Los números recientes de la ENIGH confirman que México vivió un logro histórico: más de 13 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024, 8.5 millones de ellas en el último cuatrienio. Nunca, en la era de la medición moderna, habíamos visto una reducción de tal magnitud. Esto es evidencia de que el humanismo mexicano y el modelo de la Cuarta Transformación funcionan: salarios más altos, programas sociales universales y redistribución de la riqueza han rendido frutos para revertir décadas de rezago.
Pero reconocer los avances no significa cerrar los ojos a los desafíos. El más grande sigue siendo llegar al decil más bajo, a quienes se encuentran en pobreza extrema. Ahí se concentran las condiciones más adversas: falta de servicios básicos, barreras lingüísticas y territoriales, y algo más silencioso pero decisivo, la carencia de documentos de identidad.
La narrativa de que “el mejor programa social es el trabajo”, empujado desde las derechas, trata de ganar vigencia para desacreditar la necesidad y utilidad de los programas sociales. Es un argumento atractivo en apariencia, pero profundamente equivocado. El trabajo y programas sociales no son excluyentes, son complementarios. Los programas atienden a quienes no pueden trabajar, como lo son niños, jóvenes en edad escolar, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y también a quienes, aun trabajando, no alcanzan un ingreso suficiente. En México, más del 11 por ciento de las personas trabajadoras no ganan lo necesario para alimentar a sus familias. En esos casos, los programas no sustituyen el salario, lo refuerzan, y al hacerlo, protegen derechos fundamentales.
El problema es aún más complejo para quienes ni siquiera logran ingresar a los padrones de programas sociales porque carecen de documentos básicos. Según estimaciones más de un millón de personas en nuestro país, no cuentan con acta de nacimiento. La ausencia de ese documento genera un efecto dominó: sin acta no hay CURP, sin CURP no hay registro escolar ni acceso pleno a servicios de salud, ni posibilidad de tramitar apoyos sociales. Y sin identidad legal no hay puerta de entrada a un empleo formal con prestaciones. El derecho humano a la identidad es un derecho llave: abre el acceso a los demás derechos y garantiza que cada persona pueda ser reconocida, protegida y atendida por el Estado.
Mientras las encuestas miden los avances, hay un sector que queda fuera del radar porque literalmente no existe en los registros. No es casualidad que se concentren en comunidades rurales o marginadas, donde el Estado tiene menos presencia institucional. En estos casos, “primero los pobres” significa primero garantizar su derecho a existir legalmente ante el Estado.
La prioridad debe ser universalizar la identidad legal. Hacer campañas masivas de registro gratuito, con brigadas móviles en comunidades apartadas, ventanillas que no exijan trámites imposibles y sistemas interconectados que faciliten la obtención de actas, CURP y credenciales. De esto va abrir la puerta a la escuela, al hospital, al programa social, al empleo formal. Sin identidad legal, la política de bienestar nunca podrá cubrir del todo a quienes más lo necesitan.
La discusión sobre programas sociales y trabajo debe plantearse en su justa dimensión. El aumento al salario mínimo, que en seis años superó el 110 por ciento en términos reales, es una conquista histórica. Pero incluso con mejores salarios, hay millones que requieren el complemento de los programas. Y hay otros millones que requieren primero ser documentados para poder participar plenamente en el sistema. Reducir la pobreza no es cuestión de elegir entre programas o trabajo, sino de garantizar ambos: empleos dignos y derechos sociales universales.
Lo que está en juego es la coherencia del lema “primero los pobres”. No basta con reducir las tasas de pobreza en promedio si la base más empobrecida queda fuera del alcance. El verdadero éxito de la transformación se medirá por la capacidad de cubrirlo todo, de no dejar a nadie afuera, no dejar a nadie atrás, de asegurarse de que ningún niño, nunca más, carezca de acta de nacimiento, que ninguna familia quede excluida de un programa por no tener CURP o credencial.
La pobreza extrema no es solo falta de ingreso, es falta de reconocimiento. Y el reconocimiento empieza con un documento de identidad. El Estado tiene la obligación de ver y nombrar a cada persona, porque solo así el derecho a la igualdad se convierte en realidad.
