En un momento histórico para México, la creación por parte de José Merino Peña del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA), una escuela de pensamiento y acción en torno a la inteligencia artificial, constituye un paso fundamental hacia una transformación estructural del Estado y de la sociedad. Merino no ha visto la tecnología como una simple herramienta de eficiencia, sino como un medio para redistribuir conocimiento, cerrar brechas y garantizar justicia digital para todos.
Esta escuela, con capacidad inicial para formar a 10,000 jóvenes en su primer año en áreas como IA, análisis de datos, nube y ciberseguridad, funcionará en nueve entidades federativas (CDMX, Yucatán, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz) e incluye mentorías e inserción laboral, apuntando a una mayor equidad tecnológica y soberanía digital.
Su iniciativa me recuerda lo que Sam Pitroda impulsó en la India con su “pentagrama del conocimiento” (a través de la Comisión Nacional del Conocimiento) para democratizar la infraestructura del saber y convertirla en una palanca de equidad: educación, infraestructura, innovación, emprendimiento y gobernanza. Cada uno de ellos tenía el mismo propósito: transformar el conocimiento en un bien público.
México vive un momento semejante: la digitalización de los servicios públicos, la alfabetización tecnológica y la incorporación de la IA ya no son meros añadidos al sistema, sino elementos centrales del bienestar y la prosperidad compartida.
La escuela de IA de Merino plantea que ya no basta con saber programar: el reto ahora es interactuar de manera inteligente con los sistemas de IA, comprender cómo funcionan, interpretarlos, orientarlos hacia valores públicos y usarlos para ampliar la inteligencia humana. Esa alfabetización en IA es tan básica como saber leer y escribir, pero con efectos directos en la justicia, la equidad y la prosperidad del país.
México alcanzó en 2023 un total de 97 millones de personas, es decir, el 81,2 % de la población de 6 años o más, que utilizan Internet. A su vez, Merino ha fijado la meta de digitalizar al menos el 80% de los trámites gubernamentales del país para reducir la burocracia, eliminar espacios de discrecionalidad y fortalecer la transparencia.
Estas cifras no son simplemente técnicas: implican que más ciudadanos tengan acceso real al Estado, participen con menor fricción y se beneficien de políticas públicas más ágiles. En ese sentido, la tecnología se convierte en un instrumento de justicia social: menos trámites, menos corrupción, menos tiempos perdidos, mejor atención y mayor inclusión. Cuando el gobierno adopta la IA como un bien público, no solo como una herramienta para vender servicios, sino también como un medio para avanzar hacia la equidad, está avanzando hacia la equidad.
La equidad radica en romper los monopolios del conocimiento: los algoritmos no deben quedar en manos exclusivas del mercado o de las grandes empresas, sino que deben estar al servicio del bien común. La escuela de IA de Merino pretende que la ciudadanía aprenda a dialogar con estas tecnologías, a cuestionarlas, a exigirles propósitos de bienestar y a generar prosperidad compartida, no solo para unos cuantos.
En este siglo XXI, entender la inteligencia artificial será tan básico como saber leer. Y cuando el Estado lo lidera, lo hace no para reemplazar la inteligencia humana, sino para amplificarla y democratizarla. Ese es el mensaje y la apuesta de Merino: una escuela de IA al servicio de la justicia, la equidad, el bienestar y la prosperidad compartida de México. El reto es ambicioso, pero la historia nos enseña que cuando se distribuye el conocimiento de esta manera, se puede aterrizar la nueva visión de la presidenta Sheinbaum.
