En tiempos convulsos, plagados de grandes problemáticas sociales, desde la mirada progresista resulta crucial articular una ciudadanía activa, participativa y consciente de su entorno. Sin embargo, esta construcción de ciudadanía es una tarea profundamente compleja.
En mi entrega anterior, señalaba cómo la polarización, la fragmentación, la desinformación, el desinterés y la desafección social hacia la política y las instituciones se han convertido en grandes desafíos que dificultan la construcción de ciudadanía, tanto en México como en el resto del mundo.
La construcción de ciudadanía debe partir de un enfoque integral que contemple múltiples niveles de acción: el Estado, las organizaciones sociales, los movimientos ciudadanos y los individuos. No se trata de una tarea exclusiva de un sector, sino de un proceso colectivo en el que diferentes actores asuman roles complementarios y responsables.
El Estado tiene un papel fundamental como garante de los derechos ciudadanos y promotor de espacios de participación. Sin embargo, no debe actuar de manera paternalista ni unilateral, sino como facilitador y mediador de procesos que permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos y responsabilidades de manera plena.
Desde 2018, considero que el gobierno de la Cuarta Transformación ha cumplido, en primera instancia, con garantizar mecanismos de participación ciudadana, como las consultas populares, los presupuestos participativos y algunas plataformas de deliberación mediante los medios de comunicación públicos y las redes sociales. Además, se han impulsado leyes nacionales y locales que promueven la inclusión, la equidad y la rendición de cuentas, así como la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
Con la reedición de los libros de texto gratuitos, la Secretaría de Educación Pública asumió, en un primer esfuerzo, un rol clave en la formación de una ciudadanía crítica desde la escuela, fomentando valores democráticos, pensamiento crítico y el conocimiento de derechos y deberes.
Sin embargo, es importante señalar que aún falta mucho trabajo y compromiso desde las escuelas. Es necesario que el personal docente no solo transmita conocimiento, sino que también forme estudiantes conscientes de su papel en la sociedad y con habilidades para participar activamente en los procesos democráticos.
Esto también debe consolidarse desde las familias y comunidades. Al ser los primeros espacios educativos de las personas, las familias tienen la responsabilidad de inculcar valores de convivencia, solidaridad y respeto.
No debemos olvidar el papel sumamente importante de las organizaciones sociales y los movimientos ciudadanos, que son agentes esenciales para la construcción de ciudadanía, especialmente en contextos donde el Estado no cumple plenamente con su papel. Estas entidades tienen la capacidad de empoderar a las comunidades, visibilizar problemas estructurales y articular demandas colectivas. Su legitimidad proviene de su cercanía con las necesidades específicas de la población. Feministas, ambientalistas, indígenas, estudiantiles, LGBTQ+ y otros movimientos deben continuar liderando la agenda ciudadana desde sus luchas particulares, con el reto de articularse en un frente común que permita avances estructurales, incluso cuando su agenda no siempre encuentre puntos de convergencia con la llamada Cuarta Transformación.
La construcción de ciudadanía no es responsabilidad exclusiva del Estado, de las organizaciones sociales o de los individuos, mucho menos de los partidos políticos. Es una tarea colectiva que requiere la colaboración de todos los actores sociales. Si bien ciertos sectores deben encabezar procesos específicos, el éxito de este proyecto depende de la sinergia entre todos ellos.
La ciudadanía no solo se construye desde las grandes instituciones o movimientos, sino también desde las pequeñas acciones cotidianas que refuercen valores como la solidaridad, la justicia y la democracia. Este enfoque multidimensional permitirá avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y participativas.
Hasta la próxima.