A casi noventa años de su creación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha reflejado una evolución constante dentro del sistema jurídico mexicano. Desde sus orígenes como un órgano especializado en materia fiscal hasta su configuración actual como tribunal administrativo de plena autonomía, ha ampliado de manera progresiva sus competencias y responsabilidades, consolidándose como una institución clave en la defensa de la legalidad, el control del ejercicio del poder público y la protección de los derechos de las personas frente a la administración pública.
En este contexto de madurez institucional, las y los integrantes del Pleno General de la Sala Superior del Tribunal, por unanimidad eligieron al Magistrado José Ramón Amieva Gálvez, como Magistrado Presidente, quien asume la conducción del órgano en un momento especialmente relevante y clave para la transformación de México, a fin de fortalecer la cohesión interna y proyectar al Tribunal como un actor central en la vida pública del país.
Es necesario trabajar en el fortalecimiento de nuestra institución, lo que va más allá de dirimir controversias legales, al establecer límites a las instituciones del gobierno federal en la actuación administrativa, revisar la legalidad de sus actos y vigilar que el ejercicio del poder público se someta a reglas claras. En un país que ha colocado la legalidad y la rendición de cuentas en el centro del debate público, esta función adquiere una relevancia particular.
Hoy el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene varios retos, entre los que se encuentran acercar la justicia administrativa a los ciudadanos, entablar canales de comunicación en todo el país, hacer más eficientes los procesos para que los juicios se resuelvan de forma rápida, simplificación de las sentencias con un leguaje de fácil lectura, profesionalización de servidores públicos de la institución, la creación de un servicio profesional de carrera, la transición digital de los diversos juicios a cargo del Tribunal, la determinación de responsabilidades administrativas cometidos por parte de las personas servidoras públicas y de los particulares vinculados con faltas graves como componente esencial del Estado de Derecho, así como el combate a la corrupción.
En esta nueva etapa se reafirma la autonomía e imparcialidad del Tribunal en la toma de decisiones, garantizando la legalidad de los actos de la administración pública ante los gobernados, procurando un equilibrio en las relaciones jurídicas entre los particulares y el Estado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe posicionarse como un referente en la transformación del país.
