Durante décadas, el acceso a la justicia laboral en México fue una promesa incumplida. Para millones de trabajadoras y trabajadores, acudir a demandar el respeto a sus derechos significaba entrar a un laberinto interminable de trámites, audiencias diferidas, expedientes empolvados y resoluciones que llegaban cuando el daño ya era irreparable. En ese viejo régimen, la lentitud no era un accidente, era una forma de desgaste, de castigo silencioso para quien se atrevía a exigir lo que por ley le correspondía.
Una justicia que tarda años no es justicia. Es simulación, desigualdad institucionalizada y la confirmación de que el sistema estaba diseñado para favorecer al económicamente más fuerte, al patrón abusivo, al que podía resistir el paso del tiempo mientras el trabajador enfrentaba el desempleo, la incertidumbre y la precariedad. No es una exageración decir que cuando la justicia es lenta, esto es una forma de injusticia social.
La Cuarta Transformación entendió algo fundamental, no puede haber bienestar ni dignidad si el trabajo no está protegido por un sistema de justicia eficaz, cercano y humano. De ahí que una de las reformas más profundas haya sido la transformación del sistema de justicia laboral. El tránsito de las viejas Juntas de Conciliación y Arbitraje hacia tribunales laborales adscritos al Poder Judicial no fue un simple cambio administrativo, fue un cambio de paradigma.
Hoy, la justicia del trabajo tiene como eje la conciliación previa, el diálogo y la solución pronta de los conflictos. No para debilitar los derechos de las y los trabajadores, sino para garantizar que éstos se hagan efectivos en tiempos razonables. Resolver de forma pronta y expedita los problemas es un reflejo de justicia, porque permite que las personas continúen con su proyecto de vida sin quedar atrapadas durante años en un litigio interminable.
Los nuevos tribunales laborales representan una ruptura con la corrupción, el rezago y la opacidad del pasado. Profesionalizan la función jurisdiccional, fortalecen la imparcialidad y colocan al centro a quienes históricamente habían sido tratados como números de expediente. No es casualidad que esta transformación vaya de la mano con el fortalecimiento del salario mínimo, la recuperación del poder adquisitivo, la regulación del outsourcing abusivo y el reconocimiento de los derechos históricamente fueron negados.
En los gobiernos neoliberales se hablaba de la “flexibilidad laboral”, pero en realidad se flexibilizaban los derechos y se endurecía la vida de la clase trabajadora. Hoy se habla de justicia social, de dignidad y de derechos, y eso se traduce en instituciones que funcionan, que resuelven y que no le dan la espalda a las personas.
La justicia laboral no es un favor del Estado, es una obligación constitucional, y cuando el Estado cumple, la democracia se fortalece. Porque no puede haber democracia si quien vive de su trabajo no puede defenderse frente al abuso, la arbitrariedad y la explotación.
La transformación de los tribunales laborales es una apuesta por un país donde trabajar no sea sinónimo de indefensión, donde la ley no llegue tarde y donde la justicia deje de ser privilegio para convertirse en un derecho efectivo. Ese es el sentido profundo de la transformación, poner el tiempo, la ley y las instituciones del lado de quienes mueven a México todos los días con su trabajo.
Porque en un país que aspira a la justicia social, la justicia laboral no puede esperar.
