El ataque al Secretario García Harfuch como atentado al Estado de Derecho

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El ataque al Secretario García Harfuch como atentado al Estado de Derecho

Por María De Haas Matamoros | lunes, 29 de junio del 2020.

Un intento de asesinato de un perfil de alto nivel como el de Omar García Harfuch en la madrugada del viernes 26 de junio, significa una afrenta al Estado de Derecho, no al Estado Mexicano. El Estado Mexicano es la fuerza del gobierno y sus instituciones; es el conjunto de campos que conforman el poder nacional de México y éste no se puede abatir con un ataque criminal. 

No obstante, los atentados por parte de los grupos criminales, como el acontecido el día viernes, buscan disminuir el poder de las instituciones para aplicar la ley y suplantar su autoridad, y ello impacta en el Estado de Derecho y la seguridad nacional. El atentado del día de ayer contra Omar García Harfuch fue un ataque no solo contra su persona, sino contra el cargo público que ejerce como Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

De esta manera, dicho ataque debe tomarse como una amenaza no solo al ejercicio de la gobernabilidad de la Ciudad de México—sede de los tres poderes de la unión—sino al Estado de Derecho en México. Aunque el cargo de García Harfuch corresponde al orden estatal, él, por sus logros, ha destacado y sido muy relevante para el combate al narcotráfico que ejercen cárteles cuya influencia se ejerce no solo en la Ciudad de México, sino en varios estados de la República.

Si bien se sospechaba que la influencia del cártel CJNG —que perpetró el ataque— ya había llegado a la Ciudad de México desde años atrás, con el atentado develó que busca posicionarse como el líder del control territorial de los grupos delictivos que operan en la ciudad. Este es uno de los carteles más peligrosos por sus capacidades financieras, y porque demuestra mayor capacidad de fuego, como fue expuesto el viernes mediante el ataque con armas de alto calibre, granadas de fragmentación y equipo táctico con valor de millones de pesos.

Ante este atentado, hay un antes y después en la seguridad nacional de la presente administración. El viernes quedó demostrado que la principal amenaza a la seguridad nacional del Estado Mexicano son los asedios en ciudades, emboscadas y retenes carreteros llevados a cabo por los cárteles del narcotráfico. La sociedad esperará una respuesta de las instituciones de seguridad ante este ataque.

Las medidas que hay que tomar deben estar enfocadas a reforzar e incrementar las capacidades de inteligencia del Estado Mexicano, que tal vez, el viernes, fueron cruciales para salvarle la vida a Harfuch. Apostar por la inteligencia como medio de respuesta a este ataque es la mejor opción, porque protegerá las vidas de los mexicanos, a diferencia de un combate directo, como se hizo en sexenios anteriores. 

Por lo anterior, después del asesinato de la diputada Anel Bueno hace un mes, del asesinato del Juez Federal Uriel Villegas hace unas semanas, del constante atentado y asesinato de los secretarios de seguridad municipales y estatales, y del atentado del viernes al Secretario García Harfuch, es necesario considerar la protección de funcionarios como un asunto prioritario de seguridad nacional en el que debe ser útil la inteligencia estratégica. Es requerido incluir en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública una serie de mecanismos de protección a funcionarios. Los funcionarios representan la gobernabilidad en su conjunto, a las instituciones, y con ello al Estado de Derecho que se busca implantar al hacer aplicar la Ley. 

De forma agregada, observo la necesidad de diseñar mecanismos operativos de alto impacto para proteger a los mexicanos ante este antagonismo a la seguridad ciudadana y a la seguridad nacional. Para ello, veo viable el despliegue de unidades tácticas de Guardia Nacional para que patrullen las ciudades afectadas constantemente por el asedio criminal, las emboscadas y los retenes por el crimen organizado que amenazan el transporte de carga y la seguridad ciudadana y generen mayor control logístico. Por razones de seguridad ciudadana, dichas unidades tácticas deben tener mayor presencia en caso de generarse un enfrentamiento de alto impacto o guerrillas urbanas y evitar que haya daños colaterales, y con ello evitar la pérdida de vidas inocentes. Incluso, se pudiera considerar instalar arcos de rayos X en distintas vías de la Ciudad de México que ayuden en identificar portación ilegal de armas largas en automóviles. Todo sea con el fin de proteger a la ciudadanía.

Es preciso considerar que las acciones que lleva a cabo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para combatir a los cárteles del narcotráfico por medio de la inteligencia financiera han sido efectivas, lo que ha resultado en la captura de varios personajes clave dedicados a la venta de estupefacientes. De forma agregada, también hay que considerar acciones de despliegue operativo que permitan recuperar el control logístico de las ciudades y carreteras, acciones que habrán de fortalecer la seguridad ciudadana ante el asedio a ciudades, emboscadas y retenes por parte del crimen organizado. 

Finalmente, es preciso generar mejores esquemas de protección de funcionarios encargados de seguridad, justicia y gobernabilidad como un asunto prioritario de seguridad nacional. 

México debe ser un imperio de la Ley, y por ello, el Gobierno Federal no debe tolerar ningún ataque a los funcionarios que ejercen la gobernabilidad, la justicia o garantizan la seguridad en el país.

 

Por María De Haas Matamoros | lunes, 29 de junio del 2020.

María De Haas Matamoros

Especialista en Seguridad. Tiene estudios de posgrado en Seguridad internacional, nacional e interior. Actualmente es candidata a Doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac México. www.mariadehaas.com

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