El próximo 29 de abril marcará un hito: más de la mitad del país —dieciocho entidades federativas— entrará de lleno en las campañas para elegir, por primera vez, a quienes habrán de impartir justicia en el ámbito local.
Además de las campañas que se llevan a cabo a nivel federal, donde están en juego todos los cargos del nuevo Poder Judicial, concurrirán en la calle múltiples candidatos a juzgadores locales, que disputarán simultáneamente la atención de la ciudadanía.
Con este escenario, resulta asombroso el volumen de responsabilidades públicas que se someterán al veredicto popular: se trata de poco más de 1 800 cargos locales adicionales —magistraturas de tribunales superiores de justicia, juzgadores de primera instancia y órganos auxiliares— que se suman a los puestos federales en disputa.
Debido a esta concurrencia, veremos fórmulas de campaña inusuales: candidaturas a ministros caminando junto a candidaturas a juzgadores de primera instancia, todos buscando un espacio en su respectivo ámbito de competencia.
Además, la demanda cívica de información será enorme.
La ciudadanía querrá conocer la trayectoria, las ideas y las propuestas de centenares de personas que, en términos reales, decidirán el rumbo de la justicia cotidiana —desde la custodia de menores hasta la constitucionalidad de las leyes— durante los próximos años.
Por lo tanto, el diseño normativo debía apostar, lógicamente, por mecanismos de interacción libre, flexible y accesible.
Sin embargo, el pasado 19 de abril el Instituto Nacional Electoral asestó la que quizá sea la estocada final a cualquier expectativa de campaña dinámica.
Dicho órgano electoral aprobó un acuerdo que impone a “diálogos y encuentros” exactamente las mismas reglas aplicables a los foros de debate formales. No obstante, la equiparación resulta desproporcionada.
En particular, se exige invitar a al menos el 50% de las candidaturas inscritas para cada cargo, debatir solo entre aspirantes a la misma responsabilidad y, paradójicamente, que el evento “no represente erogación alguna”.
Por ejemplo, en la elección de ministras y ministros de la Corte existen 64 personas candidatas. Siguiendo la lógica del acuerdo, cualquier universidad, asociación civil o incluso medio de comunicación que desee organizar un diálogo con una candidata deberá conseguir, al menos, la presencia de 32 personas candidatas para cumplir el umbral del 50% exigido por el INE.
En consecuencia, la planificación logística se vuelve impracticable: reservar un auditorio, coordinar agendas, garantizar condiciones de equidad y, al mismo tiempo, evitar todo gasto, roza lo imposible.
De igual manera, en las contiendas locales el panorama es todavía más complejo.
Algunas entidades elegirán más de cien juzgadores de primera instancia; por lo tanto, una charla con un solo aspirante tendría que convocar, quizá, a cincuenta personas candidatas adicionales.
Debido a esta regla, la interacción directa con el electorado se reduce a los espacios de propaganda oficial —entrevistas formales y redes sociales— en detrimento del intercambio sustantivo de ideas jurídicas.
No obstante, la tensión principal no radica únicamente en la logística. Por el contrario, la medida contradice el propio espíritu que animó la reforma judicial: acercar la justicia a la gente, romper el hermetismo de la toga y la judicatura, y devolver al pueblo el derecho a seleccionar a quienes habrán de juzgarle.
Si las reglas transforman los diálogos en ejercicios testimonialmente imposibles, se obstaculiza la deliberación pública y se mina, de paso, la legitimidad democrática del nuevo modelo.
Debido a lo anterior, múltiples candidaturas han anunciado ya impugnaciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Argumentan que el acuerdo del INE excede su capacidad reglamentaria y viola los principios de libertad de expresión y de equidad que pretende proteger. En consecuencia, la autoridad jurisdiccional deberá decidir si privilegia la ortodoxia procedimental —que, en los hechos, amordaza la campaña— o si corrige el desvarío y permite un margen razonable para el contacto directo entre electores y aspirantes.
En resumen, el país se enfrenta a un reto monumental: renovar el poder que interpreta y aplica la Constitución, mientras se preserva la igualdad de condiciones entre candidaturas.
No obstante, la ruta elegida parece transitar en sentido opuesto; se impone un corsé que premia la invisibilidad, ahuyenta el debate y convierte la pluralidad en carga operativa.
En conclusión, si queremos una verdadera equidad en la contienda, necesitamos normas que incentiven —y no que sofoquen— la participación; reglas que faciliten, y no que impidan, el intercambio de argumentos.
Para finalizar, todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo: basta con recordar que la democracia no se agota en el voto, sino que se fortalece en la conversación pública que lo antecede.
