Fideicomisos: prólogo de una triste historia

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Fideicomisos: prólogo de una triste historia

Por Mercurio Cadena | jueves, 22 de octubre del 2020.

El tema de los fideicomisos vuelve a ser relevante tras el análisis de la mañanera del 21 de octubre de 2020. 

Los defensores de estos mecanismos afirman que una reforma “legítima” tendría que hacerse “con bisturí”, de tal suerte que no se incluya en la misma caja a todos los fideicomisos, pues no tienen la misma situación administrativa y financiera. Lo cierto es que sí hay notas generales a las que es necesario prestarles atención. Un buen punto de partida para esta tarea es la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación, realizada en el marco de la Fiscalización de Fideicomisos, Mandatos y Análogos. 

Esta auditoría especial deja muy en claro que, conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria(1) existen dos grandes clases de fideicomisos públicos: los considerados entidades paraestatales y los fideicomisos, mandatos y contratos análogos que no se consideran como tales. Los primeros tienen un control histórico mucho más adecuado de sus finanzas debido, en parte, a que tienen la obligación de reportarlas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal (pero son muy poquitos: en 2017 de 374 fideicomisos registrados, sólo 19 eran considerados entidades paraestatales). Los segundos, en cambio, se encontraron en total opacidad hasta 2007. A partir de 2008 empiezan a publicarse sus ingresos, egresos, disponibilidades y el cumplimiento de sus metas en un anexo de la Cuenta Pública y de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Sin embargo, estas publicaciones dejan mucho qué desear debido, entre otras razones, a que el uso de sus recursos no está sujeto a una planificación de los montos, conceptos y fechas en las que debe ejercerse, de la que se pueda verificar el cumplimiento. Adicionalmente, la información no necesariamente cumple con estándares de datos abiertos, con lo que su análisis se vuelve muy complicado.

Finalmente, no están obligados a cumplir con garantías importantes como la presencia de un Comité Técnico, o la calidad de servidores públicos por parte de quienes están involucrados e involucradas en la ejecución de sus recursos. Sin esto, de poco o nada sirve que sus metas y objetivos estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Más bien, han servido para que las diversas instancias de los Tres Poderes de la Unión [puedan] disponer de recursos públicos sin vigilancia ni supervisión alguna por parte de los órganos de control del Estado. 

Éste es además un problema de largo aliento. Como bien establece Fundar en su investigación “Fideicomisos en México: el arte de desaparecer dinero público”, la Auditoría Superior de la Federación ha realizado constantes señalamientos sobre los riesgos de opacidad y rendición de cuentas de los fideicomisos. Todo esto cayó en saco roto hasta el día de hoy que, dada la incapacidad de corregir en la marcha, se plantea como solución la eliminación de muchos de estos instrumentos polémicos. 

Por si todo esto fuera poco, los análisis puntuales realizados hasta el momento dibujan escenarios poco prometedores. Un ejemplo interesante se encuentra en los fideicomisos públicos de CONACYT. De 2013 a 2018, conforme al capítulo mexicano de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, este Consejo ha ganado 7 lugares en aumento del gasto (pasando del 63 al 56 que más gasta) y, sin embargo, perdió 16 lugares de eficiencia (pasando del 56 al 72). ¿Qué pasaría si condujéramos análisis basados en resultados para todos los fideicomisos públicos? ¿Cuántos pasarían la prueba más allá de los viajes y simposios que han logrado organizar? ¿Cuántos podrían defender impactos concretos, positivos y de largo aliento a favor del pueblo de México?

Como ya dijo el Presidente: esto no es más que el prólogo del tema de los fideicomisos. Sería un error creer que es únicamente una disputa por dinero. En el fondo, es parte de un cambio de régimen: el objetivo es pasar de una mecánica general tecnócrata para la definición de fines y medios de esa porción del erario, a una mucho más apegada a las complejidades del interés público y de la soberanía popular. Se trata de recuperar una parte importante de la rectoría del Estado para que los nuevos mecanismos (incluso nuevos fideicomisos si bajo la nueva lógica parece sensato) sirvan mucho más claramente a intereses más amplios, más populares; y no sólo a lo que a los mismos de siempre les parece prudente o deseable. 


(1) Esta Ley regula a los fideicomisos públicos en sus artículos 9, 10, 11 y 12. Su reglamento, además, contiene regulación adicional que es importante considerar para entender el funcionamiento y los problemas de esta figura. 

Por Mercurio Cadena | jueves, 22 de octubre del 2020.

Mercurio Cadena

Mercurio Cadena. Abogado que codea. Socialista obradorista especializado en gestión pública y ética de la tecnología.

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