Desde finales del siglo pasado, se ha cuestionado la capacidad de los gobiernos para resolver los problemas públicos. Por este motivo, junto con el concepto de gobernabilidad existe el de gobernanza y, a mayor apertura, transparencia, rendición de cuentas y resultados, mayor democracia.
La gobernanza es tan diversa como los problemas públicos que resuelve. Así, existen la gobernanza electoral, la gobernanza energética, la gobernanza del agua, la gobernanza de minas, la gobernanza del cambio climático, gobernanza ambiental, etc.
De manera general, en el presente texto nos centraremos en la gobernanza ambiental en su vertiente de cambio climático. En México, el cambio climático es un fenómeno abordado de manera seria y transversal a través de la Política Nacional de Cambio Climático. El Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC) juega, junto con otras instituciones, un papel preponderante al tratarse de un puente entre los científicos; gobernantes de los tres órdenes y poderes; organismos internacionales y toda persona interesada en colaborar para mitigar o adaptarse a las consecuencias de la elevación de la temperatura terrestre en alrededor de 5º C.
La migración, la agricultura y el abastecimiento de la energía son solo algunos ejemplos de los ámbitos de afectación que el cambio de temperatura en la Tierra está provocando fortísimamente en más de 300 comunidades de México. El origen de este problema trasciende fronteras, no distingue de razas, credos, género, posición económica o social y ha sido situado en la visión de progreso vinculada directamente al consumo y a la economía petrolizada.
Cabe precisar que el antecedente de todos los esfuerzos por superar los problemas medioambientales en la época moderna surgió al término de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, el día 22 de abril de 1970 se instituyó el ecologismo, uno de los nuevos movimientos sociales que promueven el cambio estructural de la relación de la humanidad con la naturaleza. Por ejemplo, para Andrew Dobson esta ideología reflexiona sobre la idea de progreso y, en el espectro político, es el medioambientalismo que cuestiona la idea de la modernidad y reivindica su legado a favor de los derechos humanos.
En México, el ecologismo corre en paralelo a la forma como tuvo cabida en el resto del mundo, desde donde tuvo que importar mecanismos de administración pública que los hagan efectivos. Actualmente, el reto mayúsculo es adaptar estos mecanismos a las realidades locales.
Para que este tema permeara en las instituciones mexicanas han transcurrido décadas, pues habrá de recordarse que, durante el siglo pasado, se atravesaba una crisis de la relación entre la población y el gobierno debido a las facultades metaconstitucionales de los presidentes en turno. Esto provocaba que las organizaciones de la sociedad civil tendieran a formas no convencionales de participación política o bien a institucionalizar sus inquietudes a través del partido del Estado (así se refería Pablo González Casanova cuando hablaba del Partido Revolucionario Institucional).
A pesar del neoliberalismo, lo que propicia que la relación de las personas con el medio ambiente hoy pueda enfocarse en la armonía, es la evolución del Derecho Internacional Público junto con las reformas en materia de derechos humanos de 2011 en México, reforzada por la Política Nacional del Cambio Climático. Para hacerlas efectivas, existen mecanismos de participación que les reconocen la oportunidad de encausar por las vías formales la solución de los problemas públicos a los grupos tradicionalmente excluidos del diseño, ejecución y evaluación de las políticas; es decir, indígenas, mujeres, jóvenes, entre otros. Sin embargo, para lograr resultados inmediatos, además de diagnósticos, es necesario articular la intervención de los espacios públicos físicos y virtuales, lo que sólo se logra con empatía y apertura al diálogo.
