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Información para la reinserción: elaboración y evaluación de políticas con evidencia de impacto.

Por: Aarón Sánchez

Se han presentado los resultados del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 (CNSIPEF y CNSIPEE), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales proporcionan información relevante de los 266 centros penitenciarios estatales, los 51 centros especiales para adolescentes y los 14 centros de mediana y alta seguridad del Sistema Federal.

Algunos de sus indicadores pueden variar, no significativamente, con respecto a los presentados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con los existentes en el Cuaderno de Estadística Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PYRS) fundamentalmente por el corte en los periodos; sin embargo, de manera conjunta, al revisar el detalle de cada uno de ellos, integran un excelente menú de información, junto con otros instrumentos como es la Encuesta Nacional de Supervisión Penitenciaria (ENPOL 2021), los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el Informe Diagnóstico Sobre las Condiciones de Vida de las Mujeres Privadas de la Libertad desde un enfoque interseccional de la CNDH.

Por cierto, es probable que el Órgano del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, conocido como el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT), lleve a cabo una visita a México en 2025, de la cual se desprenderá un informe sobre las condiciones del sistema penitenciario, como ocurrió en 2008 y 2016, lo cual también representan un interesante instrumento para el análisis.

El censo muestra información importante sobre la infraestructura, la sobreocupación, los indicadores sociodemográficos de la población penitenciaria y los procesos y resultados del sistema. Entre sus hallazgos se encuentran los siguientes:

  • En 2023, la población penitenciaria aumentó un 3,2 %. (233,277 PPL) La mayoría de las personas privadas de su libertad son hombres, un 94.3 % y el 5.7 % son mujeres. El 91.1 % se concentra en centros estatales y el 8.9 % en centros federales.
  • De las 13,354 mujeres internas en todo el país, se registraron un total de 354 madres con 347 niños menores de 6 años viviendo en reclusión.
  • Sonora (669) y Baja California (614) presentan las tasas más altas de PPL por cada cien mil habitantes.
  • La información socio demográfica indica una población mayoritariamente joven, con un 19 % entre 30 a 34 años, seguido de 25 a 29 años con el 17 %.
  • La mayoría de los delitos en los centros estatales fue el robo (102,215), mientras que en los CEFERESO la mayor incidencia es por los delitos de secuestro (2,967) y homicidio (2,765).
  • El 37.3 % de las PPL se encuentran en prisión preventiva, y de estos, el 44.3 % (alrededor de 38 000 PPL) se encontraban en prisión preventiva oficiosa y el 32.5 % en prisión preventiva justificada.
  • La atención médica y psicológica abarcó el 30 % del total de quejas o peticiones administrativas.
  • La capacidad instalada aumentó un 3 % con un total de 229,032 espacios, y una tasa de ocupación del 73 % en los CEFERESO 105 %9% en los centros estatales. El Estado de México registró el mayor porcentaje de sobreocupación (263%).
  • El personal penitenciario aumentó, alcanzando 37, 736 trabajadores.

Una de las características fundamentales de una administración de justicia eficiente radica en el empleo y vinculación de información cuantitativa con las circunstancias y contextos para lograr políticas públicas con evidencia de impacto. La Ciudad de México es un buen ejemplo de ello.

En la actualidad, y ante la inminente renovación y, en este caso, continuidad y fortalecimiento, del plan sexenal, es una magnífica oportunidad de coordinar esfuerzos y vincular la información para avanzar en la construcción de políticas públicas de reinserción social y prevención del delito de alcance nacional, sobre la base de indicadores estructurales, de proceso y de resultados. También ofrece la posibilidad de monitorear y evaluar los resultados de las políticas implementadas con respecto a ejercicios anteriores con el objetivo de avanzar en la construcción de modelos de ejecución penal más seguros, más humanos y más resocializadores.


@AaronSanchez_C
Mtro. en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios. Criminólogo crítico nunca clínico. Primer Auditor Mexicano de la Asociación de Correccionales de América ACA. Miembro del grupo de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito que elaboró el Informe sobre las Mejores Prácticas para Disminuir la Reincidencia Delictiva.

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