Pluma Patriótica

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miércoles, 12 febrero, 2020
El Estado y el problema de la

El Estado y el problema de la soberanía. Parte 2

El problema de la soberanía está en la capacidad del Estado para ejercer de forma unitaria el poder político frente a la amenaza de la narcoinsurgencia, entendida como una forma de violencia destinada al fortalecimiento de centros autónomos de poder coercitivo. En su defensa, el Estado puede aplicar medidas excepcionales al caso excepcional, para que desde la Constitución (Art. 29) sea suspendido el derecho para garantizar la supervivencia del Estado mismo. Hasta ahora no han sido utilizados los poderes constitucionales de excepción (declaratoria de “desaparición” de poderes; suspensión de derechos para hacer frente a perturbaciones graves de la paz pública, etc.) pero el gobierno puede usarlos sin quedar fuera del marco constitucional, que es el único límite al monopolio que tiene sobre el uso de la fuerza física. El objetivo es el control de la violencia que ejercen los grupos que quieren dominar el mercado de las drogas -u otros mercados. La soberanía, en última instancia, tiene que resolver la pregunta sobre quien es realmente competente para decidir en caso de la mayor necesidad.

La primera obligación del gobernante con el pueblo es ejercer su poder en forma plena para decidir sobre el orden y la seguridad. Las formas pueden variar según el proyecto político, el origen del poder y la base social a la que se responda. Un gobierno emanado mayoritariamente de la voluntad popular otorga al jefe de Estado la fuerza necesaria para justificar las medidas de control y fuerza. El Estado debe entonces revestirse con legitimidad democrática. La paz -el control, no la ausencia de la guerra- será siempre resultado del dominio político que se logre fijar en una comunidad, por medios popularmente sancionados. El disciplinamiento de la clase política es la primera acción del jefe del Estado para decretar un orden, para definir quién posee el monopolio de la decisión última. La pacificación es, por tanto, un ejercicio de racionalización de la autoridad, que depende de la existencia de instituciones para que le hagan permanente. Las visiones anglosajonas aceptan también que un sistema político está emplazado a producir nuevos constreñimientos institucionales, como la base para promover la reforma de las pautas tradicionales de valores y conductas, y para desplegar su capacidad para asimilar a las nuevas fuerzas sociales producidas por un cambio de régimen, todo por medio de la acción estatal.  

En el marco de las formas de gobierno republicanas, los titulares de los poderes ejecutivos buscan evitar la fragmentación del poder, consolidando las lealtades a las instituciones, más que a grupos específicos. Como jefes de Estado, es recurrente que impulsen una relación especial con los integrantes de las fuerzas armadas: el pacto cívico-militar es el recurso decisivo para apelar a la lealtad del ejército al gobernante y a las instituciones. El pacto es un recurso crítico para reducir la probabilidad de la acción directa por parte de los militares. En un proceso de transformación social, dicha decisión es resultado de la creencia en que un cambio de régimen sólo es efectivo con un cambio en la relación con las fuerzas armadas; por el reconocimiento de que las fuerzas pretorianas son el único actor disponible para la acción inmediata en una comunidad, con capacidad para hacerle frente a grupos subversivos, como el narcotráfico y por la idea de que el titular del poder ejecutivo requiere extender su base de apoyo social en al cuerpo castrense (la visión de que el ejército es pueblo uniformado).

El problema de la soberanía está en que el orden y la seguridad no queden subordinadas a los valores y conductas del crimen organizado. La acción del Estado debe impedir en forma efectiva la consolidación de centros autónomos de poder coercitivo. Una táctica universal para ejercer el control sobre la violencia del crimen -o del poder de los sistemas parapolíticos- es vaciar sus bases de apoyo con la reforma social -reconduciendo las lealtades a la nación, reforzando los sistemas educativos y ensayando una mejor distribución del ingreso- de forma que se reduzca su capacidad para asignar autoritativamente valores en las comunidades donde tienen ascendencia. Esta reforma social puede venir acompañada de la incorporación masiva de los grupos sociales que exigen participación en un régimen tradicionalmente cerrado, mediante la innovación política. Hay muchas pautas en existencia, pero al final para contener la decadencia, hacer efectiva la reforma y alcanzar un cambio en lo fundamental, el Estado debe hacer efectiva la soberanía en su doble acepción de ejercicio unitario del poder y de monopolio de la decisión última.

 

Rafael Morales. Analista político. Ha colaborado para El Economista y la Radio Nacional Argentina.

@Rafael Morales

Otros títulos del autor:

-El Estado y el problema de la soberanía. Parte 1

-Proyecto político y cambio de régimen

 

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