Nuestro país se compone de 32 entidades federativas, en él habitamos 126,014,024 mexicanos. Es claro que no todos compartimos las mismas ideas, costumbres, tradiciones, perspectivas, entre muchas otras cosas; sin embargo, no importando si nos ubicamos en el norte, en el centro o en el sur, todos somos mexicanos, y por ende tenemos un denominativo común, el amor por nuestro país.
En este sentido, los mexicanos debemos ser conscientes y sentirnos orgullosos de la historia de nuestra nación, de los acontecimientos que la han marcado, y sobre todo de las luchas que las generaciones que nos precedieron sostuvieron y que, gracias a ello, hoy en día podemos decidir libremente, sin presiones extranjeras respecto a lo que deseamos para nuestro país.
En esta tesitura, uno de los acontecimientos más relevantes por su impacto hacia el futuro es, sin duda, la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, promulgada el 15 de septiembre de 2024. Por primera vez, se abre la posibilidad de consolidar una auténtica República representativa y democrática en México, ya que, mediante el voto popular, el Pueblo legitimará plenamente el ejercicio del poder público en los tres Poderes de la Unión. Este hecho quedará registrado en la historia como el momento en que los representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial contaron con el respaldo ciudadano y, con ello, consolidaron de manera plena el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, es un hecho que el acontecimiento en cuestión abre la puerta al debate y la crítica sobre todo por parte de aquellos que tienen una opinión contraria a la voluntad del Pueblo, lo cual es posible y válido en virtud de la democracia que impera en nuestro país. Teniendo en cuenta que no se desconoce que existen rubros que pueden ser perfectibles, lo que no es discutible es que este cambio surgió de la voluntad del Pueblo de México.
En este orden de ideas, es dable señalar que nuestra Carta Magna prevé la organización de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, el cual recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, definiendo las políticas públicas adoptadas por el Gobierno. Por lo tanto, es oportuno tener en consideración que el Plan Nacional de Desarrollo constituye la guía de los objetivos y acciones del Gobierno de México en los próximos años, siendo importante recalcar que, si bien es cierto, el Poder Ejecutivo es quien lo elabora, también lo es que el Poder Legislativo a través de la Cámara de Diputados es el encargado de su análisis y aprobación, constituyendo este un claro ejemplo de la colaboración y dirección única que debe tener el ejercicio del poder público.
Por lo anterior, es pertinente mencionar que el Poder Judicial hasta antes de la reforma estaba rodeado por una especie de “misticismo”, en el que difícilmente la ciudadanía conocía su funcionamiento o integración. Resulta innegable que el Poder Judicial bajo la premisa de su “especialización” se mantenía alejado y ajeno de la realidad que enfrenta el país, y que claramente podía vislumbrarse en las aspiraciones y demandas de la sociedad que se recogen en el Plan Nacional de Desarrollo.
Es así como nos encontramos ante una oportunidad invaluable para que todos nos sumemos al desarrollo, crecimiento y estabilidad de nuestro país, es momento de que el ejercicio del poder público tenga un único objetivo. Es momento de que el Poder Judicial se sume a concretar la consecución del Plan Nacional de Desarrollo, pues uno de sus Ejes Generales está encaminado a la “Gobernanza con Justicia y participación Ciudadana”, a través de fortalecer y garantizar el respeto de los derechos humanos en México.
Desde el Tribunal de Disciplina Judicial, asumo el compromiso de velar por el bienestar de México y de contribuir, desde la trinchera judicial, al desarrollo nacional. Es momento de sumar el esfuerzo del Poder Judicial al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy más que nunca, debemos unirnos y no dividirnos, porque —como lo ha expresado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— un país más justo y equitativo necesita un sistema de justicia eficaz, accesible y cercano a la ciudadanía, que garantice el ejercicio de los derechos con certeza y seguridad. Sumemos a México un Poder Judicial autónomo, comprometido y verdaderamente cercano al Pueblo.
