distrito).

En el caso del INEGI, se difundió en algunas notas que hizo una solicitud inicial de 17 mil mdp, aunque la SHCP le asignó solo 12,245 mdp en el proyecto de presupuesto entregado a la Cámara de Diputados, monto que fue aprobado sin cambios y que representa una reducción de 14% respecto al presupuesto de 2024, que fue de 14,245 mdp.

En ambos casos, las reducciones presupuestales se han traducido en modificaciones en los proyectos que desarrollará cada órgano en 2025. En varios espacios se ha mencionado que con el recorte presupuestal al INE se instalarán casi 100 mil casillas menos que las originalmente planteadas. De las más de 170 mil casillas instaladas en los comicios de 2024, con el presupuesto asignado en 2025 solo se instalarán 73,850 para la elección del PJF. Por otro lado, diversos medios han mencionado que, dada la reducción en su presupuesto, el INEGI se vio obligado a cancelar la Encuesta Intercensal.

La importancia de esta Encuesta radica en que es la única con el tamaño muestral necesario para brindarnos información confiable sobre las condiciones sociodemográficas de la población a nivel municipal en el momento intermedio entre la realización de cada Censo de Población y Vivienda. Los censos son ejercicios en donde se entrevista a toda la población y se realizan cada 10 años; el último se llevó a cabo en 2020, aunque la recolección de la información enfrentó algunos problemas significativos debido a la pandemia. De hecho, la Encuesta Intercensal solo se ha realizado en una ocasión, en 2015, y en ese momento se explicó como una “innovación técnica” con el fin de reducir los costos asociados a los Conteos de Población y Vivienda.

En suma, aunque es posible que al INE se le otorgue una extensión presupuestal para instalar 86 mil casillas (13 mil más de las previstas con el presupuesto aprobado), es innegable que estos presupuestos muestran una suerte de autosabotaje de Morena. La decisión de elegir a las personas que integran al PJF mediante voto popular ya está tomada. A todas y todos nos conviene que esas elecciones sean un éxito, es decir, que tengan una alta tasa de participación y sean percibidas como equitativas, tanto por las personas candidatas como por la ciudadanía, para que, de esta forma, los resultados cuenten con la legitimidad necesaria para construir un mejor sistema de impartición de justicia. De igual forma, a todas y todos nos conviene contar con información sobre la población y su situación más básica, en especial en un momento en el que se esperan deportaciones masivas y en el que persisten desplazamientos territoriales importantes debido a la violencia.

Sin embargo, es a la Dra. Claudia Sheinbaum y al resto de los gobernantes y líderes de Morena a quienes más conviene que estos dos proyectos se lleven a cabo de manera exitosa. En el caso del INEGI, la información de la Encuesta Intercensal permitirá conocer con detalle la situación de la población y que nuestros gobernantes puedan proponer nuevas y mejores políticas públicas desde una perspectiva técnica y científica. En cuanto al INE, porque fue Morena quien propuso la elección de personas juzgadoras y lo convirtió en causa para la refundación del PJF.

Por estas razones no deberíamos escatimar recursos en estos dos proyectos, lo que de ninguna manera implica una justificación de los dispendios públicos ni una condena a la austeridad republicana. La reducción presupuestal al INEGI erosiona la necesaria visión científica para construir el segundo piso de la cuarta transformación, al limitar la disponibilidad de información estadística para el diseño y seguimiento de las políticas públicas. Y la reducción al INE pone en riesgo lo que de por sí es una arriesgada apuesta, la elección del PJF, que en 2024 resultó exitosa para Morena como propuesta, pero que, de fracasar en su ejecución, podría ser su condena en 2030.