Existen innumerables temas en la agenda política, económica, educativa, sanitaria y social de nuestro país, pues nuestras problemáticas son tan numerosas, como diversas. El embarazo adolescente ocupa un lugar preponderante —de forma por demás desafortunada— al configurar un problema social y de salud con gran impacto. La maternidad temprana afecta no solo la vida de estas niñas y adolescentes —trastocando y disminuyendo sus oportunidades y las de sus hijos e hijas— sino también el desarrollo y la economía del país. José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indicó que entre el 2020 y el 2021 habrá aproximadamente más de 21,000 embarazos adicionales en adolescentes de 19 años o menos, derivado del confinamiento generado por covid-19. Entre otros reveladores datos se ha expuesto que “la brecha educativa es muy significativa entre las mujeres que fueron madres en edades tempranas y las que fueron madres en edad adulta”, de acuerdo con Federico Tobar, el Asesor Regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Aunado a lo anterior, y según un informe de dicho organismo presentado en 2020, el embarazo adolescente genera pérdidas anuales de alrededor de 63 mil millones de pesos (alrededor de 3.2 mil millones de dólares) para el Estado.
Existen diversos datos que evidencian la gravedad de esta problemática, y han sido aportados por dependencias como el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que estima que en 2020 hubo 373 mil 661 nacimientos de madres de entre 15 a 19 años; es decir, más de mil nacimientos de madres adolescentes cada día. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), cinco de cada diez adolescentes que fueron encuestadas al estar embarazadas, manifestaron que no deseaban estarlo, y se estiman también 11 mil 808 nacimientos en niñas de 10 a 14 años; es decir, cada día 32 niñas se convierten en madres. Sin duda, el embarazo adolescente representa un problema de salud, pero también social y político; dentro el informe ya citado —presentado en conferencia virtual— se ratificó que México es el país con las tasas más altas de embarazos adolescentes: alrededor de 73 de cada 1.000 partos corresponden a madres de 15 a 19 años… y aún más jóvenes. Lo más grave es que en vez de tener evidencia sobre la atención a esta grave problemática, las últimas estimaciones oficiales indican que entre 2020 y 2021 el número total de embarazos adolescentes ascenderán a 191,948 —cerca de 22.000 más de los esperados—, lo que supone un aumento del 12% respecto a 2019. Como sociedad, debemos tener claro que, según estudios, la edad de la primera relación sexual en México es baja en muchas zonas —normalmente rurales— y la información sobre salud sexual y reproductiva es escasa, a lo que hay que añadir el drama que hay detrás de muchos de estos embarazos: el 10% de ellos son fruto de la violencia sexual, en su inmensa mayoría (80%) atribuida a familiares, vecinos o conocidos de la víctima.
Necesitamos comprender que el embarazo adolescente, además de ser un grave problema de salud y social que afecta los proyectos de vida de niñas y adolescentes, también vulnera sus derechos fundamentales e implica una compleja problemática en cuanto a salud pública, al traer complicaciones durante el embarazo y el parto que pueden ocasionar problemas permanentes e incluso la muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) que precisa que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Además, cada año, unos 3 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años se someten a abortos inseguros, por lo que prevenir que una niña o una adolescente se embarace es una cuestión de derechos humanos y es la llave para acceder a muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a continuar estudiando, a tener mejores oportunidades laborales, entre muchos otros. Nuestro país enfrenta complicadas estadísticas de salud sexual y reproductiva que la pandemia ha recrudecido, dadas las dificultades observadas para el acceso a los servicios de anticoncepción durante la contingencia, pues —aunque permanecen abiertos muchos servicio— su consulta se ha reducido un 20% por miedo a los contagios, lo que se traducen en ese incremento de embarazos no deseados. Si a ello se añaden las complejas y reales dificultades para acceder a un aborto en la gran mayoría del territorio de nuestro país, el panorama se presenta desolador y urgente de atender.
A julio de 2021 se registraron 8,876 nacimientos de madres menores de 14 años, lo que también refleja una problemática sobre una práctica patriarcal ancestral que se conoce como matrimonio arreglado, y que nuestra gobernadora, la Mtra. Evelyn C. Salgado Pineda, ha detectado y comenzado a atender a través de una estrategia que presentó de forma reciente en el corazón de la Región Montaña, una de las más afectadas por esta grave problemática. Necesitamos urgentemente escuchar a los y las especialistas, ya que, por ejemplo, la Directora del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez, expresó que una importante parte de estos embarazos son forzados y son la consecuencia de la violencia de género. En consecuencia, requieren de políticas públicas específicas. Por su parte, la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, afirmó que le preocupa el acceso de estas adolescentes a la información sobre salud sexual y reproductiva, algo en lo que participan las escuelas que hasta este momento no han vuelto a la modalidad presencial en un 100% —aunque parte de estos materiales se han promocionado de forma virtual—. En el caso de Mariana Pría, Coordinadora de Incidencia Política en Save the Children, aportó que “Las mujeres todavía se ven como propiedad de alguien que dirige sus destinos y controla sus acciones y deseos. También las niñas crecen pensando que no serán mujeres completas sin la unión con un hombre y la maternidad. Todo ello lo propicia el abandono de los estudios. Aunque el matrimonio infantil está prohibido, no impide que se unan informalmente”.
Por último, para trabajar en combatir esta grave problemática, debemos reflexionar sobre lo aportado por Arie Hoekman, Representante de UNFPA México: “Las personas adolescentes y jóvenes representan el presente y el futuro de cualquier sociedad. En la medida que este segmento de la población obtenga oportunidades para su inserción económica y social, a la sociedad en general le esperará un futuro más próspero”, así como reconocer que tenemos en el Congreso local de Guerrero, en la figura de la Diputada Beatriz Mujica, Presidenta de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, una aliada que ha iniciado a trabajar con compromiso en este tema. Con base a todo lo anterior, considero que es imperativo e impostergable hacer de la prevención —desde una educación sexual integral hasta servicios de salud al alcance de todas y todos— nuestra mejor herramienta para combatir esta lacerante problemática social, trabajando desde nuestros hogares, desde las escuelas, las instituciones, el poder legislativo y el ejecutivo… pero sobre todo, desde nuestras conciencias, dejando a un lado prejuicios y falsa moral, pensando en trabajar, todos y todas, a favor de una sociedad justa, segura e igualitaria.
