Estados Unidos, Venezuela y la guerra contra el narco que redefine soberanías
El 3 de enero de 2026 quedará marcado en la historia contemporánea de América Latina como un punto de inflexión en las prácticas de ejercicio del poder global: el presidente de los Estados Unidos ordenó una operación militar que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo. La acción no sólo desencadenó una tormenta de controversias jurídicas y políticas, sino que reconfiguró la narrativa estadounidense sobre las redes de narcotráfico en la región incluyendo un cambio crítico en cómo la propia justicia norteamericana entiende la existencia y estructura del llamado Cartel de los Soles.
Un operativo que traza nuevos límites
La operación, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses, fue presentada por la Casa Blanca como una acción de “cumplimiento de la ley” destinada a capturar a un fugitivo buscado por narcotráfico. Sin embargo, la entrada militar en territorio venezolano sin autorización de la ONU ni consentimiento explícito de Caracas ha sido comparada en su impacto con intervenciones de épocas pasadas y planteada como posible violación del derecho internacional. Críticos han subrayado que emplear fuerza militar para ejecutar detenciones judiciales altera el principio básico de soberanía de los estados y que el propio uso del Ejército con fines de aplicación de la ley tiene un claro debate legal sin resolución consensuada.
Maduro compareció en un tribunal federal de Manhattan, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y posesión de armas asociados a una conspiración multidecenal para exportar cocaína hacia los Estados Unidos. Desde la sala judicial, afirmó seguir siendo el presidente legítimo de Venezuela y calificó su captura como un “secuestro militar” y un acto de guerra.
Mientras tanto, en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina, lo que añade un elemento político esencial a esta crisis: un conflicto de legitimidades internas con repercusiones hemisféricas.
El Cartel de los Soles: mito, realidad y ajuste jurídico
Uno de los pilares retóricos de la ofensiva estadounidense ha sido la acusación de que Maduro encabezaba el Cartel de los Soles, una supuesta organización criminal que, según acusaciones previas, habría integrado a altos mandos militares de Venezuela y exportado cocaína con protección estatal. Sin embargo, en la versión más reciente de la imputación contra Maduro, el Departamento de Justicia ha optado por eliminar gran parte de las referencias al Cartel de los Soles como entidad criminal con estructura jerárquica y liderazgo claro, describiéndolo más bien como un “sistema de clientelismo” o una “cultura de corrupción”.
Este ajuste técnico no equivale a una absolución, pero sí señala un reconocimiento implícito de que el enfoque anterior presentar al Cartel de los Soles como una organización formalizable al estilo de los cárteles mexicanos carece de sustento jurídico sólido. Dicho de otro modo, lo que se acusa ahora es la participación del Estado venezolano en actos individuales de corrupción y narcotráfico, no un cartel estructurado dirigido por Maduro. Este matiz puede ser decisivo en el desarrollo del caso, pues las acusaciones por conspiración y narcotráfico federal requieren pruebas precisas de conducta delictiva individual más que relatos macroestructurales.
Contradicciones en la política antidrogas: el caso Juan Orlando Hernández
La intervención en Venezuela se produce en un contexto geopolítico marcado por la evidente contradicción de la política antidrogas estadounidense en la región. Apenas meses atrás, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien había sido extraditado a los Estados Unidos y condenado en 2024 a 45 años de prisión por conspirar para exportar más de 400 toneladas de cocaína hacia ese país, fue indultado y liberado por el presidente estadounidense Donald Trump.
La decisión generó un inmediato debate sobre el doble rasero en el combate al narcotráfico. Hernández, considerado por fiscales de Nueva York como uno de los protagonistas centrales de una de las conspiraciones más grandes de cocaína hacia los EE.UU., obtuvo el perdón ejecutivo en un contexto político claramente alineado con intereses partidistas, según críticos. La excarcelación de un exjefe de Estado condenado por narcotráfico, justo cuando otro presidente latinoamericano es detenido bajo cargos similares, pone en tela de juicio la coherencia de la narrativa política que justificó la operación contra Maduro.
Implicaciones regionales y geopolíticas
La suma de estas decisiones la captura militar en Venezuela, el replanteamiento jurídico sobre el Cartel de los Soles y el indulto a Hernández configura un cuadro complejo para América Latina y para las relaciones interamericanas. Por un lado, Estados Unidos reafirma su capacidad de imponer su enfoque de seguridad más allá de las fronteras nacionales; por otro, enfrenta acusaciones de selectividad y de instrumentalizar la justicia para fines estratégicos que trascienden la lucha contra el narcotráfico.
Para los países de la región, estas acciones plantean preguntas profundas: ¿Se trata de una genuina política de derecho y seguridad, o de una reconfiguración de la hegemonía tradicional en términos geopolíticos? ¿Qué posición ocupan los principios de soberanía, no intervención y debido proceso en un orden global donde las grandes potencias reinterpretan la legalidad internacional en función de intereses propios?
La operación estadounidense en Venezuela y el proceso judicial de Nicolás Maduro han desencadenado una crisis de legitimidades —dentro y fuera de los tribunales— que redefinirá no solo la política antidrogas, sino la misma arquitectura de relaciones entre Estados Unidos y América Latina. El reconocimiento jurídico de que el Cartel de los Soles no es una entidad criminal formal, junto con el indulto a Juan Orlando Hernández, subraya la naturaleza política y estratégica de las decisiones que rodean estos casos. Más que una lucha contra las drogas, lo que se está viendo es una disputa de poder y relato en un escenario donde las fronteras entre derecho, política y geopolítica se vuelven cada vez más difusas.
