Las leyes se han convertido, a lo largo de su historia, en un lugar de reunión dónde ponernos de acuerdo. En ellas, tu verdad no es más que la mía; mi punto de vista, opinión, certeza, parcial, no debe quedar por encima de la tuya, la cual también está cargada de toda la subjetividad que mi bagaje personal puede darme.
Fueron pensadas como un recurso neutro para obligarnos a convivir a través del entendimiento en un mundo donde, sin ellas, simplemente nos seguiríamos despedazando. Su espíritu es de modernidad, aunque éste no nació durante la Ilustración. Montesquieu lo enunció y significó, pero es atemporal. Siempre, en toda latitud, en todo pueblo y civilización, han existido ellas o sus similares para celebrar acuerdos que idealmente deben ser objetivos y equilibrados a favor de la convivencia social. Ante mayores diferencias, leyes. Ante la heterogeneidad, leyes.
Sin embargo, la diversidad comunitaria, cultural y social hace que resulten imperfectas. Su práctica revela si son compatibles con la realidad que deben arbitrar. Su eventual reforma o derogación es inevitable ya que deben garantizar la justicia y el acuerdo en un escenario donde, siempre, una de las partes resultará con la sensación de haber perdido o cedido algo cuando lo que debería prevalecer es la sensación de justicia, no de victoria o derrota. Naturaleza humana.
Lamentablemente, su ejercicio no resulta nunca en uno objetivo, imparcial o equilibrado. Su acceso no ha sido universal. La justicia, pocas veces en nuestra historia, ha sido universal. Desde siempre ha sido un tema de élites. Según nuestros recursos, tanto pecuniarios como sociales y culturales, la forma que podemos andar su camino, uno preparado por el clasismo y la discriminación, que inevitablemente dan lugar a la corrupción.
El espíritu de nuestras leyes, las mexicanas, radica en los Sentimientos de la Nación morelianos, aquellos dictados en 1813 que permitieron el primer legajo considerado Constitución, la llamada de Apatzingán, en 1814. Solo la Guerra de Independencias no permitieron fueran desde entonces la génesis de nuestro nacionalismo. La segunda, ya como nación independiente, en 1824, donde el país fue definido por vez primera como una República representativa, popular y federal, integrada por estados independientes, libres y soberanos. Se refundó al país nacido como Imperio. En 1836 se promulgó una nueva, cuyo espíritu centralista y conservador nos costaría la escisión tejana, llevándonos a la polarización de la nación demostrando ausencia y espíritu de ella. Estados Unidos sacó ventaja de esto para llevarnos a una guerra injusta e inmoral donde perdimos la mitad del territorio y revelando las peores vergüenzas.
Sin embargo, fue la de 1857 que marcaría coyuntura al rumbo del país. El reitero de una República popular y representativa, la garantía de la instrucción pública, la separación de poderes a favor de la construcción de una consciencia nacional y llevar a la realidad la máxima que dice que la soberanía reside en el pueblo. Construir, al fin, ciudadanos y no súbditos de una clase que añoraba el regalismo y la iglesia. Sí, provocó nueva guerra civil e intervencionismo, pero el espíritu de la misma triunfó para restaurarla y tomar un camino en plena luz de una consciencia ahora sí, nacional. Su versión de 1917 no es otra más que un gran complemento social y demócrata, llevarla al plano horizontal una vez que la necesidad de una última Revolución tuvo lugar por los preceptos traicionados, especialmente lo que a los derechos humanos y el acceso a la igualdad y democracia refirieron los de la generación del 57.
Este 5 de febrero de 2024, el Presidente presentó no una nueva Constitución, pero sí leyes complementarias y reformas a la misma que pretenden actualizar y hacer justicia a esta realidad que provocó eligiéramos por la vía de la democracia un gobierno de izquierda y de transformación. Busca amarrar, concretizar y rebasar el mero discurso de todo por lo que hemos luchado a lo largo de nuestra historia.
De los 20 puntos presentados en Palacio Nacional, ninguno menos que otro. Destaco la justicia histórica, social y verdadera para nuestros pueblos originarios y afrodescendientes. Ellos, que son los más antiguos, han sido los desposeídos por todos. Hoy se les termina por reconocer como mexicanos, pero también dentro de su derecho ancestral y cultural de ser considerados de forma especial atendiendo sus unicidades sin caer en paternalismos o sentimentalismos. Los planes de justicia dejan de ser eso, planes, para convertirse en Leyes que todos tendremos que aprender y respetar para acordar y convivir en un nuevo pacto acorde a una realidad que siempre ha estado ahí, pero nos hemos negado a ver y atender. Hoy, la tendremos que aceptar. Las leyes les devolverán la dignidad arrebatada.
Además, están a favor de los obreros y trabajadores, verdadero motor de nuestra economía. Ha sido una incongruencia que perciban salario menor a la inflación económica, que dicta la realidad del costo de la vida diaria. Innegable que todos los días salen al trabajo pensando solo en el día, porque no alcanza ni para el comer de hoy. Pensiones y jubilaciones dignas también. El trabajador que logra llegar al final de su vida laboral se podrá despedir de la misma con el salario íntegro, no rebajado por fórmulas tramposas. Sí ha ahorrado a lo largo de su vida, que ello le sea devuelto acorde a lo devengado.
No es menor la reforma a la CFE. Devolverle su estadio estratégico y de interés público, es recuperar un dejo de toda la soberanía cedida por los capitalistas neoliberales a espaldas del pueblo, verdadero dueño de los recursos según dice la misma Constitución. El Presidente busca devolver la dignidad no solo al pueblo, sino a la Ley misma, cuyo espíritu está siendo, con estas reformas, exorcizado. Hagamos valer nuestra voluntad para que pasen. Si los Diputados y Senadores de quien esto dependerá nos representan genuinamente, si nos conocen como en sus discursos han dicho, debe ser aprobada
