Por: Román Meyer
Para comprender y abordar los grandes retos urbanos en el oriente del Estado de México, es fundamental entender sus dinámicas y escalas. Las políticas públicas del gobierno federal deben incluir estrategias metropolitanas que integren de manera efectiva estas vastas zonas urbanas, que enfrentan carencias significativas en servicios básicos, equipamientos urbanos, vivienda y movilidad. Actualmente, el 24.3% de la población en esta área vive con alguna carencia, el 61% no dispone de infraestructuras viales adecuadas y el 76% no dispone de mobiliario urbano (Características del entorno, INEGI, 2020). Esto refleja la urgencia de diseñar un enfoque integral que trascienda el discurso y se convierta en una realidad tangible para millones de habitantes.
Una herramienta clave para abordar estas desigualdades es el concepto del Derecho a la ciudad, propuesto por el filósofo Henri Lefebvre en 1968. Lefebvre sostenía que el proceso de urbanización no debe entenderse únicamente desde una perspectiva económica, sino como un proceso colectivo, donde el Estado y la ciudadanía trabajen juntos para definir las condiciones mínimas de habitabilidad. Este concepto subraya la importancia de garantizar acceso a servicios esenciales, como agua, drenaje, equipamientos urbanos y espacios públicos, en las regiones carentes, y equiparar esas condiciones con las zonas que concentran mayores recursos.
El derecho a la ciudad también implica una participación de la sociedad en la toma de decisiones, promoviendo que la urbanización sea fruto de un ejercicio democrático en el que todos los actores, especialmente los más vulnerables, formen parte de la construcción del futuro urbano. Se plantea la necesidad de priorizar la inclusión y la integración de áreas marginadas a los circuitos de desarrollo y bienestar.
Una de las zonas del país donde esta desigualdad es más evidente está en el oriente del Estado de México. A solo 9 km del corazón de la Ciudad de México, esta región enfrenta tasas alarmantes de pobreza, con un 54% de la población viviendo en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2020). Además, el 12.9% de las viviendas están deshabitadas (CONAVI,2020), y un 17.5% de los hogares carecen de servicios básicos (CONEVAL, 2020). Conformada por 11 municipios, casi 6 millones de sus habitantes residen en condiciones de segregación urbana, muy por debajo de las personas vecinas de la Ciudad de México.
Desde su campaña en 2018, la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso un programa de mejoramiento integral para esta región, que incluye acciones de vivienda, regularización, servicios de salud, nuevas redes de agua potable, sistemas de transporte público, viaductos, escuelas, repavimentación de avenidas principales y la creación de senderos seguros. Se busca mejorar la conectividad física de la zona, garantizando que las intervenciones se alineen con las principales arterias, creando una red que refuerce la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los peatones. Estas inversiones en infraestructura serán fundamentales para transformar el rostro de esta zona y reducir las brechas de desigualdad.
El proyecto se inscribe en una estrategia urbana más amplia que tiene como eje la coordinación interinstitucional, con una estrecha colaboración con los gobiernos locales, especialmente con el del Estado de México. El éxito en este tipo de mejoras radica en la colaboración y la implementación de estrategias metropolitanas. A nivel global, se han observado ejemplos de políticas exitosas que abordan problemas similares. En los años 70, Curitiba, Brasil, implementó un sistema de transporte público que redujo el uso del automóvil en un 30%. En el Gran París, la expansión de 200 km de líneas de transporte público y 68 estaciones ha reducido los tiempos de traslado en un 27%. En Medellín, Colombia, la integración de nuevos sistemas de transporte con espacios públicos ha revitalizado áreas previamente excluidas del desarrollo urbano.
Estos casos de éxito tienen características comunes: la integración de sistemas de transporte público, la creación de equipamientos urbanos y espacios públicos en zonas desatendidas, y un enfoque de planificación urbana que toma en cuenta las necesidades de las comunidades.
Estos modelos demuestran que integrar vivienda, servicios y transporte público en un marco de planificación urbana y colaboración interinstitucional robusta es clave para transformar regiones urbanas marginales.
Por lo tanto, la integración no debe entenderse únicamente en términos políticos o administrativos, sino en la conexión física de las intervenciones sobre el territorio, vinculando tres componentes esenciales de cualquier sistema urbano: vivienda, equipamientos urbanos y un sistema de transporte público eficiente. Este enfoque debe ser flexible, medible y contar con la participación de las comunidades para garantizar su éxito y sostenibilidad.
Reflexión final
La integración no debe ocurrir solo en los planes de gobierno, sino también en la vida cotidiana de las personas. La tarea es grande, pero la posibilidad de generar un cambio real es tangible si somos capaces de construir acuerdos básicos de colaboración entre los diferentes actores sociales y gobiernos. La transformación del oriente del Estado de México representa una oportunidad para consolidar una urbanización más justa, conectada e inclusiva.
@MeyerFalcon
Exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
