La maternidad libre y voluntaria siempre ha sido un campo en disputa. Desde los años setenta en que las feministas empezaron a trabajar por la despenalización del aborto y el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, se ha ido poco a poco avanzando en configurar nuevos referentes que nos permiten abordar la reproducción no solo COMO un proceso biológico, sino que está determinada por condiciones materiales y relaciones sociales.
Durante siglos se construyó la narrativa de que la maternidad es un proceso universal y que todas las mujeres estamos capacitadas para ser madres, aun cuando es un proceso moldeado culturalmente al que estamos expuestas las niñas y mujeres. Cuando se plantea que no todas queremos o aceptamos la maternidad como un proceso natural, entonces se generan un conjunto de sanciones y debates sobre la misma.
Como dice Marta Lamas el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es una de las demandas básicas y más antiguas del movimiento feminista y, desde su resurgimiento en la década de 1970, ha estado asociada al aborto. En América Latina, las feministas han planteado la interrupción de un embarazo no deseado desde diversas perspectivas: como un asunto de justicia social, como una cuestión de salud pública y como una aspiración democrática.[1]
Una de las primeras entidades que aprobaron la no sanción a quienes abortaran fue el entonces Distrito Federal que publicó dicha reforma el 24 de abril de 2007 en la Gaceta Oficial. Después vino la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, conocida como ILE, y que aún cuando fue objeto de controversia constitucional, la Suprema Corte de Justicia resolvió a favor en 2008.
Desde ese momento ha seguido una lucha permanente por legalizarlo en otras entidades del país. La Ciudad de México, sigue siendo la gran aliada de muchas mujeres de otros estados de la república, también se ha legislado en Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila, Veracruz, Colima, Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes.
En Jalisco prevalecen las tres causales bajo las cuales el aborto está permitido: Malformaciones genéticas, violación y peligro de vida de la gestante. Sin embargo, hace unos días, llegó a las instalaciones de una clínica materno infantil, una menor de 12 años quien fue violada por su padre y aun cuando el embarazo estaba avanzado, solicitaron ser atendidas para practicar la ILE. Desafortunadamente, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Igualdad Sustantiva la tuvieron más de 12 días internada y queriendo convencerla que aceptara el producto de la violación, o sea su hijo y hermanastro. Mostraron su ideología conservadora y violenta al querer obligarla a parir sabiendo las condiciones. Por eso tardaron en ofrecer la opción requerida, además de argumentar no contar con personal especializado para ello. Para fortuna de la niña, quien a través de las redes de mujeres, dicho proceso pudo ser realizado.
¿Cómo es posible que no se atendiera como un problema de salud pública y de justicia social para esa niña? Ella provenía de una comunidad indígena del norte del estado, porque son ellas, las indígenas y las campesinas que viven en zonas rurales, quienes no cuentan con redes sociales de apoyo y acompañamiento, que muchas ocasiones mueren por abortos ilegales. Y como reafirma Lamas, “las niñas indígenas concentran todas las desventajas de la pobreza: la subordinación generacional, la desigualdad de género y la discriminación étnica” (Bonfil, 2004).
Por supuesto, también en estas comunidades ya sea indígenas o rurales, la educación sexual es muy precaria, ya que ni siquiera cuentan con centros de salud, incluso, me han contado que en ocasiones, son violentadas sexual y psicológicamente en los propios centros de salud por los médicos. Recae sobre ellas, la pobreza, la desinformación, el miedo y el temor a la denuncia.
Me alegro que la menor de 12 años, violada por su padre haya sido recibida en la Ciudad de México por el personal de salud y por especialistas, que le hayan brindado la ayuda necesaria para no cargar con el peso social, político e ideológico de dicho embarazo.
Afortunadamente en este marco, el pasado 25 de abril, un día después de practicarle la ILE a la menor, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, ordena al Congreso del Estado de Jalisco, derogar las penas por abortar, así se convertirá en el decimotercer Estado en despenalizar el aborto.
Fue GIRE[2] quien, a través de un amparo, promovió la modificación del Código Penal para despenalizar el aborto y a pesar de que, desde septiembre de 2023, la Suprema Corte despenalizó el aborto en todo el país y declaró inconstitucional la prohibición actual del procedimiento en el Código Penal, en gran parte de los congresos locales aún no han derogado el delito de aborto auto procurado y consentido.
Hoy seguimos afirmando que requerimos rducación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y que sigue más vigente que nunca. Porque la maternidad tiene que ser libre y voluntaria y el Poder Legislativo del Estado, esta obligado a atender las reformas para derogar la penalización del aborto y sino, entra en desacato.
[1] Marta Lamas (2008): El aborto en la agenda del desarrollo en América Latina. Perfiles latinoamericanos
[2] Grupo de Información en Reproducción Elegida
