La política resulta indignante cuando quienes aspiraban a servir al Pueblo terminan caminando de la mano de quienes saquean y aterrorizan a nuestras comunidades. Eso es precisamente lo que se evidenció con uno de los más grandes escándalos de las últimas semanas, la exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc quedó expuesta públicamente, no por como dice ella ‘‘sus malos gustos en hombres’’, si no por su cercanía romántica-sentimental con criminales, específicamente con Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, líder de la organización conocida como La Chokiza, quien recientemente fue detenido y procesado por la comisión de delitos graves.
Una relación expuesta por evidencia fotográfica, videos y testimonios que circularon públicamente y que, ante la presión mediática, la propia exalcaldesa terminó reconociendo su relación como una “efímera”. Esa admisión, lejos de aclarar, profundiza el agravio, toda vez que, una persona que busca gobernar la Ciudad de México, y consolidar un partido político con responsabilidades públicas no tendría que compartir vida privada con alguien que las autoridades señalan como autor de extorsión, homicidios, secuestro, despojo de inmuebles y tráfico de drogas.
Todas y todos tenemos el derecho de amar a quien sea, de salir con la persona con quien mejor nos sintamos, pero este caso destaca por que no se trata de “un noviazgo inconveniente”, aun si fue una relación efímera, ya que esto fue una relación con una persona que desde hace tiempo era sabido públicamente que las autoridades lo habían identificado como alguien generador de violencia y de delitos de alto impacto.
Además de los señalamientos públicos por sus nexos personales, la exalcaldesa enfrenta ya el escrutinio formal de las instituciones. La Unidad de Inteligencia Financiera abrió una investigación contra Sandra Cuevas y su empresa matriz, Diamond Group, por presunto lavado de dinero y un crecimiento patrimonial difícil de justificar. El conglomerado, que agrupa desde dulcerías hasta una galería de arte, habría expandido su valor de forma tan acelerada que encendió las alarmas de las autoridades financieras.
Mientras la oposición y sus voceros se han dedicado por años a fabricar calumnias relacionadas con el narcotrafico en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de personas integrantes del movimiento de regeneración nacional, sin evidencia alguna; hay casos dentro de sus filas en donde la evidencia no es inventada sino clara y obvia. Sin embargo ninguno de sus canales de youtube, pseudo periodistas o autores de libros escribe ni un solo tuit al respecto, ni hablar de dar alguna declaración.
Cuando hablamos de esta clase de relaciones no solo es un asunto de discusión política, es un asunto de seguridad pública y de ética republicana. Gobernar implica honestidad y responsabilidad. Cuando un servidor público mantiene relaciones con figuras que todas las investigaciones señalan como vinculadas a extorsión y violencia, queda cuestionada su capacidad para proteger el interés público y la tranquilidad del Pueblo.
La narrativa que la oposición ha querido imponer en contra de las y los integrantes de la Cuarta Transformación se cae cuando se confronta con la evidencia. No todos los ataques son iguales, no es lo mismo denunciar sin pruebas que exhibir actos documentados. La ciudadanía merece que se castigue la corrupción y que se detenga a todos aquellos que se aprovechan de la política para promover negocios oscuros a costa del bienestar de las personas.
El Pueblo no quiere teatros ni simulaciones, queremos servidores públicos que erradiquen las situaciones de inseguridad de las colonias, garanticen seguridad y la justicia. Perfiles políticos que no cambien sus valores por favores, que no conviertan el cargo en un escenario de vanidad, reflectores o redes sociales. Frente a quienes aún intentan defender lo indefendible, la respuesta debe ser contundente: investigación, transparencia, y sanción cuando así corresponda.
El caso de Sandra Cuevas no es un asunto aislado ni un mero escándalo mediático, es la muestra más clara de lo que representa la vieja política, donde el poder se ponía al servicio de intereses criminales y personales antes que al de la ciudadanía. Frente a ello, la Cuarta Transformación reafirma que no hay cabida para los pactos oscuros ni para quienes hicieron de la corrupción y la impunidad su forma de vida. El Pueblo ya decidió, ese modelo se acabó, y nunca más volverá a gobernar en México.
