Por: Liber Iván León
Una sociedad democrática se caracteriza por contar con instituciones —reglas del juego del conflicto social— diseñadas para encontrar soluciones que repercutan en beneficios compartidos, ampliación de derechos, progreso económico, político y social; en un país democrático, los intereses de los grandes grupos de la sociedad están representados. Los árbitros defienden y hacen valer las reglas aún contra los poderes e intereses particulares y la sociedad civil se organiza para hacer valer sus demandas al margen del poder político y estatal.
Lo normal en una sociedad es el conflicto, dado que regularmente todos queremos los mismos recursos y en el mismo momento. La creación de instituciones tal vez no nos permite resolver el conflicto, pero sí al menos posponerlo o encauzarlo de una forma eficiente y con la menor violencia posible. Si todos queremos llegar primero en nuestro automóvil, conviene organizarnos con reglas de tránsito. Si todos queremos decidir nuestros representantes políticos, creamos y consensuamos instituciones que permitan evitar el fraude, buscar una competencia legítima y equitativa, promover un debate con argumentos que de la posibilidad a los lectores de elegir lo mejor informados posibles.
Sin embargo, las instituciones también pueden servir, cuando son capturadas por el poder económico o político, para defender privilegios o evadir la justicia. Por ejemplo, en las negociaciones para pasar de la dictadura a la democracia en Chile, el dictador Pinochet consolidó su influencia en las instituciones de justicia y negoció una inmunidad en donde se sacrificó la justicia por la estabilidad y el gobernante más violento y criminal de la historia de Chile nunca fue condenado a prisión a pesar de las innumerables pruebas de sus crímenes.
En México, estamos en un largo camino por construir la democracia, las instituciones aún son capturadas por las élites y las dejan “sin dientes” o las subordinan a intereses particulares. Los representantes de las instituciones pueden desvirtuar el objetivo de estas. Todos vimos el patético cambio de personalidad, giro ególatra, de Lorenzo Córdova cuando pasó de dirigente del INE a militante de la “marea rosa” –que, como todos sabíamos no tenía nada que ver con la defensa de la democracia sino con un abierto apoyo de Claudio X. González a Xóchitl Gálvez—. Este tipo de actos no sólo desvirtúa a los que encabezan las instituciones, sino que deja dudas muy serias sobre la imparcialidad de los funcionarios que aún deciden asuntos y recursos de interés público.
“Míralos, como reptiles al acecho de la presa
Negociando en cada mesa, maquillajes de ocasión
Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre
Locos por que nos deslumbre su parásita ambición”[1]
Tenemos también una resistencia latente de la Suprema Corte de Justicia a la presidencia y a las decisiones de la Cámara de Diputados que no corresponden a lo que debería ser un equilibrio de poderes, en lugar de ello, hay casos de una burda defensa de intereses y privilegios. Ya sea avalando amparos en favor de los intereses fiscales de empresas evasoras, deteniendo la reforma al INE, defendiendo intereses de empresas extranjeras en la reforma eléctrica o, más burdamente, liberando delincuentes relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.
Más recientemente, hemos sido testigos de un Instituto Electoral para la Ciudad de México (IECM) que acordó censurar las declaraciones que vinculan a Santiago Taboada, candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX, con el Cártel Inmobiliario. El acto de censura dejó ver de qué lado está el árbitro, pues con su censura buscaba incidir en la campaña a favor de la alianza PRI-PAN-PRD en la CDMX y limitar que los electores siguieran conociendo el entramado criminal de corrupción que se ha tejido en la Benito Juárez en torno a las extorsiones al sector inmobiliario.
A pesar de las innumerables pruebas de la existencia del cartel inmobiliario, a pesar de más de quince funcionarios sancionados, declarados culpables y algunos presos, a pesar de los expedientes abiertos, el IECM consideró que eran calumnias. Es muy grave cuando los árbitros son parciales, cuestiona no sólo su función al centro de la institución, sino cuestiona los fundamentos de las propias instituciones. Por suerte, la reacción de la sociedad a la censura fue de indignación y protesta.
Contra la parcialidad de las instituciones, se demanda una participación vigilante de la sociedad y el mejor antídoto contra un árbitro parcial es una goleada. Es necesaria una votación masiva, salgamos a votar este 2 de junio.
[1] Luis Eduardo Aute, «La belleza».
@CatemacoTrader
Maestro en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, con estudios de doctorado. Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación: Desarrollo económico e instituciones, economía mexicana, desarrollo tecnológico y mercado laboral.
