Ayer, un exempleado irrumpió armado en el Centro Pastoral de la iglesia de San Jorge, en San Juan de Aragón, en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la CDMX y tomó rehenes. Pedía 600 mil pesos por lo que consideraba justo tras un despido. La escena terminó con un rehén liberado, un policía herido y el agresor abatido con un disparo en la cabeza. ¿Locura individual? ¿Un “desequilibrado”? No. Una tragedia con nombre, causa y contexto: la precariedad laboral.
Durante décadas nos hemos acostumbrado a normalizar el abuso en los centros de trabajo. Llegar antes de la hora, salir mucho después, soportar gritos, acoso, contratos basura, outsourcing disfrazado, promesas rotas, despidos sin liquidación y tribunales que duermen mientras el hambre aprieta. El caso de José Luis, el agresor de San Juan de Aragón, es extremo, pero no aislado. Es el estallido de una olla que lleva años acumulando presión.
En México, el 56% de la población ocupada está en la informalidad, sin seguridad social ni derechos laborales reconocidos. Quien tiene trabajo “estable” a menudo sufre bajo contratos temporales eternamente renovables, sin aguinaldo, sin vacaciones dignas, sin derecho real a levantar la voz. ¿Y si protesta? El despido, la lista negra, el hostigamiento. El mensaje es claro: cállate, obedece, agradece. Como si el salario fuera un favor y no un derecho.
Pero no todo es resignación. En Matamoros, las obreras maquiladoras paralizaron las plantas exigiendo el 20/32: un aumento salarial del 20% y un bono de 32 mil pesos. En Silao, los obreros de General Motors tumbaron a un sindicato corrupto y construyeron uno nuevo con voto libre y secreto. Y en Jalisco, los trabajadores de Rappi denunciaron ante tribunales la simulación de ser “socios” cuando en realidad eran empleados sin derechos.
Todos estos casos muestran que los trabajadores ya no solo piden, exigen. Ya no solo suplican justicia, la construyen. Pero el Estado sigue rezagado.
La reforma laboral de 2019 prometía cambiar eso. Se creó un nuevo modelo con Centros de Conciliación y Tribunales laborales independientes. Pero el rezago sigue siendo brutal. En 2023, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje acumulaba más de 420 mil expedientes pendientes. Y solo en 2022 se dejaron sin resolver más de 422 mil casos. En la Ciudad de México, desde la entrada del nuevo modelo, hay un rezago superior a los 80 mil casos que no se han podido atender. Y mientras tanto, el tiempo pasa, los salarios se esfuman, las familias se endeudan y la rabia crece.
Volvamos al caso de José Luis. Según reportes, fue despedido hace tres años. Desde entonces vivía en el limbo del desempleo, sin posibilidades de conciliación ni indemnización. Hoy sabemos que tenía denuncias por acoso, lo cual no justifica su acto, pero sí revela el doble filo de un sistema que no corrige ni media, solo expulsa. ¿Qué pasó con su caso? ¿Alguien revisó si recibió liquidación? ¿Tuvo asesoría jurídica? ¿Lo canalizaron a una instancia de conciliación? No. Como tantos otros, se quedó solo. Y la soledad, cuando se mezcla con la desesperación, genera monstruos.
Esto no es apología de un crimen. Es el intento por mirar más allá del disparo. Por entender qué lleva a un trabajador a cambiar su currículum por una pistola. Porque mientras la precariedad se siga viendo como una estadística y no como una bomba social, la violencia laboral, esa que se sufre en silencio, seguirá incubando episodios de violencia física, esa que aparece en las noticias y nos espanta por dos días hasta que pasa la siguiente tragedia.
Necesitamos más que reformas de papel. Se requieren inspectores laborales con dientes, sindicatos que defiendan y no entreguen, justicia que escuche rápido y resuelva bien. Necesitamos construir una nueva cultura del trabajo donde el patrón no sea un patrón, sino un empleador obligado a respetar la dignidad humana. Donde el despido injustificado no se trate con indiferencia, sino con urgencia. Donde el trabajo no mate, no humille, no aísle.
Ayer, San Juan de Aragón fue el escenario de un crimen. Pero también fue el espejo de un país que no ha sabido escuchar el dolor de su clase trabajadora. Escuchar de verdad. Porque a veces, cuando el Estado no da respuestas, alguien decide escribirlas con sangre. Y todos perdemos.
