Pluma Patriótica

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
IMG-20210817-WA0014

Gas LP, el motor del bienestar de la nación

A partir del domingo 1º de agosto, entraron en vigor los precios máximos al consumidor de gas licuado de petróleo, con base en la Directriz de Emergencia y la Metodología que emitieron, respectivamente, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. Dichos precios máximos están diferenciados para 145 regiones del país, y dependen de los costos de operación asociados a cada una de ellas. Los precios máximos se ajustarán semanalmente y podrán ser consultados en el sitio de internet de la Comisión Reguladora de Energía.

El establecimiento de precios máximos para el gas LP responde al compromiso del Presidente de la República de velar por los intereses de los consumidores y, en particular, de quienes tienen menos ingresos, para evitar abusos en el precio de un energético indispensable en los hogares mexicanos. Esta medida es una respuesta al incremento desmedido de los precios del gas LP que, semana tras semana, ha reportado la Procuraduría Federal del Consumidor.

Los precios del gas LP se han disparado principalmente por dos razones: por un lado, la evolución de los precios de referencia internacionales (ya que importamos más del 70% del gas LP que se consume en el país) y, por el otro, debido a la estructura del mercado nacional, que tiene fuertes rasgos oligopólicos. Esto último ha propiciado que los márgenes de comercialización en el sector del gas LP sean mucho mayores que los observados para los combustibles automotrices. Como ha informado el “Quien es quien en los precios del gas LP” de la Profeco, el diferencial entre el precio final al consumidor y el de las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) puede llegar a superar el 80%; en contraste, en el caso de las gasolinas, los mayores diferenciales se sitúan en torno al 15%.

Ahora bien, el precio de referencia internacional, utilizado para determinar el precio doméstico del gas LP en México, se fija en Mont Belvieu, Texas. Este precio tiene una carga estacional muy alta, porque en Estados Unidos tanto el propano como el butano —a diferencia del uso que se le da en México— son empleados en muy buena medida como insumos para la calefacción. De ahí que su demanda —y, en consecuencia, su precio— sea mayor, típicamente, entre los meses de octubre y marzo del año siguiente. Este incremento estacional del precio de referencia el pasado invierno se vio reforzado por dos fenómenos: el inusual frío provocó una mayor demanda, cuya satisfacción se complicó por los estragos que la ola invernal provocó en la infraestructura, llegando al punto de provocar disrupciones operativas y cortes en el suministro de electricidad.

Además, al inicio de la temporada de mayor demanda anual, la industria petrolera aún no consolidaba su proceso de restablecimiento tras la crisis de abril del año pasado. Esto desató un desfase importante al interior del sector de hidrocarburos, debido a que la actividad en las dos fuentes de generación de gas LP —las refinerías y los centros procesadores de gas— se mantenían deprimidas al tiempo que la demanda de gas LP retomaba su habitual comportamiento ascendente estacional.

La conjunción de condiciones invernales más severas que las de costumbre con una industria aún bajo los efectos de una fuerte crisis dio por resultado que —medido de abril del 2020 al mismo mes de 2021, conforme a la información proporcionada por la CRE— el precio de referencia internacional se incrementara en un 117%. De hecho, desde fines de septiembre del 2020, diversos analistas ya preveían un incremento estacional mayor al habitual.

En cuanto al mercado interno, como ya señalamos, la estructura del mismo cuenta con fuertes rasgos oligopólicos o incluso monopólicos a nivel regional, por lo que en diversos momentos, los importadores y distribuidores han obtenido rentas extraordinarias, ya sea incrementando en forma excesiva los precios en comparación con los de referencia internacional; o bien, no reflejando la evolución a la baja de dicho referentes.

Por otro lado, la inelasticidad en el consumo de gas LP —es decir: que su consumo no depende del precio— se basa en que es el combustible más utilizado en los hogares mexicanos para cocinar y calentar el agua. Aunque en los últimos años se ha dado un ligero incremento en el uso del gas natural, este aún se encuentra muy lejos (7% de los hogares) del nivel de utilización del gas LP. Asimismo, el gas LP es utilizado en el 60% de las empresas de servicios, mientras que el 30% usa leña y solo el 10% emplea gas natural.

En estas condiciones, los hogares mexicanos mantienen básicamente su consumo porque es fundamental para la vida cotidiana. Esto propicia que las tasas de ganancia en el sector del gas LP sean mucho mayores que las observadas para los combustibles automotrices, a pesar de que los componentes de la estructura del precio final al consumidor no sean muy distintas a las de los combustibles automotrices, es decir:

  • Costos de transporte de las plantas de almacenamiento de Pemex a las plantas de distribución de las empresas
  • Costos de operación de las plantas de distribución
  • Costos de distribución de la planta de distribución al punto de consumo
  • Costos para hacer frente a la inseguridad pública
  • Costos regulatorios

Las formas como se distribuyen estos costos entre los distintos actores del subsector, antes de trasladarlos al consumidor final, pueden diferir frente al caso de los combustibles automotrices (en el que no existe, por ejemplo, la figura informal del «comisionista», muy presente en la distribución del gas LP), pero son esencialmente los mismos.

En síntesis: un invierno más crudo de lo normal, una industria internacional con dificultades operativas, una demanda inelástica y un muy probable comportamiento oligopólico de los principales distribuidores propiciaron un alza muy significativa de los precios finales del Gas LP.

