El derecho a ser felices, el amor humano y la esperanza son fundamentos básicos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México y, lo que para la derecha ramplona es mera cursilería, tiene antecedentes en la Declaración de Virginia en 1776, la cual establece las bases para respetar y defender los derechos humanos e introduce la idea del derecho a la felicidad. Esto fue fundamento para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Ambas tuvieron impacto internacional y sirvieron para fundamentar la Declaración de las Naciones Unidas en 1948.
En nuestro país, la Constitución de Apatzingán publicada en el año de 1814 retoma el pensamiento liberal entorno a la felicidad: “la felicidad del Pueblo y de cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad…”. Y aunque en la Constitución de 1917 Venustiano Carranza no se estableció como derecho sino como objetivo:
“Ya antes dije que el deber primordial del gobierno es facilitar las condiciones necesarias para la organización del derecho… cuidar de que se mantengan intactas todas las manifestaciones de libertad individual, para que, desarrollándose el elemento social, pueda, a la vez… conseguirse la coexistencia pacífica de todas las actividades… la unidad de esfuerzos y tendencias en orden a la prosecución del fin común: la felicidad de todos…”
Entonces, cuando hablamos de una sociedad feliz no hablamos de un simple estado anímico, sino de una que tenga las condiciones objetivas para serlo. Es por eso que, cuando nuestro Presidente habla de felicidad, no se refiere a otra cosa que no sea que las mexicanas y mexicanos tengan acceso los derechos básicos de educación, vivienda, salud y trabajo digno, así como a las condiciones materiales y espirituales para el esparcimiento. En consecuencia, se han realizado acciones como elevar a rango constitucional los programas sociales para garantizar extensión progresiva de seguridad social para la población que se encuentra en estado de vulnerabilidad.
Se establece que el Estado garantizará el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, incluye el derecho a una pensión no contributiva a las personas adultas mayores de 68 años en adelante, pone en marcha un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública y crea un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social.
En Sinaloa, el pasado 24 de septiembre, el Presidente de la República anunció un convenio con el gobernador electo Rubén Rocha Moya para la creación de una pensión para adultos y adultos mayores con discapacidad, en el que el gobierno estatal se compromete a aportar el 50% de los recursos para este programa, así como reproducir en el ámbito estatal los ya existentes para garantizar una mayor cobertura. Además, se anunció la creación de la Secretaría de Bienestar en la cual se fusionarán las Secretarías de Desarrollo Social y la de Desarrollo Sustentable; esto pone a Sinaloa dentro de la dinámica internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.
Estos ODS, según las últimas publicaciones de las Naciones Unidas, tienen como fin erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz, y facilitar el acceso a la justicia.
Por eso, los ojos y el corazón del Pueblo sinaloense están puestos en este gobierno que se ha comprometido a regenerar el tejido social y garantizar el derecho a ser felices, llevando en cada programa y en cada política, un mensaje de amor y de esperanza desde Choix hasta Escuinapa.
