En México, durante mucho tiempo, las malas prácticas en la Administración Pública, junto con la corrupción y el desvío de recursos, abrieron una brecha entre el Pueblo y el gobierno, generando con ello una percepción de que lo gubernamental era intrínsecamente corrupto e inmoral. Existía una clase política distante, que actuaba en función de intereses particulares.
Las personas servidoras públicas, columna vertebral del Estado, fueron vistas por la ciudadanía con desconfianza, pues sus actos y omisiones estaban alejados de la ética e integridad. Se tenía una burocracia dorada, que vivía entre privilegios, derroches y opacidad, indiferente a la realidad de millones de mexicanas y mexicanos.
Hoy atravesamos un proceso de transformación en la vida pública, y lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas resulta fundamental, pues marca los principios, obligaciones y directrices que deben regir el actuar de todas las personas servidoras públicas.
Aun así, persisten remanentes de una clase política que busca lucrar y obtener beneficios personales. Por ello, estoy convencida de que es el momento de exigir desde la sociedad el cumplimiento íntegro de la ley y de los códigos de ética. No podemos permitir el regreso a un modelo en el que el servicio público era sinónimo de abuso e impunidad.
La obligación principal de quienes sirven al Estado es conducirse con rectitud, sin utilizar su cargo para obtener ventajas, ni aceptar dádivas, obsequios o regalos de ninguna persona u organización.
Servir al Pueblo debe ser una vocación fundada en el compromiso y el amor por México. Exijamos, como ciudadanía, un gobierno sobrio y cercano; vigilemos su desempeño, rechacemos los privilegios que separaron al poder del Pueblo y que tanto daño han causado al país, profundizando la desigualdad.
Todas las personas servidoras públicas, sin excepción, deben actuar con responsabilidad, integridad, ética y apego al Estado de derecho. No podemos regresar a los tiempos en donde teníamos “un gobierno rico con un Pueblo pobre”. Tengamos presente que sus decisiones políticas, económicas y sociales nos impactan directamente. Exijamos que su actuar este guiado por la ética, la transparencia y la imparcialidad. Demandemos sanciones ejemplares en caso de incumplimiento y omisiones. El poder público no debe ser sinónimo de privilegio, sino de responsabilidad y servicio.
El reto de México no es menor: desterrar para siempre las viejas prácticas de corrupción y devolverle al servicio público su verdadero sentido, el de servir al Pueblo. Solo así podremos construir un Estado confiable, donde las decisiones se tomen con ética y responsabilidad, sin privilegios ni lujos, y donde cada persona servidora pública tenga claro que su labor no es un beneficio personal, sino un compromiso permanente con la nación.