Esto nos lleva a plantear la necesidad urgente de dotar al Estado de las herramientas que le permitan tener una efectiva intervención en este sector de la economía.

Intervención del Estado

Antes de la reforma energética de 2013-2014, el gobierno tenía la facultad de poner precios máximos a través de acuerdos administrativos emitidos por la Secretaría de Hacienda. La última vez que ocurrió esto fue en agosto de 2016, cuando se congelaron los precios de las gasolinas y se decretó una disminución del 10% en el precio del gas LP. Esto fue posible porque la legislación derivada de la reforma energética estableció un período de transición hacia el libre mercado de combustibles, en el cual se mantuvo esta facultad de la Secretaría de Hacienda. A partir de 2017, esta facultad se trasladó a la Secretaría de Economía, pero requiere que —previamente — la Comisión Federal de Competencia Económica haga una declaratoria de no existencia de condiciones de competencia efectiva. Este procedimiento puede tomar tres o cuatro meses y se sustenta en el artículo 9º de la Ley Federal de Competencia Económica, que a la letra señala:

Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

  1. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.
  2. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.

La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El papel que pueden jugar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) o la Secretaría de Energía (Sener) en el caso del gas LP, lo fija el artículo 82º de la Ley de Hidrocarburos:

Artículo 82.- La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros.

La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente:

  1. La regulación para cada actividad en particular será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, en cuyo caso las contraprestaciones, precios o tarifas correspondientes se determinarán por las condiciones de mercado;
  2. La regulación, además de contemplar los impuestos que determinen las leyes aplicables, considerará que:
  3. a) Las contraprestaciones, precios y tarifas, de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente se fijarán considerando el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad prevalecientes en el mercado internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes, y
  4. b) Para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercializarse en el mercado internacional, las contraprestaciones, precios y tarifas se fijarán de acuerdo a las metodologías de aplicación general para su cálculo que para tal efecto emita la Comisión Reguladora de Energía, considerando la estimación de costos eficientes para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto, entre otros.

La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía o los Permisionarios podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente.

En síntesis, para poner precios máximos en el gas LP, la Sener o la CRE solicitan a la Cofece que «evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente»; después se sigue lo establecido en el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica. Es decir: Cofece declara que no hay condiciones de competencia económica y en función de ello, la Secretaría de Economía fija los precios máximos (obviamente necesitaría el apoyo técnico de la CRE) y la Profeco verifica que se cumplan.

Como se puede observar, el procedimiento es lento y requiere la intervención de dos órganos autónomos, cuyas prioridades no necesariamente serían compartidas con la preocupación del gobierno federal de apoyar a las capas populares de nuestra población. Así, el camino para regular a los oligopolios gaseros es demasiado lento y farragoso. Además, a diferencia de los combustibles fósiles, en el gas LP, el margen de maniobra por la vía de los estímulos fiscales al IEPS, es muy reducido: apenas unos 10 centavos por litro, tratándose del butano; y escasos 7.7 centavos por litro en el caso del propano.

En consecuencia, además del recurso a la Directriz de Emergencia con su Metodología asociada, se debe reforzar y hacer explícita la facultad de intervención del gobierno ante posibles abusos de los distribuidores; realizando ajustes al marco jurídico para permitir una intervención más ágil y en sintonía con la orientación de las políticas públicas del Ejecutivo Federal. Una posibilidad sería reformar la Ley de Órganos Coordinados en Materia energética, con el objeto de que la propia CRE pueda «establecer la regulación de precios máximos sobre dichos productos, cuando exista evidencia de que la evolución de sus precios al consumidor, no se corresponden con la de los precios internacionales de referencia.»

La CRE recibió esta facultad transcrita en negritas en el párrafo anterior, en 2018, a través de un artículo en la Ley de Ingresos para dicho ejercicio fiscal. Claramente, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se dio esa facultad para tener un instrumento que le permitiera intervenir ante un fuerte incremento de precios en un año electoral. En todo caso, esta podría ser otra opción: incorporar un artículo similar en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022.

Una tercera opción —que quizás valga la pena analizar con mayor detenimiento y en el contexto de una reforma profunda al diseño institucional heredado de la reforma energética de 2013-2014— es plantear una reforma constitucional para que, tal y como ocurre en el sector de las telecomunicaciones con el Ifetel, todo lo referente a la competencia en el sector energético (como la declaratoria de inexistencia de condiciones de competencia efectiva) sea objeto exclusivo de la regulación de la CRE, sin intervención de la Cofece. Al final de cuentas, ambos sectores, energía y telecomunicaciones, son considerados en la teoría económica como ámbitos propios de los monopolios naturales y las economías de red.

La importancia estratégica del gas LP en la dinámica económica nacional y la vida cotidiana de los ciudadanos justifica la intervención del Estado para garantizar la continuidad del suministro y la seguridad en el abasto, a precios accesibles para el conjunto de la población. Por ello, el Estado debe contar con mecanismos de respuesta e intervención ágiles, suficientes y adecuados, los cuales están ausentes en la legislación vigente. Este pareciera ser un buen momento para llenar esos vacíos, producto de la confianza ciega en las bondades del «libre mercado».

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp

Relacionado