Por: Fabiana Estrada
Hace exactamente un año comenzó un proceso de transformación constitucional profunda. El 5 de febrero de 2024, en la ceremonia por el aniversario de la Constitución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de reformas encaminadas a materializar el ideario político, económico y social del movimiento que encabezó por años.
Hoy las mexicanas y mexicanos nos hemos dado un nuevo pacto constitucional. Hemos plasmado en la Norma Fundamental aspiraciones concretas y una visión clara del futuro que queremos. Se trata de reformas que cuentan con un amplísimo respaldo social y que recogen el sentir de una población que ve en ellas la esperanza de consolidar un país más justo e igualitario.
Parte central de este nuevo pacto es la refundación del sistema judicial; o más precisamente, la refundación de la idea de justicia. Para la enorme mayoría de las personas en nuestro país, la justicia es una promesa sin cumplir. Cuando acuden a los tribunales, se encuentran con un laberinto de trámites, corrupción e indiferencia. Reciben sentencias injustas, plagadas de formalismos excesivos, y de sesgos arraigados en una clase judicial soberbia y arrogante. Peor aún, en los poderes judiciales operan a gran escala redes de influyentismo, en el seno de las cuales se intercambian favores o francamente se vende la justicia a los ricos y poderosos. Hay buenas personas juzgadoras, que hacen su trabajo con diligencia, calidad y esmero, pero su labor no basta frente a la realidad de una justicia que no es digna de ese nombre.
Por ello, la reforma judicial establece el voto popular como mecanismo de designación de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras y la pregunta obligada es si con la elección judicial se resolverán todos los problemas de la justicia en nuestro país. La respuesta –obvia también– es que la elección no basta para corregir un problema tan complejo, profundo y multifactorial. Pero en tan solo unas semanas hemos visto ya un ejemplo de cómo la reforma ha obligado a los jueces y las juezas a voltear a ver al pueblo. El hecho de tener que hacer campañas obligará a los candidatos y las candidatas a arremangarse, caminar calles, escuchar y ver a la cara a las personas. A explicar su labor en lenguaje sencillo y a conocer la realidad social del pueblo al que buscan servir.
Pero el otro gran valor de la reforma es su dimensión simbólica. Es una reforma que nos invita a replantearnos lo que para la gente es la justicia. Cuando se critica al poder judicial, la defensa iracunda suele centrarse en su función protectora de los derechos humanos, pero recurriendo a un discurso que no hace eco en las personas, porque lo que no tenemos es justicia en un sentido más básico.
¿Qué justicia necesitamos entonces? Para darle contenido debemos atender al contexto histórico, político y social del que nació la reforma. Y al respecto tenemos una ruta clara: los valores que inspiran al nuevo pacto constitucional no pueden ser otros que los del humanismo mexicano, que en su discurso de toma de protesta la Presidenta Claudia Sheinbaum resumió en diez principios.
Adaptados a la función jurisdiccional, tales principios podrían traducirse en lo siguiente: (i) énfasis en los derechos sociales, (ii) gestión austera, (iii) combate a la corrupción, (iv) interpretación que dé efectividad al texto escrito de la Constitución y las leyes, (v) protección robusta a las libertades, (vi) desarrollo de la jurisprudencia en materia de medio ambiente, (vii) énfasis en la igualdad sustantiva y la igualdad de género, (viii) respeto a la soberanía nacional, (ix) empatía y (x) no discriminación.
Las personas juzgadoras no pueden ser ajenas al sentir social. La función que realizan está al servicio del Pueblo, quien en ejercicio de su soberanía ha decidido emprender un rumbo diferente. Solo entendiendo la realidad en que se desenvuelve la justicia y avanzando de la mano de las personas, que en forma soberana deciden la forma de su gobierno, podremos alcanzar ese anhelo común.
@FabianaEstradaT
Magistrada de Circuito.
