Es un hecho que la reforma al Poder Judicial de la Federación del 15 de septiembre de 2024 marcó un antes y un después en la forma en que se venía impartiendo justicia en México. Estamos ante la conformación de un nuevo derecho constitucional mexicano, toda vez que las bases sobre las cuales está cimentado han cambiado. En este sentido, la reforma en comento es quizás más relevante que la acaecida en 1994, pues si bien, ambas comparten elementos “comunes” en torno a la eficiencia del Poder Judicial con la conformación de órganos especializados, la reducción del número de personas Ministras, así como los periodos respecto de los que ejercerían su encargo, entre otros; también es cierto que, la reforma de 2024 está marcada por un elemento trascendental en la judicatura nacional, el respaldo popular a través del voto.
De tal forma que, vale la pena puntualizar que la reforma de 2024 partió de una premisa fundamental, la ausencia de una verdadera independencia judicial, pues a pesar de los cambios generados en 1994, en todo momento se encontraron en tela de juicio los vínculos que la judicatura podría establecer con los “grupos de poder” en el país, sobre todo considerando que el máximo tribunal nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conoce de los asuntos más importantes y relevantes, presentaba un vicio de origen en su conformación, toda vez que, los Ministros y las Ministras que integrasen dicho Tribunal, indudablemente presentarían una relación con el Poder Ejecutivo, ya que su elección quedaba supeditada a la terna que, en su momento presentase el titular del Ejecutivo Federal ante el Senado de la República.
En este tenor, es oportuno contemplar que desde 1994 se concibió al Consejo de la Judicatura Federal como un órgano integrante del Poder Judicial con independencia técnica y de gestión, encargado de velar por la autonomía, independencia e imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y las áreas administrativas en torno a la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, sin embargo, ello no pudo consolidarse, puesto que al igual que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, padecía de un vicio en su integración, ya que la persona que lo presidía era la misma que encabezaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgiendo la interrogante ¿Quién se sancionaría a sí mismo?, que su vez da respuesta a los grandes problemas de nepotismo, redes de tráfico de influencias, impunidad y corrupción que se presentaron en el Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, no debemos perder de vista que todo Poder Público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, por lo que tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterarlo o modificarlo. En esta vertiente, la mayoría de las mexicanas y mexicanos en las elecciones federales de 2024 refrendaron su confianza en la transformación de México, lo cual permitió la consecución de un cambio en el Poder Judicial que desde hace tiempo se venía demandando, y que a través de la mala implementación de “mecanismos jurídicos” se frenaba, pues como sostiene el Ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, no corresponde a los jueces frenar una transformación social votada por la mayoría, so pretexto de la defensa de los derechos de las minorías.
Ahora bien, no es un secreto que como en todo proceso novedoso, en este nuevo constitucionalismo mexicano existirán elementos a perfeccionar. De ahí que lejos de partir de la desacreditación, es momento de que, desde los Poderes de la Unión, la academia y la sociedad civil, se trabaje de manera conjunta en torno a hacer valer la voluntad del pueblo mexicano, mejorando aquello que sea perfectible, pero siempre bajo la premisa de respetar la decisión del pueblo de México.
De tal manera que, con la reforma judicial de 2024 se han sentado las bases y principios de un nuevo Derecho Constitucional Mexicano que impulsa la transformación nacional, que parte desde el abatimiento de las desigualdades sociales, respeto y progresividad de los derechos fundamentales, simplificación administrativa del Estado, seguridad y justicia, así como respeto a la soberanía nacional; lo cual, sin duda alguna generará cambios sustancialmente positivos en la vida de todas y todos los mexicanos, y que hasta hace no mucho parecían impensables ante un voraz neoliberalismo. Hoy México se transforma y avanza gracias a la participación de todas y todos los mexicanos que han hecho posible cimentar las bases constitucionales sobre las cuales nuestro país renace.
