Pluma Patriótica

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El nuevo (viejo) golpismo latinoamericano

A fines del siglo XX, el discurso de las élites sobre la defensa de la democracia electoral rápidamente cundió entre los países de una América Latina y el Caribe acostumbrada al terror de sucesivos golpes de estado auspiciados por la CIA, que establecieron cruentas dictaduras militares. Al mismo tiempo, se utilizaba a las luchas democráticas como descalificación directa a la vía armada por la que optaron algunas organizaciones de izquierda ante el autoritarismo de los gobiernos avalados por Estados Unidos.

El supuesto triunfo ideológico que representó la caída de la Unión Soviética, fue vendido con el eslogan liberal del Fin de la Historia; bajo el sofisma que equiparaba al sistema capitalista y la economía de mercado con la democracia plena. Pero en nuestro continente, la lucha en contra de todo lo que siguiera pareciendo “comunismo” fue la cruzada que asumieron los grupos civiles o militares más fundamentalistas, de expresiones tanto católicas como cristianas, que reivindicaron “la tradición” y “el orden”.

Lo que se nos vendió como “democracia” era en realidad la continuidad de la dominación por parte de las mismas élites, quienes no dudaron en defender los intereses transnacionales para mantener el auspicio de los gobiernos tanto republicanos como demócratas, de los Estados Unidos.

En ese contexto, y bajo la extensión del discurso de los derechos humanos, ya no era bien visto que los militares ejercieran directamente el poder, por lo que se asumía, que las elecciones periódicas eran el procedimiento perfecto para legitimar la sucesión política de las mismas élites, que podían tener diferencias formales entre ellas, pero que coincidían en la necesidad de mantener la estructura social inalterada. Se pretendía exportar el modelo bipartidista norteamericano, donde el cambio periódico de un gobierno. no significará una amenaza a los grupos de poder fácticos y establecidos.

Este modelo no contempló que, bajo ese mismo sistema de alternancia política, pudieran abrirse camino al poder, dentro de las mismas reglas de la competencia electoral, opciones más vinculadas a los intereses de las grandes mayorías sin necesidad de una definición univoca. Progresismo, izquierdismo, indianismo, socialismo y populismo fueron varios de las denominaciones impuestas a principios del siglo XXI a la nueva emergencia de alternativas políticas que rompieron la hegemonía cultural del neoliberalismo. A esos “defensores de la democracia, la familia, la patria y Dios”, ya no les gustó darse cuenta que sus críticos podían hacerse del poder por la vía constitucional.

Esto bastó para que recuperaran sus tendencias golpistas, pero ahora cuidándose de hacerlos pasar por procesos judiciales en contra de las autoridades legal y legítimamente establecidas. Se aprovecharon que en general, el sector judicial es un refugio natural de los intereses más conservadores de la sociedad, poder que no pone en disputa su continuidad en los cargos, por medio de procesos abiertos de elección. Así se intentaba minar la autoridad política de los personajes o dirigentes que fueran considerados una amenaza a los intereses oligárquicos, o intentaba bloquear por sentencias judiciales la posibilidad de presentarse a elecciones.  A todas estas acciones de desestabilización, se les negaba su carácter golpista, a pesar de atentar en contra de la decisión soberana expresada en las urnas.

El nuevo proceso golpista latinoamericano del siglo XXI —que arranca con la fallida asonada a Hugo Chávez en 2002— se vio concretado con la remoción por vía de la fuerza de Manuel Zelaya en 2009. Desde ahí, son muchas y grotescas las piruetas ideológicas que se tienen que hacer para equiparar estos procesos de desestabilización con la “defensa de la democracia y la legalidad”. Tres son los ejemplos más recientes de este esquema, en donde comprobamos que estos nuevos golpes, no pueden operarse a menos que se cuente con apoyo entre las fuerzas armadas, ya sea militares o policiacas.

Tanto en la Bolivia de 2019, como en el Perú de 2022 y en el Brasil de 2023 las supuestas movilizaciones “espontáneas” fueron auspiciadas por las élites económicas, magnificadas por los medios de comunicación y justificadas por las instituciones opositoras al Ejecutivo que se pretende derribar. Las “marchas de blanco y por la paz” son el inicio abierto de campañas que llaman a las fuerzas armadas a insubordinarse y tirar a los gobiernos que se consideran amenazas. En ambos países andinos, estas jugadas tuvieron éxito, pero la abierta intervención de los estamentos armados se intenta ocultar bajo el discurso de “movilizaciones ciudadanas” y la llegada de mujeres al máximo cargo del país.

En México, tenemos muy claro que cuando la derecha y los conservadores han perdido, volverán para hacer todo lo posible por arrebatarnos la soberanía que nos pertenece. Pero aquí, volverán a topar con el Pueblo.

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