Desde mi punto de vista, México necesita una reforma fiscal profunda. La distribución de la riqueza en nuestro país es alarmante: el 10% más rico de la población concentra aproximadamente el 80% de la riqueza total, y dentro de ese 10%, el 1% más rico controla un tercio de toda la riqueza nacional. Por el contrario, el 50% más pobre apenas posee el 2% de la riqueza total. Este nivel de desigualdad evidencia una brecha que no solo es injusta, sino insostenible a largo plazo.
Ilustración de elaboración propia
Durante la pandemia, esta desigualdad se hizo aún más visible. Las fortunas de los más ricos crecieron de manera considerable, en línea con una tendencia global donde la riqueza se concentró aún más en la cúspide de la pirámide social. Mientras tanto, los sectores de bajos ingresos y los trabajadores informales sufrieron pérdidas, precariedad y mayores dificultades. En este contexto, una reforma fiscal progresiva en México es necesaria.
Una reforma fiscal efectiva debería inspirarse en modelos exitosos de otros países, particularmente de Europa, donde el sistema fiscal es progresivo y los ingresos más altos pagan mayores tasas.
Algunas ideas concretas podrían incluir incrementar el Impuesto sobre la Renta (ISR) para los ingresos más altos (superiores a los 100 mil pesos mensuales por ejemplo), acercando las tasas al 45% o más, como ocurre en Alemania o Francia. Esta medida generaría ingresos adicionales y tendría un efecto redistributivo importante.
México podría implementar un impuesto progresivo sobre las herencias de grandes fortunas, como ocurre en Reino Unido, y un impuesto anual sobre patrimonios de cierto tamaño, similar a los modelos en Suiza y Noruega. Esto contribuiría a redistribuir parte de la riqueza acumulada de manera más equitativa.
Gravar con tasas adicionales los artículos de lujo (yates, aviones privados, joyas exclusivas) enviaría un mensaje de equidad fiscal y generaría ingresos. En Francia y Reino Unido, estos bienes están sujetos a impuestos superiores a los del consumo estándar.
La evasión fiscal es un problema importante en México, y un “registro de beneficiarios finales”, como el que existe en la Unión Europea, ayudaría a combatir la evasión y a aumentar la transparencia sobre la propiedad real de empresas y activos.
Este tipo de reformas fiscales progresistas, además de ser justas, financiarían los programas de salud, educación y desarrollo económico que beneficiarían a la mayoría de la población, en línea con los objetivos del proyecto de la Cuarta Transformación.
A pesar de que considero que una reforma fiscal es necesaria, también es importante tomar en cuenta los argumentos que se presentan en contra o que sugieren una implementación cuidadosa y paulatina. Aquí enlisto algunos de estos argumentos que en mi consideración vale la pena analizar:
Primero, combatir la evasión fiscal. Es fundamental mejorar la recaudación actual antes de imponer nuevos impuestos. Si el Estado no está recaudando adecuadamente lo que debería, aumentar los impuestos sin abordar primero la evasión sería contraproducente.
No está en la agenda legislativa prometida. Durante la campaña, la actual administración no incluyó la reforma fiscal como una prioridad, argumentando que todavía había margen de maniobra con la recaudación fiscal existente. La legitimidad de una reforma de esta magnitud requiere, idealmente, que haya sido planteada y votada de antemano, como si estuvieron en la agenda electoral las que hoy se están aprobando.
El costo de la batalla política. Aumentar los impuestos a las grandes fortunas es una medida que, aunque justa, puede ser muy impopular y malentendida. La percepción de la clase media en México es compleja, comunicar claramente cómo se protegerá a la clase trabajadora es un desafío estratégico y fundamental. Una reforma fiscal de esta magnitud seguramente encontrará una fuerte resistencia. Las élites económicas y la oposición podrían lanzar campañas de desinformación, argumentando que la reforma “venezualizará” al país o eliminará la propiedad privada. Ante este tipo de reacciones, es vital tener una estrategia de comunicación sólida para contrarrestar los temores infundados.
Fomentar la austeridad antes de recaudar más. Es crucial que el gobierno mejore la eficiencia del gasto público antes de aumentar la recaudación. Si la población percibe que el Estado hace uso adecuado de sus recursos, la implementación de nuevos impuestos será más aceptable.
Si bien la reforma fiscal es necesaria, su implementación requerirá un consenso bien fundamentado, una estrategia de comunicación efectiva y, sobre todo, que sus resultados se perciban rápidamente en el bienestar de la mayoría de la población. Este es quizás el reto más difícil, pero si queremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, debemos empezar a actuar en esta dirección.
