Desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero del presente año, dio a conocer la reforma constitucional al Poder Judicial, el nerviosismo; pero, sobre todo, la desinformación se han volcado respecto dicha iniciativa, pues en las mesas de opinión y defensores del actual sistema de justicia argumentan que pone en riesgo la “independencia del poder judicial” por la politización de este poder —como si no estuviera politizado ya—.
Durante varios meses y después de no tener la mayoría calificada, requisito indispensable para reformas cualquier artículo constitucional, el tema perdió relevancia. Con el triunfo del 2 de junio y la obtención de la mayoría requerida para reformar la Carta Magna, la reforma volvió a ser tema de conversación, sumándole el respaldo expresado a dicha reforma por parte de la presidenta electa la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, añadiendo la variable de que se realizarían foros y parlamentos después de la encuesta realizada por tres casas encuestadoras donde más del 60% aprobaban la iniciativa de reforma.
Pero ¿qué busca dicha reforma? ¿Cuáles son sus objetivos?
Los objetivos de la reforma son cuatro principalmente;
- Nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto quiere decir que pasarían de 11 a 9 los ministros, añadiendo que el cargo sería de 12 años y no de 15 como es actualmente. Por otro lado, se eliminan dos salas, como actualmente esta una encargada de ver asuntos civiles-penales y la otra asuntos administrativos-laborales y se sesionaría únicamente en pleno, con sesiones públicas. Se elimina la pensión vitalicia. Se reafirma el principio de que nadie podrá ganar más que el Presidente de la República.
- La forma en la que se designan a los ministros, magistrados y jueces; actualmente la designación de ministros es a través de una terna propuesta por el Presidente y aprobada por la mayoría calificada de senadores, los magistrados de circuito y jueces de distrito son designados a través del Consejo de la Judicatura de la Federación. En la propuesta se busca que estos sean elegidos mediante voto popular a partir de candidaturas paritarias y cumpliendo requisitos de elegibilidad.
Para el caso de ministros, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados de Disciplina se elegirán a nivel nacional a partir de 30 candidaturas, donde el Poder Ejecutivo propondrá 10, el Poder Legislativo 5 por cada cámara y el Poder judicial 10 a través del Pleno de la Suprema Corte.
Para el caso de los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias. Las campañas durarían 60 días con limitantes como son el financiamiento por parte de entes públicos o privados y la limitación de los partidos políticos de realizar proselitismo a favor de las candidaturas.
- Una de las modificaciones vitales, a mi parecer, es la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, pues actualmente carece de autonomía real, pues el Presidente de la SCJN es a su vez, consejero Presidente del Consejo, es decir, juez y parte, esto debido a que la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal como los locales, es vigilar el actuar de los integrantes del poder judicial, así como sancionar las malas practicas de los funcionarios. Actualmente hay 7 consejeros que integran el consejo; con la propuesta se crearía el Tribunal de Disciplina Judicial, con 5 magistrados con una duración en el cargo de 6 años. Lo más importante es que el tribunal tendría autonomía real, donde podrá recibir denuncias, investigar ministros, magistrados y jueces, así como sancionar y en su caso, dar vista al ministerio público por delitos que ameriten sanciones penales.
- Se impulsarán nuevas reglas procesales, como es la justicia expedita, teniendo la autoridad jurisdiccional un plazo de 6 meses para resolver asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales. Se prohíbe conceder suspensiones contra leyes con efectos generales en materia de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Si bien estos son los cuatro principales objetivos, la reforma busca dislocar el viejo sistema de impartición de justicia para que llegue la Transformación al poder más conservador del país y, con ello, una nueva regeneración del Poder Judicial; dejando en el pasado aquel que tiene a más de 88 mil presos sin sentencia, ese que tiene altos niveles de corrupción, ese poder al que, de acuerdo con el INEGI, las y los mexicanos no le tienen confianza bajando considerablemente la legitimación del actuar de jueces, magistrados y ministros de nuestro país y subiendo los niveles de impunidad.
Para las personas que les interesa conocer y saber más de los foros y diálogos sobre la reforma al Poder Judicial, la Cámara de Diputados, dio a conocer las fechas y lugares donde se darán 9 foros en el país, iniciando dichos foros el 27 de junio en la Cámara de Diputados, posteriormente se trasladará a Jalisco, Estad de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, de nuevo a la Cámara de Diputados el 30 de julio (cuando participarán los ministros de la Corte), posteriormente a Saltillo y, finalmente, a Sinaloa el 8 de agosto de 2024.
Durante las próximas semanas estaremos viendo y escuchando posturas a favor y en contra la reforma al Poder Judicial. Creo que uno de los principales triunfos es que se puso en la conversación pública dicha reforma, añadiendo que casi 36 millones de mexicanos la respaldan y ratificaron su voto por la Cuarta Transformación esperando que se realice el Plan C.
