La resistencia del Poder Judicial en acatar la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, la cual tiene por objeto principal la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, ha puesto de manifiesto que este poder es un reducto del régimen neoliberal y no solamente querrá no acatar la reforma, sino que iniciará una guerra judicial contra el poder ejecutivo y legislativo.
La narrativa del poder judicial redunda en hacerse ver defensores del Estado de derecho, y de la legalidad de los procesos deliberativos; sin embargo, han roto la línea de los “pesos y contrapesos”, típicos de las democracias modernas. En pocas palabras se extralimitan de sus funciones fundamentales para compenetrar los procesos políticos y democráticos.
Su misma narrativa se ve inundada de contradicciones, pues al querer ser defensores del Estado de Derecho, transgreden el mismo para permanecer en las condiciones que se encuentran actualmente; las cuales les garantizan beneficios importantes de nivel económico y de estatus social.
Marcar como inconstitucional una reforma legalmente aprobada por el Congreso de la Unión no es algo nuevo, ya ha sucedido, sobre todo de 2018 a la fecha; pero estás “interpretaciones” de la jerarquía de la Ley, se dan de manera selectiva ante causales de índole político y económico.
Cuando el famoso “Pacto por México” fue promovido por el gobierno de Enrique Peña Nieto, una serie de reformas de constitucionales fueron aprobadas, mismas que podían argumentarse ir en contravención del espíritu original de la Carta Magna, ósea la Constitución de 1917, que actualmente nos rige. Por ejemplo: La reforma energética, la reforma educativa y la laboral. La Corte no dijo nada en ese entonces.
La Constitución del 17 se caracterizó por ser un marco legal “revolucionario” de la época, pues fue producto de. En ese marco normativo se consagraban “garantías” a todo ciudadano mexicano: educación, salud, libertad de prensa, asociación, elección, derechos laborales, reparto agrario, etc., y colocaba al Estado Mexicano como rector de la política energética sobre todo en los recursos del subsuelo.
Ese espíritu nacionalista de la constitución de la revolución mexicana se fue deteriorando proporcionalmente en la medida que los gobiernos neoliberales se insertaron en el modelo económico del mismo nombre; bajo el espíritu del libre mercado y el individualismo. Por allá de 1982 con la denominada época de “liberalización”, se dieron los primeros cambios en ese sentido.
Recuerde usted, querido lector, la intentona de ir reduciendo el carácter público de la educación superior, por allá de 1986 cuando el entonces rector de la UNAM, Jorge Carpizo, pretendió “modernizar” el esquema educativo de la universidad nacional, bajo el discurso de la eficacia y eficiencia en la impartición de la educación; a lo que ulteriormente vendría una serie de propuestas para aumentar las aportaciones de los estudiantes a la educación.
Este hecho, desde luego fue frenado por la aparición del CEU y el movimiento estudiantil de los 80’s, el cual trajo consigo una movilización política importante que frenó el intento de fondo en privatizar la educación superior en México.
Para la época neoliberal en México, ya no se llamaban “garantías individuales”, sino derechos humanos; ya el Estado no era rector de la política energética, sino un vigilante del mercado. La constitución del 17 perdió su esencia revolucionaria y se “armonizaba” con modelos de desarrollo impuestos o promovidos desde el extranjero.
Los resultados están a la vista de la historia. El modelo neoliberal mexicano trajo beneficios a pocos en detrimento del desarrollo de muchos.
Hoy, el Poder judicial se presenta como defensor de esa etapa de la historia, dónde predominaba el poder económico sobre la razón social. Los esquemas de justicia de este país necesitan reformarse profundamente para lograr un verdadero Estado de derecho, como le llaman los defensores de este; pero durante la época neoliberal carecieron de propuesta.
La elección de los jueces, ministros y magistrados es lo más controvertido, si se quiere ver de esa forma, pero de discutir ese punto de la reforma a entrometerse en un proceso de naturaleza legislativa, dictando qué si se puede legislar y qué no, u ordenar al poder ejecutivo a no promulgar una ley que toca sus intereses, es otra cosa. Viene el lawfare.