En México, antes de la llegada de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se hablaba muy poco de la importancia de la digitalización en los sistemas operativos gubernamentales. De hecho, la adaptación tecnológica nunca fue prioridad para los gobiernos que se jactaban de ser innovadores en la implementación de sus políticas públicas; es decir, de los gobiernos neoliberales que antecedieron el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones utiliza la creación de un sistema avanzado de inteligencia para crear infraestructura nacional de datos y mejorar la toma de decisiones gubernamentales. Por eso, respaldada de la Constitución y en específico de la Ley de Simplificación y Digitalización, estos cambios fueron planeados progresivamente. Para poderse llevar a cabo, el 1 de julio del 2025 el Congreso de la Unión aprobó en lo general la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre sus principales novedades se incluyen la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la asociación de las líneas móviles a la CURP de las y los usuarios y el acceso universal a internet.
Todo esto contribuirá a reducir el número de trámites, requisitos y resoluciones, y tener al menos el 80% de todos los trámites existentes disponibles en línea; es decir, para lograr la transformación digital del sector público centrada en el Pueblo, integrada y sostenible, lo que se conoce según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2024) “Revisión del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe” como un gobierno digital (OECD/CAF, 2024) que aborde las desigualdades estructurales y ofrezca la oportunidad del involucramiento de la ciudadanía en la sociedad y el desarrollo económico.
El Humanismo Mexicano es un modelo que ha venido a dignificar el lugar que por derecho de nacimiento corresponde al Pueblo, y que debe adaptarse a la administración pública actual por medio de la cual se implementa, sin rezagos ni discriminación alguna. Un gobierno humanista como el de México, tiene la responsabilidad de adecuar la ley para que sus políticas públicas lleguen a todos los rincones, más aún si se trata de la universalidad; más aún cuando se trata de derechos humanos.
La digitalización implica reivindicar los derechos de las personas en el entorno digital por medio de la privacidad, el acceso universal, la justicia, la participación y la equidad. Estos derechos en el ámbito digital, exigen por sí solos que el desarrollo tecnológico del Estado implique una gobernanza con transparencia; esto es, que prevalezca la protección a los datos personales, la pluralidad informativa y la rendición de cuentas.
En este contexto, es legítimo el cuestionamiento acerca de los retos que implica, pero también es deber no caer en la desinformación, pues es bien sabido que son los gobiernos de oposición como el PRI y el PAN, que más allá de hacer críticas constructivas, desinforman con el fin de amedrentar a la población. No es casualidad que fueron estos gobiernos los que utilizaron el aparato estatal para espiar, vigilar ilegalmente o hacer uso discrecional de tecnologías contra periodistas, funcionarios, opositores y hasta activistas.
No se puede olvidar el llamado caso Pegasus, en el que se espió a representantes, funcionarios y civiles durante el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por medio de un software israelí, que —además— lo antecedieron softwares espías como FinFisher y el sistema “Rafael” para la intercepción masiva de comunicaciones. De igual manera, el CISEN, que elaboraba expedientes sobre políticos opositores, líderes sindicales, estudiantes y hasta miembros del clero, sin dejar de lado que la PGR y SSP hicieron en aquél entonces contratos millonarios con empresas privadas para adquirir tecnología de escucha telefónica.
Es de destacarse que hoy en día existen leyes que respaldan y protegen a las y los ciudadanos en el tratamiento de datos como las leyes federales de Protección de Datos Personales. Aunado a ello, existen Códigos de Ética en la Administración Pública que respaldan este tipo de iniciativas.
Una digitalización con enfoque humanista no sólo es pertinente, sino indispensable en el marco de un gobierno verdaderamente digital, pues representa una oportunidad para mejorar la eficiencia de la administración pública, establecer sistemas de interoperabilidad entre instituciones e innovar las plataformas gubernamentales, facilitando el acceso a trámites y servicios.
En este contexto, el Humanismo Mexicano es una brújula ética y política que orienta el desarrollo tecnológico hacia el bien de todas y todos. Bajo esta visión, la digitalización no se limita a la modernización, sino que es también una herramienta para ampliar libertades, garantizar derechos y generar oportunidades para todas las personas.
